Leopoldo López y su familia están en la embajada española en Caracas. Su responsable, Jesús Silva, ha acogido al líder opositor venezolano y a su familia tras ser liberado este martes de su arresto domiciliario en el marco del “levantamiento militar” anunciado por Juan Guaidó, presidente autoproclamado de Venezuela.
Aunque España ha mantenido una posición firme y continua en apoyo a la liberación de López desde su detención en 2014, dar refugio y protección al líder opositor complica el equilibrio diplomático español frente a la crisis en Caracas. Tan solo unas horas antes de acoger a López en la legación diplomática, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, afirmó que “España no apoyará ningún golpe militar”. López, sin embargo, fue liberado gracias a la acción de miembros de las fuerzas armadas sublevadas contra Nicolás Maduro.
Al equilibrio diplomático se suman las presiones internas de los diferentes grupos políticos españoles. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha condenado este miércoles y “sin matices” el “golpe de Estado”. Iglesias ha rechazado la legitimidad de Guaidó, a quien acusa de no querer elecciones y se ha referido a la situación de Leopoldo para mostrar su apoyo a una “posición extensiva del derecho de asilo y de refugio”. Iglesias ha solicitado que no se prioricen unas solicitudes sobre otras. Por su parte, el líder popular, Pablo Casado, ha afirmado que “el Gobierno tiene que garantizar la seguridad de Leopoldo López, Lilian Tintori y de su hija”.
Por el momento, en La Moncloa se limitan a señalar que López y los suyos no han solicitado asilo, por lo que el Gobierno no hará ningún movimiento político o diplomático.
“Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”, reza el artículo 22 de la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas. Por tanto, López no necesita solicitar oficialmente el asilo ante las autoridades españolas para garantizar su protección mientras se encuentre en la embajada de España en Caracas.
Guaidó anunció este martes la “fase final de la Operación Libertad” para la que dijo contar con el apoyo de parte del Ejército con el objetivo de derrocar a Maduro. Tras convocar movilizaciones populares, la jornada acabó en disturbios y con López y otros 25 militares de bajo rango buscando protección en embajadas de los socios internacionales de Guaidó.
Antes de acudir a la embajada de España, López se refugió en la de Chile. Desde allí, siguió instigando públicamente la operación de Guaidó difundiendo el último llamado nocturno del presidente autoproclamado: “Mañana continuamos con la ejecución de la Operación Libertad. Iniciamos fase final y estaremos de forma sostenida en las calles hasta lograr el cese de la usurpación”.
Moncloa dice que López no ha pedido asilo político
El Gobierno español todavía no ha tenido que tomar ninguna decisión sobre la concesión de asilo político a Leopoldo López. El líder opositor venezolano permanece en la residencia del embajador español en Caracas “por decisión propia”, según aseguran fuentes de Moncloa, pero “no ha solicitado asilo político”, según aseguran las mismas fuentes.
El Gobierno español asume en funciones uno de los episodios internacionales de mayor tensión, aunque todavía no ha tenido que tomar la decisión de considerar a López un refugiado político. Mientras tanto, el Gobierno de Nicolás Maduro considera que el alzamiento militar promovido por Guaidó ha sido “derrotado”.
Con el Gobierno español en funciones y la mayor parte de sus ministros de vacaciones, la oposición ha empezado a presionar al ejecutivo para influir en su postura sobre la cuestión venezolana. La todavía portavoz del PP en el Congreso, Dolors Monserrat, ha pedido esta mañana que “España lidere la ayuda a la transición y garantice la seguridad de Leopoldo y su familia”.
El Gobierno de Pedro Sánchez se manifestó a favor de una solución para Venezuela que pasara por la convocatoria de elecciones y encabezó la petición dirigida a Nicolás Maduro para que diera paso a elecciones. Ayer la portavoz del Gobierno afirmó que España no respaldaría un “golpe militar”. El instigador de esa revuelta se encuentra bajo amparo del embajador español y en Moncloa insisten en una idea: “No ha solicitado asilo político”.
