Chile cerró el pasado domingo el proceso constituyente que ha transitado durante los cuatro años más intensos desde el regreso a la democracia. El estallido social de octubre de 2019 abrió un período lleno de fechas señaladas y días épicos: desde las masivas protestas que se convocaron ininterrumpidamente durante meses, hasta los plebiscitos históricos por una nueva Constitución o el nacimiento de órganos constituyentes electos por primera vez por la ciudadanía.
La dilatada discusión sobre el modelo de país que Chile quería ser enquistó la polarización social y, como una montaña rusa, encumbró y catapultó las expectativas de unos y otros. El resultado final han sido dos intentos fallidos y radicalmente opuestos de cambiar la carta fundamental heredada de la dictadura de Augusto Pinochet –y reformada decenas de veces–, que finalmente seguirá vigente. El primero, con un texto profundamente progresista y vanguardista en aspectos como la perspectiva de género o medioambiental; el segundo, marcadamente conservador y continuista. Entre ambos, solo han pasado un año y tres meses.
“El momento que siempre esperé”
En estos 15 meses, el profesor de secundaria Daniel Olate pasó de creer que “había llegado la oportunidad única de dar un paso adelante”, a sentir “la rabia e indiferencia” de encontrarse defendiendo la Constitución actual que siempre denostó. “La historia de mucha gente fue la de vivir la esperanza de cambiar las cosas, pero finalmente no poder hacerlo”, cuenta a elDiario.es. A sus 35 años, las movilizaciones del 18 de octubre de hace cuatro años, en las que participó desde el primer día, representaron “el momento que siempre esperó para cambiar la herencia de la dictadura y el sistema neoliberal”. También se desató la cara más dura de la represión, que dejó una treintena de muertos, miles de heridos y acusaciones de organismos internacionales contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
Marcelo Mello, académico de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), recuerda “momentos estelares y de una épica muy fuerte” como el primer referéndum, celebrado justo un año después del inicio de las protestas, en octubre de 2020, en el que un 80% de los electores votaron a favor de cambiar la carta magna actual. Para Federica Sánchez Staniak, politóloga de la Universidad Alberto Hurtado, la elección de los 150 integrantes de la primera Convención Constitucional, la mayoría de ellos progresistas e independientes, significó otro “momento cumbre” porque la ciudadanía entendió que la composición de ese órgano se parecía a la gente común.
Olate, que tiene ascendencia indígena, votó a Elisa Loncon, la profesora mapuche que se convirtió en la primera presidenta del órgano. “Los pueblos originarios tenían que tener voz”, dice. La elección de una mujer mapuche al frente del proceso se interpretó como uno de los gestos más simbólicos de las transformaciones que los integrantes de la Convención querían impulsar. “Que me eligieran a mí reflejó un avance de la lucha del pueblo mapuche y, sobre todo, un gran acuerdo de diálogo con las fuerzas progresistas para apoyar mi candidatura”, recuerda Loncon a elDiario.es.
“Una derrota terrible”
Con el avance de la pandemia y la agudización de la crisis económica, “la épica quedó postergada por niveles de temor muy altos”, dice Marcelo Mella. A medida que pasaron los meses, el proceso que tanto prometía fue perdiendo credibilidad: hubo escándalos (uno de los integrantes fingió tener un cáncer), polémicas internas y muchas expectativas por aprobar una propuesta que, si bien era vanguardista en materia de derechos humanos, fue considerada “refundacional” porque proponía cambios radicales en la institucionalidad.
Además, en estos cuatro años el país cambió y las prioridades de la ciudadanía, también. El lema “hasta que la dignidad se haga costumbre”, que tanto había resonado en calles y plazas, abrió paso a otro tipo de demandas, “vinculadas a la crisis de seguridad y los problemas de crimen organizado”, dice el académico.
