“El acusado Donald John Trump perdió las elecciones presidenciales de Estados Unidos celebradas el 3 de noviembre de 2020. Uno de los estados que perdió fue Georgia. Trump y los demás acusados en este proceso se negaron a aceptar que Trump perdió, y participaron a sabiendas y de manera voluntaria en una conspiración para cambiar de manera ilegal el resultado de las elecciones a favor de Trump. Esta conspiración incluyó un plan y un propósito comunes para cometer dos o más actos de actividad de crimen organizado en el condado de Fulton, en Georgia, en otros lugares del estado de Georgia, y en otros estados”.
Así arranca el escrito de acusación presentado este lunes contra el expresidente y otras 18 personas de su entorno que se enfrentan a 41 cargos -Trump, a 13- por conspirar para violar la ley, mentir, falsificar documentos, presionar a cargos públicos y a testigos, robar datos electorales y manipular máquinas de votación.
Las primeras líneas del escrito de acusación de la fiscal del distrito Fani Willis contienen algunos de los elementos esenciales que explican por qué este cuarto procesamiento es el más grave y el que puede complicar el futuro del aspirante republicano. El caso pretende demostrar las acciones coordinadas durante meses de Trump para revertir la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020, dejando tras de sí una riada de delitos para conseguirlo y encubrir lo que había hecho; empieza en Georgia pero afecta a otros estados clave donde Trump y los suyos hicieron lo mismo, y destapa una “conspiración” de un grupo de personas organizadas para cometer delitos al modo de la mafia.
RICO
Una de las claves esenciales es el uso de la ley de Georgia contra organizaciones corruptas y mafiosas, el Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO, en sus siglas en inglés). Esto permite acusar a la vez a personas que han actuado de forma simultánea para un mismo propósito con una red de delitos que, si siguen un patrón, afectan a todos los participantes, incluso aunque no se conozcan o no reciban órdenes explícitas del cabecilla.
La “organización criminal”, según la descripción del escrito de acusación, incluye a Trump, a Rudy Giuliani, su abogado más fiel y exalcalde de Nueva York, a Mark Meadows, entonces jefe de gabinete del presidente, a otros abogados y activistas con poca responsabilidad y algún personaje sorprendente, como la publicista del rapero antes conocido como Kanye West (ahora Ye), que se dedicó a acosar hasta en su casa a una trabajadora electoral y a su hija.
Además, hay otras 30 personas a las que no se identifica con nombre y apellido en el escrito, que son parte del esquema pero no están acusadas de ningún delito, lo que indica que están colaborando con la fiscalía. Entre ellas, hay republicanos y antiguos colaboradores de Trump (algunos identificables por las circunstancias que se citan en el escrito). No son un secreto: el gran jurado que ha escuchado el caso para decidir si convenía procesar a Trump sí sabe sus nombres.
Según la ley de Georgia, estas personas no tienen que haber diseñado juntas un complot ni haberlo acordado de manera explícita. La legislación es una versión de otra ley federal, parecida a la de otros estados y fue pensada en origen contra la mafia y otras bandas criminales. En particular, para poder acusar a los jefes de los delitos de sus subordinados. De hecho, en los años 80, Giuliani utilizó la ley equivalente en Nueva York cuando era fiscal para perseguir a los capos de las mafias de la ciudad.
En el caso de Georgia, además, la legislación ha sido ampliada a lo largo del tiempo para incluir más tipos de delitos, más que en la legislación federal. La ley de este estado también permite incluir delitos que se pueden haber cometido en otros lugares del país, pero que apuntan a la misma conspiración. Por eso, el escrito de acusación incluye ejemplos de mentiras (afirmaciones falsas con conocimiento de su falsedad, según describe la fiscal) y presiones a legisladores y otros cargos públicos no solo de Georgia, sino también de Pensilvania, Arizona y Wisconsin, otros estados clave para el resultado de las elecciones que ganó Biden.
