Un agente de policía vestido de civil y su novia se trasladaban en una moto de color roja el pasado domingo por una calle del municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina, cuando, a las 20.32 de la noche, fueron interceptados por dos jóvenes a bordo de un rodado similar de color azul. Uno de ellos se bajó y amenazó a la pareja, probablemente con un arma. El policía y su novia entregaron la moto roja de inmediato y comenzaron a alejarse del lugar. El ladrón montó su nuevo bien, puso las dos manos en el manubrio y se aprestaba a huir cuando el motociclista asaltado dio media vuelta, sacó su pistola reglamentaria y le descerrajó cinco disparos por la espalda. Cuatro de ellos impactaron en el cuerpo del asaltante, Andrés Aníbal Carbonel, de 28 años. Atinó a correr, pero murió de inmediato. Su cómplice escapó en la moto azul.
El hecho puede ser narrado pormenorizadamente porque quedó filmado en primer plano, con absoluta nitidez, por una cámara del municipio de Moreno, una localidad humilde que forma parte de los suburbios de la ciudad de Buenos Aires.
La secuencia recorrió primero las redes sociales y luego los seis canales de noticias y los cinco de televisión abierta. La mayoría de los cibernautas dieron rienda suelta a la celebración de la muerte, como suele ocurrir en estos casos, en sintonía con casi todo el arco mediático que, con contadas excepciones, circunscribe estas situaciones bajo el rótulo “justicia por mano propia” o “legítima defensa”.
Imputación por homicidio
El sargento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, identificado como LM, de 31 años, fue detenido bajo la imputación de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo de una fuerza de seguridad”, para indignación de las redes sociales y la gran mayoría de los presentadores de radio y televisión. Los pocos periodistas que, a contramano de la política editorial de los medios audiovisuales en los que trabajan, manifestaron su prevención ante el hecho de que el homicidio por la espalda para evitar el robo de una moto no se inscribe en la “legítima defensa”, sufrieron el bullying habitual en redes.
A un mes del cierre de listas de candidatos, tres de las primarias obligatorias y cinco de las elecciones presidenciales, la política hizo lo suyo. Patricia Bullrich, la postulante presidencial de la alianza conservadora Juntos por el Cambio (JxC) —señalada como quien encabeza las encuestas— se precipitó a decretar la inocencia de LM y llamó a respaldar a la Policía. Lo mismo hicieron allegados a su rival en las primarias de JxC, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y muchas otras voces de derecha y ultraderecha. Pero no sólo ellos. Sergio Berni, un exmilitar allegado a Cristina Fernández de Kirchner y ministro de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires, sentenció que el agente policial actuó en su propia defensa. Es decir, el responsable político de la fuerza policial a la que pertenece el autor de los disparos, avaló lo actuado.
LM fue liberado el martes por la noche, luego de declarar, porque el fiscal entendió que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Al asaltante se le encontró un arma junto a su cadáver, según la Policía de la provincia de Buenos Aires. A su vez, un joven de 18 años declaró que minutos antes del hecho había sido robado por los mismos jóvenes que iban a bordo de la moto azul, a quienes identificó al ver la filmación.
Omnipresencia de la agenda de seguridad
Episodios en los que un delincuente, por lo general adolescente o muy joven, es abatido por un policía de paisano que se “defendió” de un asalto surgen a la luz pública a razón de dos o tres por mes. Es común que los telediarios argentinos de los canales privados dediquen la totalidad del espacio, una hora u hora y media, a hechos policiales si revisten alguna espectacularidad. La versión mediática y la policial, por lo general, suelen ser idénticas.
Más allá de las denuncias sobre “gatillo fácil” de familiares y organismos de derechos humanos, ese tipo de casos se pierden en la agenda, salvo cuando aparecen filmaciones o numerosos testigos que desmienten el relato oficial. A veces, las menos, el proceso judicial termina dilucidando que se trató de meras ejecuciones policiales, con una reconstrucción de hechos opuesta a la que narraron los telediarios.
Es habitual que los telediarios de los canales privados argentinos dediquen la totalidad del espacio, una hora u hora y media, a hechos policiales si revisten alguna espectacularidad. La versión mediática y la policial, por lo general, suelen ser idénticas
Hace tiempo que la agenda de “inseguridad” se transformó en un tema político en Argentina. En 2022, el Sistema Nacional de Información Criminal registró 4,2 homicidios cada 100.000 habitantes, un descenso de 18% con respecto a 2019. La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires reportaron el año pasado un piso de muertes violentas que no se registraba hacía décadas. Con esa estadística, Argentina es uno de los países de América con menor tasa de asesinatos, apenas inferior a la de Chile, que anotó un repunte en los últimos años. El número, o obstante, cuadruplica al de los países desarrollados de Europa.
De todas formas, el lugar de la “inseguridad” en los medios y la campaña política, si bien retroalimenta la paranoia, está lejos de agotarse en el oportunismo. Testimonios de habitantes del Gran Buenos Aires dan cuenta de peligros cotidianos, en el camino al trabajo, la escuela o el supermercado, que se vuelven extenuantes.
La vida en el Gran Buenos Aires
Esa inmensa medialuna que rodea la capital argentina y se cierra con el río de la Plata es un mundo en sí mismo. Allí conviven diez millones de personas de todos los estamentos sociales, desde comunidades exclusivas —con seguridad privada— a villas de emergencia, barrios obreros degradados y típicos de clase media; calles semirrurales y populosos cordones industriales; universidades, talleres, centros comerciales, basurales a cielo abierto, ríos contaminados y costas trendy. La peor parte de la inseguridad, por lejos, se la llevan las zonas más pobres, víctimas del narcotráfico y la corrupción policial, que suelen coincidir.
