El rechazo de la Asamblea Legislativa salvadoreña a un polémico préstamo impulsado por el presidente Nayib Bukele para financiar un plan de seguridad contra las pandillas ha generado una crisis interna en El Salvador que supone, para algunos sectores, el quiebre del orden constitucional en el país centroamericano.
Acompañado por decenas de militares con armas de asalto y encomendándose a las presuntas enseñanzas de Dios, Bukele irrumpió este domingo en el Congreso amenazando a los diputados con llamar al pueblo a la insurrección si no cumplían con sus deseos.
Estas son las cinco claves para entender la situación que se vive en El Salvador:
El retraso en la aprobación
Para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial, el Gobierno de El Salvador adquirió un préstamo por 109 millones de dólares otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el cual debe de ser avalado con los votos de 56 diputados, mayoría cualificada en el Congreso.
El dinero, que fue aprobado por el BCIE en octubre de 2019, tendría como finalidad modernizar y fortalecer a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio de Defensa Nacional para brindar servicios de seguridad ciudadana en los territorios más vulnerables de El Salvador y con impacto en todo el país.
Sin embargo, los diputados de los partidos de la oposición Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que juntos suman 60 votos, aseguran que el Ejecutivo no ha especificado en qué se gastará concretamente los fondos.
Compra de equipo tecnológico
El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, señaló el pasado noviembre, tras la entrega en el Congreso del contrato del préstamo, que con el dinero se adquiriría equipo tecnológico para combatir la delincuencia y serviría para renovar las instalaciones del Hospital Militar y fortalecer las clínicas para la atención a policías y soldados.
“Queremos fortalecer los sistemas de vídeovigilancia en el país, mejorar las capacidades institucionales, de movilidad y reacción de investigación y proteger la identidad personal de las fuerzas que intervienen en el control de la seguridad”, señaló Fuentes.
Sin embargo, diputados de Arena y del FMLN, que integran la Comisión de Hacienda que estudia dicho préstamo, temen que unos 25,9 millones de dólares del préstamo se inviertan en comprar tecnología de una firma mexicana de dudosa reputación.
La cuestionada empresa mexicana
Grupo SeguriTech Integral Security, una corporación multimillonaria dedicada a la vídeovigilancia, confirmó en enero pasado al periódico local El Faro que el año pasado pagó los gastos de un viaje en avión privado al viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna.
“El viaje del señor Osiris Luna está ligado con la vídeovigilancia, ¿sí o no?, porque si la empresa que le pagó el viaje es la que está licitando la vídeovigilancia, no habría transparencia”, afirmó el pasado viernes el diputado Mauricio Vargas, del opositor Arena. Esta situación no ha sido aclarada por las respectivas autoridades gubernamentales.
De acuerdo con el periódico local El Diario de Hoy, la compañía SeguriTech Integral Security ha sido denunciada en México por dotar a las autoridades de cámaras de vídeovigilancia que no funcionaban y de haber sobrevalorado los aparatos.
Bukele acusa a la oposición de no querer seguridad
El mandatario salvadoreño ha dicho en varias ocasiones a los diputados del FMLN y de Arena que no quieren votar por el préstamo porque “no les interesa la seguridad del país”.
“Con su negativa, los diputados demuestran que están a favor de los criminales y en contra de la gente honrada y de los cuerpos de seguridad”, dijo Bukele el pasado 5 febrero.
El presidente insiste, además, en que las autoridades de Seguridad y el ministro de Hacienda han acudido una “veintena de veces” al Congreso para explicar en qué serán ocupados los fondos y que las dos primeras fases del Plan Control Territorial fueron financiadas con “fondos propios” del Gobierno.
Ante la falta de aprobación, militarización
Bukele irrumpió con militares en el Congreso este domingo por la falta de aprobación de dicho préstamo, ha llamado a la insurrección y ha amenazado a los diputados a que si los fondos no son aprobados esta semana, el próximo domingo se vivirá una situación igual a la de este día.
El presidente subrayó que si este lunes los diputados, convocados a sesión plenaria, no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y “si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución”.
Dicho artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección” para “restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.