El cargo de “crimen organizado”, según RICO en Georgia, puede acarrear 20 años de cárcel, una pena que podría animar a algunos de los que ayudaron a Trump a colaborar con la justicia para llegar a acuerdos que les eviten la prisión.
La amplitud del caso puede suponer un juicio prolongado, pero Willis es una experta en la aplicación de esta ley que ha utilizado en otros casos complejos y asegura que propondrá al tribunal una fecha de comienzo del juicio en los próximos seis meses. El año que viene ya se esperan otros tres juicios a Trump: el de la falsificación de los documentos para encubrir el soborno a una ex amante en Manhattan, que empezará en marzo, el de la apropiación de documentos clasificados, que empezará en mayo, y el relacionado con el asalto al Capitolio, que el fiscal quiere que arranque en enero.
Las primarias republicanas arrancan el 15 de enero y las elecciones presidenciales son el 5 de noviembre.
Hechos delictivos nuevos
Aunque se cuentan hechos comunes en el caso más parecido -el federal por el intento de alterar las elecciones relacionado con el asalto al Capitolio anunciado el 1 de agosto-, también hay posibles delitos relacionados con episodios nuevos, como la manipulación de máquinas de votación y el acceso ilegal a datos privados y de votación por parte de abogados que trabajaban para Trump y que luego mintieron sobre ello.
El caso es también más amplio en el tiempo que los demás. El escrito incluye, por ejemplo, otro intento de que el secretario de Estado de Georgia anulara los resultados de las elecciones a mediados de septiembre de 2021, es decir, casi un año después de la celebración de las elecciones y más de ocho meses después del asalto al Capitolio.
Implicación del partido
Los partidos en Estados Unidos tienen poco poder más allá de establecer reglas para celebrar primarias, organizar la convención para proclamar candidato al ganador y ayudar a recaudar dinero. Pero el apoyo a Trump en su cruzada sin fundamento puede afectar ahora a figuras clave, como la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna Romney McDaniel, a la que los abogados de Trump llamaron para que ayudara a empujar una de las trampas que estaban preparando antes de la certificación electoral.
Se trataba de presentar en nombre de Georgia a 16 electores falsos del colegio electoral, el grupo que vota en cada estado al presidente de Estados Unidos para su elección formal y debe respetar el resultado de quien ha ganado más votos en ese territorio. La idea era que Mike Pence, el vicepresidente entonces y encargado de presidir la sesión del Congreso para certificar los resultados, se encontrara con dos listas, la de verdad de Biden, el ganador, y la alternativa de Trump, y que en medio del caos, como mínimo, retrasara el proceso. La certificación estaba prevista para el 6 de enero de 2021, pero tuvo que ser el 7 de madrugada por el asalto al Capitolio.
La conspiración de los “falsos electores” se repitió en varios estados, que el escrito de Willis también cita.
Mentir no es gratis
El argumento que ahora repite Trump es que sus mentiras sobre las elecciones de 2020 son un ejercicio de su libertad de expresión, ampliamente protegida por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Este punto podría servirle a su defensa en otros casos, pero será más difícil de justificar ante la legislación de Georgia, que es especialmente dura contra las afirmaciones falsas y más cuando hay intención y conocimiento de su falsedad detrás. Además, se trata de contextos especialmente delicados: mentiras para presionar a legisladores y otros cargos públicos, intentar que incumplieran sus obligaciones como servidores públicos y en último término alterar el resultado de unas elecciones presidenciales.
En el escrito aparece un centenar de veces la palabra “falsedades” en instancias muy serias, como cuando Trump firmó una denuncia legal con información que sus propios abogados le habían dicho era falsa.
Sin perdón
La Constitución de Estados Unidos pone tan pocos requisitos para que alguien pueda ser candidato a la Casa Blanca -que haya cumplido 35 años, haya nacido en el país y lleve al menos 14 años viviendo allí- que Trump puede ser candidato e incluso ser elegido presidente habiendo sido condenado por un delito. A no ser que el delito sea haber incitado a una insurrección, un cargo del que de momento no se le acusa.