En septiembre de 2022, se concretó el primer gran fracaso constitucional con el rechazo del primer texto por el 62% de los electores. “Fue una derrota terrible, sentí mucha rabia y frustración”, reconoce Olate, que había votado a favor de ese proyecto porque creía que un nuevo impulso permitiría “romper” con las dinámicas del pasado. “La decisión estaba en manos del país y el propio país lo rechazó”, dice. La politóloga Federica Sánchez, por su parte, opina que hubo “una lectura incorrecta al creer que el apruebo estaba prácticamente garantizado”, mientras que, según el análisis de Mella, Chile siempre fue “un país centrista y con un comportamiento electoral moderado”, que lo aparta de posiciones más radicales.
En diciembre de 2022, hace justo un año, la clase política acordó convocar otro proceso, pero con características muy distintas y definidas por los partidos: se establecieron 12 límites infranqueables y se eligieron a 24 expertos para redactar un anteproyecto sobre el cual trabajarían después 50 miembros de un Consejo Constitucional electo.
“Cuando el nuevo proceso quedó controlado por todos los partidos políticos, esa sensación ‘octubrista’, independiente, antipolítica y antipartido quedó sin canal de expresión”, dice Sánchez Staniak. La exconvencional de derecha Constanza Hube fue un de las voces contrarias a reabrir otro proceso porque creía que los cambios constitucionales tenían que discutirse en el Congreso. “Sin embargo, el segundo proceso fue totalmente distinto al primer fracaso en el que participé”, dice a elDiario.es.
Ni progresista, ni ultraconservadora
La ultraderecha y la coalición de derecha tradicional marcaron el compás del segundo y último intento por redactar un nuevo texto fundamental. Los primeros sumaron 33 escaños de la mano del Partido Republicano en los comicios del pasado mayo y los segundos, 11 más. Era el mismo país que solo un año y medio antes, como un péndulo, había dado la victoria al progresista Gabriel Boric en los comicios presidenciales frente al ultraderechista José Antonio Kast.
“Con el resultado de la elección de consejeros ya imaginé que esa mayoría de derecha haría muy difícil llegar a acuerdos importantes para la izquierda”, relata a elDiario.es el vicepresidente del Consejo Constitucional, el socialista Aldo Valle. Y añade: “Mantuve la esperanza porque era necesario y más democrático buscar nexos y hasta bien avanzado el proceso no quise admitir la posibilidad de un nuevo fracaso”.
El resultado de seis meses de trabajo del Consejo fue un texto con una profunda impronta conservadora, robusto en materia de seguridad y con cláusulas polémicas como la expulsión inmediata de los inmigrantes en situación. “Ha sido un proceso muy riguroso, serio y prudente; un proceso muy institucional y respetuoso de las tradiciones, que era lo que muchas personas esperaban a diferencia del anterior”, defiende a elDiario.es la consejera Gloria Hutt, representante de la coalición de derecha Chile Vamos.
Los expertos coinciden en que las fuerzas políticas no entendieron que un nuevo proyecto constitucional requiere mayorías robustas. Según Federica Fernández, “faltó entender que la ciudadanía no quiere ni una propuesta extremadamente progresista, ni tampoco ultraconservadora”. Aldo Valle añade: “La derecha cayó en el mismo error que atribuyeron a la izquierda en el proceso anterior”.
“Constitución de Pinochet” o Constitución conservadora
El rumbo que tomó el proceso ha sido tan paradójico y retorcido que intercambió las posiciones que históricamente han mantenido las fuerzas políticas sobre la Constitución actual.
Mientras la ultraderecha y varios sectores de la derecha tradicional, férreos defensores del texto vigente, ahora han defendido una nueva propuesta, quienes siempre habían insistido en un nuevo proyecto ahora han apostado por mantener la actual ley fundamental, que han rechazado durante décadas. “Voté en contra porque el texto nuevo no cambia nada y es aún más regresivo”, dice Daniel Olate.
La elección entre “la Constitución de Pinochet” o la empujada por la ultraderecha, dejó la ecuación descompensada. Un 55% de los ciudadanos se inclinó por la opción en contra de la nueva propuesta. En palabras de Hube, pasara lo que pasara el 17 de diciembre, “el 'octubrismo' ha perdido”.