Es difícil encontrar a un argentino habitante de una gran ciudad que no tenga para contar un hecho del que fue víctima él en persona o alguien de su núcleo familiar en la última década. Priman los arrebatos de celulares o hurtos varios, de mochilas a bicicletas. Prácticamente no existen viviendas bajas en la capital argentina y alrededores que no tengan sus ventanas enrejadas.
Sobre esa realidad se montó, previsiblemente, Juntos por el Cambio. Bullrich dedicó varias declaraciones al tema en los últimos dos días. Primero se quejó de que el agente LM hubiera sido detenido y remarcó que, “si hubiera sido al revés, el motochorro (ladrón en moto) estaría libre”. Más tarde, cuando el policía quedó libre, celebró y argumentó —falsamente— que se había decretado su inocencia.
La estadística de homicidios es de las más bajas de América, pero es difícil encontrar a un argentino habitante de una gran ciudad que no tenga para contar un hecho delictivo del que fue víctima él en persona o alguien de su núcleo familiar
Victoria Villaruel, la negacionista que Milei postula a la vicepresidencia, tuiteó: “Si sos policía y estás de civil te tenés que dejar robar. Si sos policía y estás de uniforme te tenés que dejar matar. Esa es la doctrina que dejan los K (Kirchner)”.
Doctrina Chocobar
Bullrich, Larreta y el expresidente Mauricio Macri abrazaron años atrás la “doctrina Chocobar”. Ese paradigma refiere a un policía, Luis Chocobar, que en diciembre de 2017 persiguió y mató de dos tiros por la espalda a un joven que acababa de dejar mal herido a un turista estadounidense en Caminito, cerca del estadio de Boca Juniors. Tras una inmensa presión ejercida por el entonces gobierno de Macri, el policía fue condenado en 2021 a una pena leve, de dos años en suspenso, por “homicidio en cumplimiento del deber”. En la actualidad, mientras aguarda la confirmación de la sentencia por tribunales superiores, Chocobar sigue ejerciendo funciones de policía, está armado, dirige una fundación, suele ser voz de consulta ante casos de gatillo fácil y apoya a Bullrich.
El caso de Chocobar es, no obstante, menos obsceno que el de un carnicero de la localidad de Zárate (norte de Buenos Aires), Daniel Oyarzún. En 2016, dos personas asaltaron su carnicería y escaparon en moto. Oyarzún subió a su camioneta y aplastó a uno de ellos contra un poste. Cuando éste agonizaba, el carnicero lo golpeó. Oyarzún fue absuelto porque un jurado entendió que actuó en “legítima defensa”. El año pasado, el carnicero asumió como concejal de Zárate por Juntos por el Cambio.
El kirchnerismo, a dos bandas
La postura del kirchnerismo ante la agenda de seguridad podría calificarse de esquizofrénica. Por un lado, en sus gobiernos albergó a funcionarios “garantistas”, con perspectiva de derechos humanos, que suelen ser el blanco de embates de la derecha por estar “a favor de los delincuentes”. Por el otro, el manejo de las fuerzas policiales durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner y sus aliados provinciales no se distinguió del de cualquier gobierno de derecha, salvo algún período excepcional.
El principal referente de Cristina de seguridad es Berni, un hombre con andar de sheriff que suele coincidir en casi todo con Bullrich. Ante el presunto asesinato por la espalda del joven en Moreno, el domingo pasado, Berni dijo a una radio que estaba “totalmente convencido de que se trató de un acto de legítima defensa, a lo sumo pudo haber ocurrido un abuso de la legitima defensa”.
Los kirchneristas suelen explicar que la mano dura de Berni es una maniobra pragmática de la vicepresidenta para contener a las críticas por derecha, que suelen soliviantar a las fuerzas policiales. Cristina lo sostiene al punto de que forzó el desplazamiento de funcionarios de Seguridad del gobierno nacional que eran garantistas y miembros del círculo de Alberto Fernández, que se habían enfrentado a Berni.
Si la retórica y las políticas de Berni y de muchos otros por el estilo se muestran finalmente inefectivas para mejorar la seguridad, al menos sirven para mantener a la Policía bajo control, razonan los cristinistas.
En un juego a dos bandas, Eduardo de Pedro, ministro del Interior, muy próximo a la vicepresidenta y probable candidato a presidente, se dedicó en estos días a criticar a los manoduristas. De Pedro denunció el “desprecio por la vida” y cuestionó a quienes “utilizan” la inseguridad “para hacer campaña”. A tono con un registro progresista, el ministro del Interior valoró la necesidad de políticas sociales y de reducir la corrupción policial como métodos para lograr una mejor seguridad.
El zarandeo político y mediático en torno a la “justicia por mano propia” no sale gratis. Golpizas atroces o linchamientos de supuestos delincuentes por parte de turbas son frecuentes. Las víctimas son, por lo general, adolescentes.
El martes por la noche, una policía federal baleó a un “motochorro” que, junto a un cómplice, la asaltó cuando caminaba vestida de civil, también en el municipio de Moreno. La mujer regresaba a su domicilio, luego de trabajar, cuando fue abordada por dos delincuentes. Según dijo, uno de los asaltantes mostró un arma. La policía sacó la suya, hirió a uno de ellos y el otro se dio a la fuga. Hasta ahora, no hay filmaciones disponibles para ratificar la secuencia.