El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vetado el plan de vivienda impulsado por la mayoría absoluta socialista, que incluía medidas como el alquiler forzoso de casas desocupadas o limitaciones a los apartamentos turísticos.
En una carta remitida al Parlamento y divulgada este lunes por la Presidencia lusa, Rebelo de Sousa ha alegado que “en términos simples, no es fácil ver de dónde vendrá la prometida oferta de casa para la vivienda con eficacia y rapidez”.
“Ni en el alquiler forzoso, ni en el alojamiento local, ni en la implicación del Estado, ni en su apoyo a las cooperativas, ni en los medios concretos y plazos de actuación, ni en la ausencia total de un régimen acuerdo o de mínimo consenso partidario, este diploma es suficientemente creíble en términos de su ejecución a corto plazo”, ha añadido.
Rebelo de Sousa asegura, además, que la presentación de este paquete “acabó por polarizar” el debate sobre el alquiler forzoso y el alojamiento local, “apagó otras propuestas y medidas” y “volvió muy difícil un deseable acuerdo de régimen sobre Vivienda, fuera y dentro de la Asamblea de la República”.
El programa, presentado en febrero para dar respuesta a la crisis de vivienda en Portugal y con una inversión estimada de 900 millones de euros, fue aprobado en el Parlamento a finales de julio con el voto a favor únicamente de los socialistas, que gobiernan con mayoría absoluta, y tras incluir una docena de propuestas de otros partidos.
Aun así no había logrado acallar las críticas por parte de partidos de la oposición, alcaldes, asociaciones y del presidente luso, que hace semanas avanzó que le parecía “inoperativo”.
Alquiler forzoso
Entre las medidas más criticadas está el alquiler forzoso de viviendas vacías durante al menos dos años, aunque no se incluyen las viviendas de vacaciones, las de emigrantes o las que estén vacías porque el propietario está prestando cuidados a un familiar o fuera por razones profesionales, de salud o formativas.
También querían limitar los apartamentos turísticos y suspender las nuevas licencias, a excepción de zonas rurales, archipiélagos de Madeira y Azores y municipios y barrios de “baja densidad”.
Los apartamentos turísticos tendrían que pagar un impuesto especial, que se fijaría en el 15 %, y se acabaría además el régimen de Golden Visa, que concede la residencia a cambio de inversiones, entre otras medidas.
El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema en Portugal, donde los precios han aumentado casi un 75 % en la última década.