La Policía de Nicaragua entró este viernes a la fuerza en el Palacio Episcopal de la diócesis de Matagalpa, al norte del país, y arrestó al obispo Rolando Álvarez, así como a siete de sus colaboradores, que se encontraban recluidos y retenidos desde el 4 de agosto pasado.
“¡Urgente!. En estos momentos la Policía Nacional ha ingresado a la Curia Episcopal de nuestra Diócesis de Matagalpa”, informó esa sede eclesiástica en Facebook.
Álvarez, de 55 años, obispo de Matagalpa, está acusado por la Policía Nacional de intentar “organizar grupos violentos”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, aunque de momento los agentes no han presentado pruebas que lo confirmen.
El prelado, un crítico del Gobierno que preside Daniel Ortega, fue detenido junto a los sacerdotes José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral de Matagalpa de San Pedro. También fueron arrestados Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista, así como los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira, el camarógrafo Sergio Cárdenas y el sacerdote Raúl González.
El periodista nicaragüense Carlos Chamorro, una de las voces más críticas con el Gobierno y actualmente exiliado en Costa Rica debido a la represión, ha informado a través de sus redes sociales que la policía ha confesado el “allanamiento ilegal” contra la mencionada diócesis.
Por su parte, el obispo auxiliar de Managua y exiliado, Silvio Báez, también condenó el arresto y pidió a las autoridades liberar y respetar la dignidad de Álvarez.
“Con el corazón indignado y dolido condeno el secuestro nocturno de Mons. Álvarez. ¡Quienes lo sepan, digan dónde está mi hermano obispo! ¡Que sus secuestradores respeten su dignidad y lo liberen! De nuevo, la dictadura vuelve a superar su propia maldad y su espíritu diabólico”, escribió en un tuit.
Las relaciones Estado-Iglesia
La detención de Álvarez es el enfrentamiento más reciente en una historia de tensión entre la Iglesia católica nicaragüense y los sandinistas encabezados por el presidente Ortega.
En lo que va de año, el Gobierno sandinista ha expulsado del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, ha llevado a prisión a tres sacerdotes, cerrado ocho radioemisoras católicas, sacado de la programación de la televisión por suscripción a tres canales católicos, ha entrado por la fuerza y allanado una parroquia y ha expulsado a 16 monjas de las misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta.
El presidente Ortega calificó de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
La crisis en Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
La comunidad católica representa un 58,5% de los 6,5 millones de habitantes de Nicaragua, según el último censo nacional.