La periodista francesa Ariane Lavrilleux fue puesta en libertad este miércoles por la noche, después de más de 36 horas en custodia de los agentes de la Dirección General de Seguridad Interna (DGSI), que irrumpieron en su residencia el martes de madrugada, inspeccionaron la vivienda durante unas 10 horas, confiscaron su ordenador y la detuvieron.
La joven reportera anunció a través de la red social X (antes Twitter) que estaba por fin en libertad: “Soy libre, gracias por vuestro apoyo”, escribió en francés, inglés y árabe, con la etiqueta 'El periodismo no es un crimen'.
El medio de información Disclose también anunció que Lavrilleux había salido de la comisaría de Marsella, después de 39 horas, y denunció una vez más su detención, vinculada con un reportaje de investigación que realizó la periodista en 2021, en el que desvelaba una operación encubierta de tropas francesas en Egipto, durante la cual se habrían cometido abusos y violaciones de los derechos humanos.
La operación conjunta de Francia y Egipto, llamada 'Sirli', dio comienzo en 2016 y, según documentos oficiales secretos de diferentes instituciones y cuerpos franceses, París desplegó un equipo de diez personas en una base militar del noroeste de Egipto para ofrecer reconocimiento aéreo de la porosa frontera del país con Libia.
Sin embargo, la información obtenida por los franceses fue usada por los egipcios para matar a civiles sospechosos de tráfico de armas o drogas. Según los documentos revisados por Disclose, los franceses que estaban sobre el terreno informaron a sus superiores en reiteradas ocasiones, pero eso no llevó a la revisión de la misión en Egipto ni a concluir la cooperación militar. Incluso, la oficina de la Presidencia francesa (primero, ocupada por François Hollande y, luego, por Emmanuel Macron) estaba al tanto de las violaciones cometidas por sus aliados.
Varios meses después de que saliera a la luz el reportaje, elaborado por otros tres periodistas aparte de Lavrilleux, las autoridades francesas abrieron en verano de 2022 una investigación, que fue encargada posteriormente a la DGSI, alegando que la publicación de esa información sensible pudo poner en peligro la identidad de un agente francés y desvelaba “secretos de defensa nacional”, protegidos por la ley francesa.
En su momento, Disclose argumentó en un comunicado la necesidad de publicar ese tipo de información clasificada para que los ciudadanos supieran lo que había sucedido y la complicidad de Francia en graves abusos cometidos por un régimen extranjero aliado del Elíseo.
“Debido a que estos documentos clasificados tienen que ver con un asunto de gran interés público, hemos tomado la decisión de informar a los ciudadanos. Esta decisión está aún más justificada por el hecho de que este proyecto de cooperación militar ha tenido lugar sin ningún escrutinio democrático (...) Los parlamentarios tendrían que haber sido informados”, afirmaba el medio de investigación.
Tras su detención ayer, varias organizaciones de defensa de la libertad de prensa y de los periodistas denunciaron el arresto de Lavrilleux y exigieron su puesta en libertad. El Instituto Internacional de la Prensa (IPI) expresó en un comunicado su preocupación por la “detención continuada” de Lavrilleux y pidió a la DGSI que “actúe con extrema precaución y pleno respeto de la ley francesa y de los estándares internacionales para la protección de las fuentes periodísticas”.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) convocó una manifestación el miércoles por la tarde en París para exigir su puesta en libertad. “La detención policial de la periodista de Disclose y el registro de su domicilio, vinculado como todo indica a su labor informativa, constituyen un grave ataque al principio del derecho a no revelar las fuentes” de los informadores, denunció en un comunicado RSF.
Además, la ONG ha señalado que “las autoridades francesas presionan periódicamente a los periodistas que investigan temas delicados con el objetivo de obligarlos a revelar sus fuentes”, detallando que en 2019, varios periodistas fueron citados por los servicios de Inteligencia, por su trabajo en torno a la venta de armas francesas.
“La escalada de la presión se produjo el año pasado, cuando el periodista Alex Jordanov sufrió las mismas maniobras desproporcionadas que Ariane Lavrilleux tras la publicación de un libro sobre la DGSI”, ha denunciado RSF. Las acusaciones contra Jordanov, así como contra otros dos periodistas este mismo año, fueron “divulgación de secretos de defensa”, “encubrimiento de una violación del secreto profesional”, “encubrimiento de una violación del secreto de investigación” y “revelación de información que permite identificar una fuente”.