El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría opositora, en medio del juicio político que amenazaba con destituirlo. La medida extrema tomada por el mandatario conservador está prevista en la Constitución de 2008 y se justifica en la “grave conmoción interna y política” que vive el país, según argumentó.
La decisión de Lasso, dada a conocer temprano en la mañana de Ecuador, se produce después de haber comparecido el martes ante la Asamblea para realizar su alegato de defensa ante la acusación formulada por la oposición por un presunto delito de peculado (malversación).
Lasso apeló al mecanismo conocido como “muerte cruzada”, una figura legal que le permite disolver el parlamento y lo obliga a convocar elecciones legislativas y presidenciales para sus respectivos mandatos en un lapso máximo de seis meses, a contar desde hoy. En ese período, el presidente queda habilitado para gobernar a través de decretos que deberán pasar por el control de la Corte Constitucional.
El líder derechista convive hace más de un año con una baja popularidad producto de la crisis social y el peso de una deuda de 8.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Esa situación se traduce en una marcada debilidad en la Asamblea Nacional, donde el partido gobernante, CREO, y aliados sólo cuentan con unos 25 legisladores sobre 137.
“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea”, explicó Lasso en un mensaje televisado. El presidente argumentó que “sin bloqueos” se podrá abordar la crisis económica y anticipó que firmó un decreto para una rebaja impositiva. “Esta es una acción democrática, porque devuelve a los ecuatorianos el poder de decidir su futuro”, dijo.
Para el expresidente Rafael Correa, asilado en Bélgica, el decreto de Lasso “es ilegal”. “Obviamente no hay ninguna 'conmoción interna'. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse”, argumentó a través de Twitter el exmandatario de izquierda.
“En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su Gobierno y de sus asambleístas de alquiler, y recuperar la Patria”, amplió Correa.
La activación de la muerte cruzada le permite a Lasso eludir la inminente votación final del juicio político que podría terminar en su destitución. Los partidos opositores, que incluyen a Unes, de Correa, al conservador Social Cristiano y a parte de los legisladores indigenistas de Pachakutik y a los centristas de Izquierda Democrática, necesitan 92 votos, dos tercios de la Asamblea, para aprobar la moción de censura.
De acuerdo con las últimas votaciones parlamentarias, incluida la habilitación de la última etapa del juicio político, la oposición estaba cerca de lograr su objetivo.
En un mensaje difundido después de la difusión del decreto de “muerte cruzada”, las jefaturas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional afirmaron que “mantienen y mantendrán inalterable su posición su absoluto respeto a la Constitución y las leyes” y advirtieron de que la disolución del Parlamento “debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos”.
“El país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia. Actuaremos con firmeza”, dijo el general Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un mensaje difundido a través de la presidencia. “Hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley sin enfrentamientos, sin violencia”, agregó.
Decenas de militares y policías cercaron la Asamblea Nacional, ataviados con equipo antimotines. La circulación permanecía restringida en varias manzanas a la redonda.