Existe el precedente del candidato del partido socialista Eugene Debs que en 1920 se presentó desde la cárcel y recibió casi un millón de votos (algo más del 3%). Debs había sido condenado por haber animado a rebelarse contra el reclutamiento militar durante la Primera Guerra Mundial y luego fue perdonado por el presidente elegido, Warren Harding.
Sin embargo, no hay precedente de alguien que haya ganado la presidencia ni después de una condena ni mucho menos desde prisión. Si Trump fuera elegido presidente antes o después de una condena de cárcel, esto, sin duda, abriría varias batallas constitucionales. Una de ellas, sobre la que todavía no hay consenso legal, sería si el presidente puede otorgarse el perdón a sí mismo, algo que, sin duda, Trump intentaría.
Pero incluso aunque lo consiguiera, esto solo afecta a los delitos federales como las acusaciones de interferencia con el proceso de certificación de las elecciones que llevó al asalto al Capitolio y la ocultación de documentos clasificados. Sin embargo, el presidente no puede otorgar el perdón para delitos juzgados por los estados, como los casos de Georgia y de Nueva York (en principio, menos grave, por la falsificación de documentos para encubrir un soborno).
Georgia es un estado donde los políticos tienen poco margen para perdonar a los convictos. A diferencia de la mayoría, tampoco lo puede hacer el gobernador del estado, un cargo que ahora ocupa el republicano Brian Kemp. Es una decisión de un panel de cinco personas elegidas por el gobernador y confirmadas por el Senado estatal con un mandato de siete años.
Si fuera presidente, Trump podría intentar destituir a la fiscal del distrito del condado de Fulton, pero incluso para ello necesitaría el apoyo de la mayoría de las cámaras legislativas locales, y en Georgia varios altos cargos republicanos ya han demostrado su independencia y coraje frente a él. Empezando por el republicano Brad Raffensperger, el secretario de Estado de Georgia al que Trump presionó en una llamada de más de una hora en enero de 2021 para que “encontrara” los votos que le faltaban para ganar las elecciones en Georgia. Además de resistirse a las presiones del presidente, Raffensperger, que fue reelegido en las elecciones de 2022, ahora es uno de los testigos clave sobre los múltiples intentos de Trump de revertir la victoria de Biden, confirmada en Georgia después de contar los votos tres veces.
Juicio televisado
Los juicios por cargos federales no admiten la retransmisión por televisión y tampoco los de Nueva York, que tiene una ley especialmente restrictiva comparada con otros lugares del país. En cambio, Georgia retransmitirá este juicio, que puede coincidir con la campaña presidencial y exponer las mentiras que algunos de los asociados de Trump ya han reconocido como tales.
Uno de los momentos dramáticos puede ser el testimonio de Ruby Freeman, una trabajadora electoral de Georgia a la que Trump y su equipo acosaron durante meses y acusaron falsamente de meter votos en una maleta (era una urna electoral y no hizo nada incorrecto). Varios acusados mintieron y difundieron un vídeo manipulado en el que aparecían Freeman y su hija y en el que, según dijo Giuliani, se estaban pasando un memoria USB “como si fuera cocaína”. Lo que se estaban pasando era un caramelo de jengibre.
Tras una denuncia de Freeman y su hija, Giuliani reconoció que había mentido, pero eso no cambió las amenazas que las mujeres siguen sufriendo.
En junio de 2022 Freeman testificó ante la comisión de investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio. “¿Sabéis cómo se siente siendo atacada por el presidente de Estados Unidos?”, dijo. “Fue contra mí. Una orgullosa ciudadana estadounidense que dio un paso adelante y ayudó al condado de Fulton a organizar unas elecciones en medio de una pandemia”, sostuvo.