Una llamada de un vecino a las cinco de la mañana despertó a Wang con la peor de las noticias: iban a demoler el edificio con ellos dentro. Llevaban un año amenazándoles para que se fueran de sus viviendas y, sin previo aviso, comenzaron a tirarlas abajo en plena madrugada.
“Me he quedado sin casa, sin nada”. Del inmueble, situado en uno de los barrios más humildes de Pekín, no queda nada. Solo un edificio a medio derruir, con habitaciones partidas literalmente por la mitad, entre un amasijo de hierros, cristales y cemento.
Wang, de unos cincuenta años y oriunda de Shandong (este), regentaba un pequeño comercio, pero tuvo que salir con lo puesto de su apartamento y dejó atrás las mercancías que guardaba en casa. En plenas fiestas, pues este viernes comienzan las celebraciones por el Año Nuevo lunar, la mujer no puede evitar sentir una profunda tristeza.
“No tengo dinero para ir a celebrarlo con mi familia. Se llevaron todo”, dice mirando el que fue su hogar, donde aún se ven camas o incluso una diana colgada de una pared. Son pertenencias que no pudieron llevarse y que hoy forman parte de un paisaje que se asemeja al de una ciudad en guerra.
Nueva parada de metro
En el inmueble llegaron a vivir 150 familias, pero la mitad decidieron marcharse este último año cuando empezaron los cortes de luz o de agua. “Nos molestaban cada día: tapando cerraduras, rompiendo ventanas...”, explica Wang junto a otros residentes que quieren denunciar la situación frente a las cámaras. Al parecer, cerca de allí se construirá una nueva parada de metro y el terreno se ha revalorizado.
Hace dos semanas, 300 hombres, a quienes consideran parte de una mafia contratada por el Gobierno local, entraron en las casas a “martillazos”. “Utilizaron extintores para dejar a la gente ciega y si alguno de nosotros intentaba rebelarse, le golpeaban”, afirman.
Pagaron 300.000 yuanes (41.000 euros) por vivienda y les prometieron una compensación de 100.000 yuanes (13.500 euros), pero aún no han recibido nada y temen que nunca lo harán.
Mientras tanto, han tratado de pedir responsabilidades a las autoridades, sin éxito. ¿Denunciarán? Se les pregunta, pero Wang se encoge de hombros: “En China, los poderosos están por encima de la ley”.
No es un caso aislado
Lo cierto es que este tipo de casos no cesan. A pesar de que el crecimiento económico de China se ha ralentizado y de que el Gobierno ha anunciado nuevas medidas para proteger los derechos de la ciudadanía, los abusos continúan por todo el país, subrayan activistas.
Amnistía Internacional (AI) alertaba en un informe de 2012 del “auge” de los desahucios forzosos por la venta de los terrenos a constructoras por parte de autoridades locales y documentaba una decena de muertes ocurridas durante demoliciones.
Una de las consecuencias de estos desalojos es la inestabilidad social, pues los afectados se convierten en “peticionarios”: ciudadanos que pasan sus días buscando justicia, señala Patrick Poon, investigador de AI.
En un caso reciente, un campesino, Jia Jinglong, mató al alcalde de su municipio dos años después de sufrir un desalojo, que ocurrió cuando él estaba dentro y a 18 días de su boda.
Jia fue agredido al tratar de oponerse a la demolición y estuvo dos años pidiendo una compensación adecuada sin conseguir respuesta, por lo que decidió matar al alcalde con una pistola de clavos. En noviembre pasado fue ejecutado con 26 años pese a la intensa campaña para salvarle.
Buscar justicia
Muchos afectados contratan a abogados para lograr una compensación, “pero en muchos casos es difícil conseguir un resultado favorable debido a la connivencia de las autoridades locales con las constructoras”, aclara Poon.
El abogado Yan Xin, experto en estas demandas, lo sabe bien. A pesar de que China cuenta con leyes que protegen a los ciudadanos, considera en declaraciones a Efe que son incompletas.
Las ruinas por las que pasea Wang dan muestra de ello, y quizá por eso la policía aparece por sorpresa al encuentro de residentes y periodistas, generando nervios entre los primeros y la salida inmediata de los segundos.