Por qué el presidente de Ecuador ha declarado el estado de excepción

Guillermo Lasso declaró este lunes el estado de excepción en todo el territorio nacional. El decreto que lleva la firma del presidente ecuatoriano habilita a las Fuerzas Armadas a trabajar, durante 60 días, de manera conjunta con la Policía en la protección de la seguridad interna. La decisión responde para el Gobierno a un aumento de los delitos vinculados, en gran medida, con el narcotráfico. “En las calles hay un solo enemigo: el narcotráfico”, dijo Lasso.

El argumento se apoya en el clima de violencia que vive el país. La medida responde a que la tasa de homicidios se ha duplicado en los últimos cinco años, pasando de 5,8 cada 100.000 habitantes en 2016 a 10,6 en octubre de este año, según datos oficiales.

En esa línea, hace dos semanas, Ecuador tuvo la peor masacre carcelaria de su historia: 119 personas murieron y 79 quedaron heridas como resultado del motín en Guayas, dejando en evidencia la debilitad institucional de la política en el manejo de la crisis. Pero además, el domingo pasado, un niño de 11 años murió por un impacto de bala que recibió en medio de un asalto en un local de Guayaquil, donde la calificación a la gestión del presidente es mala para casi un 60% de los consultados en esa ciudad, según la encuestadora Perfiles de Opinión. Estos dos casos, entre tantos otros, han venido dominando el centro del debate público. En ese contexto se ha aprobado la medida tiene para “restablecer el orden público”.

Con la declaración del estado de excepción, Lasso habilita a los militares a pasar a vigilar las fronteras a las calles, movimiento que sin este decreto sería ilegal. La decisión del presidente le da poderes especiales a las Fuerzas Armadas como el poder concretar operativos de control y prevención del delito interno que, según el decreto, “en todo momento actuarán en coordinación con la Policía”. Pero lo que no queda claro es si este cambio también podrá implicar una reasignación de recursos que originalmente hayan estado destinados para otros fines.

Pero la pregunta es si el estado de excepción tiene un solo objetivo o si, por el contrario, escode intereses políticos del presidente un momento complicado, después de las denuncias de lavado de dinero difundidas en los papeles de Pandora. Lasso llegó a tener hasta 14 sociedades financieras en Panamá y Estados Unidos, según revela la filtración, 11 de las cuales se deshizo de antes de encaminarse a su tercera postulación a la presidencia. En este momento, una comisión en la Asamblea investiga el caso y prevé convocar a más de cuarenta testigos, entre ellos María de Lourdes Alcívar y Santiago Lasso, esposa e hijo del presidente, quienes decidieron, este martes, no presentarse. Es por eso que las hipótesis sobre los motivos que llevaron a declarar el estado de excepción se cruzan también con la actualidad política.

Tres lecturas

Primero, la medida anunciada por decreto podría servir como pretexto para agilizar otros proyectos de ley que han sido trabados por la oposición en el Congreso. La semana pasada, Lasso se enfrentó a una derrota en el Congreso cuando la oposición no le dio lugar a un proyecto de ley urgente, pedido por el presidente, mediante el cual el Gobierno buscaba avanzar con una serie de reformas laborales, impositivas y de inversión. En ese momento, la Asamblea devolvió el proyecto tan solo por una formalidad: solo puede tratar sobre un tema cuando es un proyecto urgente y en esa propuesta había más de uno. En respuesta al rechazo del Legislativo, Lasso ha dicho que presentará en tres partes su proyecto nuevamente al Congreso después de definir a los opositores Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Iza como “triunvirato de la conspiración” y acusarlos de intentar desestabilizar a su Gobierno. Así, el estado de excepción le permitiría a Lasso conseguir lo que busca en el Congreso.

El estado de excepción podría convertir en realidad el fantasma de la “muerte cruzada”, un modo de accionar constitucional mediante la cual el Gobierno busca presionar a la oposición. Esto significa que si Lasso consigue demostrar que el Legislativo bloquea al presidente, así como si el Congreso muestra que existe abuso de poder por parte del Ejecutivo, uno y otro pueden disolverse. El hecho de que en el decreto diga que existe una “conmoción interna” en el país es una de las causales que Lasso o la Asamblea pueden usar para declarar la “muerte cruzada”. Por lo tanto, este estado de excepción podría ser el modo en que Lasso intente ganar la pelea política en el Congreso, donde cuenta con tan solo 35 escaños de un total de 137.

En segundo lugar, podría ser una medida disuasiva con las movilizaciones sociales, sobre todo las de los sectores campesinos y sindicales que reclaman un límite al aumento del precio del combustible. Todavía no están convocadas manifestaciones masivas y fuertes en el país pero los reclamos vinculados al incremento de precios, desempleo e inseguridad podrían funcionar como una bomba de tiempo para el Gobierno. Bajo el estado de excepción, aduciendo temas de seguridad, Lasso podría declarar ilegales esas manifestaciones. 

Tercero, puede funcionar como carta blanca para la desplegar una política de seguridad más dura. Lasso también anunció la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública. Este es un mecanismo ha sido creado para defender a los efectivos de seguridad sean  demandados por denuncias de represión . “La ley debe intimidar al delincuente, más no al policía”, dijo el presidente. 

Esto quiere decir que el Gobierno puede llegar a indultar a todos los miembros de las las fuerzas de seguridad que puedan llegar a ser acusados de excesos. “Nuestros jueces deben garantizar la paz y el orden, no la impunidad y el crimen”, dijo Lasso. En la noche del lunes, el presidente les dio la orden a todos los policías y militar de actuar sin temor a la ley.

Más allá de lo propuesto por Lasso, el problema de fondo es el paro y las más de 170.000 personas que pasaron al subempleo en julio, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Lasso dijo que la falta de oportunidades ha empujado a los jóvenes al consumo de drogas y al delito. Para dar respuesta a ese problema, el mandatario anunció que formará un comité de todos los ministerios sociales y la secretaría de derechos de humanos para prevenir el consumo de drogas.