Los antecedentes de España
El Gobierno español concedió la nacionalidad en 2015 a los padres de Leopldo López y un año después a su hermana y su cuñado ante la “persecución política que estaban sufriendo”. En 2017, el expresidente José Luis Zapatero fue uno de los protagonistas que logró la excarcelación de Leopoldo López y su ingreso en arresto domiciliario, según confirmó la esposa del líder opositor. López fue detenido en 2014 y condenado a 13 años y nueve meses de prisión por “instigación pública”. El padre de López es candidato del Partido Popular en las próximas elecciones europeas.
España ya vivió una situación similar a la actual con el precedente del opositor Antonio Ledezma. Ledezma fue encarcelado en 2015 acusado de conspiración y asociación para delinquir. Dos meses después se le concedió el régimen de arresto domiciliario. Tras pasar casi tres años en esta situación, Ledezma, exalcalde de Caracas, huyó de Venezuela a Colombia y desde allí se refugió en España, donde reside desde entonces.
En la rueda de prensa de este martes, la ministra portavoz del Gobierno, insistió en que Guaidó es la persona “legitimada para llevar adelante una transformación democrática” en Venezuela, para lo que cuenta con el apoyo de España. Celaá aseguró que España sigue considerando “una buena idea” respaldar a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela frente a Nicolás Maduro, pero añadió que “no respalda ningún golpe militar”.
La operación iniciada por Guaidó ha causado las primeras fisuras en su bloque internacional de apoyos, que en enero de este año se lanzó a reconocer su presidencia como la única legítima, así como a presionar a Maduro para que dejase entrar la ayuda humanitaria. Sin embargo, tras el anuncio de un “levantamiento militar” por parte de Guaidó y la liberación de López de su arresto domiciliario, algunos alentaron el conato de sublevación militar y otros, como España, tomaron distancia.
Dos 'embajadores' de Venezuela ante España
Mientras tanto, el pulso de Guaidó, que dice contar con el apoyo de parte del Ejército, continua este miércoles. “La gente no va a cesar de estar en la calle y cuenta con el apoyo de buena parte de las fuerzas armadas”, ha señalado el representante de Guaidó en España, Antonio Ecarri. “En nuestro ejército también hay reservas democráticas que son las que están comenzando a aflorar”, ha afirmado en declaraciones a Radio Nacional.
España, pese a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, no ha concedido el estatus diplomático a su enviado como embajador ante España, Antonio Ecarri, lo que evidencia una contradicción en la posición española. Mientras tanto, el embajador venezolano designado por el gobierno de Maduro, Mario Isea, sigue conservando sus credenciales y dice estar “en ejercicio pleno” de sus funciones.
Ecarri se ha reunido con el secretario de Estado español de Cooperación internacional para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de la Iglesia. También ha pedido una audiencia con el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Exteriores, Josep Borrell. “Hasta ahora no hemos obtenido respuesta”, señaló Ecarri en marzo en declaraciones a Radio Nacional. “Mi designación por la Asamblea Nacional de Venezuela fue de embajador y jefe de misión. En España se me dio una calificación distinta. Lo respetamos profundamente”, añadió.
Si España retirase las credenciales a Isea para concedérselas a Ecarri, se enfrentaría a la misma situación con su embajador actual en Caracas, Jesús Silva, de acuerdo con el principio de reciprocidad, recogido en el artículo 47 del Convenio de Viena. “No se considerará como discriminatorio: que el Estado receptor aplique con criterio restrictivo cualquier disposición de la presente Convención, porque con tal criterio haya sido aplicada a su misión en el Estado acreditante”.
Como Nicolás Maduro tiene el control efectivo del territorio, podría retirar las credenciales al embajador español y este ya no quedaría protegido por las inmunidades y privilegios recogidos en la convención internacional.