El estallido del Qatargate fue lo más parecido a una película de acción. Grabada en Bruselas, tenía todos los componentes necesarios: personas adineradas, gente guapa, policías, registros, detenciones, maletines con cientos de miles de euros, y un juez ‘estrella’. La operación policial, desarrollada el 9 de diciembre de 2022, fue un shock para el corazón de la UE en un momento en el que los eurodiputados vislumbraban ya el parón navideño. Aquella noche, la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, y otros de los implicados en la trama durmieron en prisión, donde permanecieron varios meses. Un año y medio después de aquella jornada de infarto y de semanas de titulares sobre sobornos e injerencias de potencias extranjeras –el asunto afectaba a Qatar pero también aparecía Marruecos–, el escándalo permanece en barbecho y ha desaparecido de la conversación pública, incluyendo de la tradicional trifulca partidista preelectoral.
Las autoridades belgas iniciaron, al menos en la primavera de 2022, una investigación secreta sobre los vínculos de Qatar con políticos y personal parlamentario que acabó convirtiéndose en el mayor escándalo de corrupción en el seno de la UE. Sospechaban que el régimen de ese país había intentado influir en eurodiputados para que se posicionaran a su favor, especialmente en relación al mundial de fútbol ante el cuestionamiento de su celebración por la vulneración de los derechos humanos. Así emergió Antonio Panzeri como epicentro de la trama. Se trata de un exparlamentario socialista que, tras quince años en el escaño, fundó una ONG a través de la que supuestamente Qatar desplegó sus redes.
Otras figuras clave son los parlamentarios socialistas Marc Tarabella y Andrea Cozzolino, así como Francesco Giorgi, que había sido asistente de Panzeri y que era la pareja de Kaili (eurodiputada del Pasok). Los investigadores consideran que recibieron miles de euros en sobornos a cambio de influir en decisiones relativas al emirato en el Parlamento Europeo.
El 9 de diciembre, tras meses de seguimientos y escuchas, la policía detuvo a varios de los implicados. Kaili dice que se enteró por la prensa de las detenciones y decidió llamar a su padre, que estaba en Bruselas de visita, para que se llevara de casa una maleta que pertenecía a Panzeri para devolvérsela, según relata en una entrevista para el canal Arte. Aquel movimiento fue el que tuvo un resultado penoso para ella. Frente a su casa había agentes que vieron a Alexandros Kaili salir del domicilio con una maleta llena. Le detuvieron en el lujoso hotel Sofitel en el que se alojaba a unos metros de la vivienda de su hija cargado con 720.800 euros. Ella asegura que no sabía lo que contenía la maleta.
Kaili denuncia una conjura judicial
La policía detuvo entonces a Kaili ignorando su inmunidad parlamentaria bajo la premisa de que había sido cazada en “flagrante delito”, que es una de las casuísticas en las que no opera ese privilegio. En un registro de su domicilio posterior, la policía encontró 155.000 euros en efectivo que la política atribuye al salario de su ahora expareja y de dinero procedente de la cuenta bancaria. En total, la operación se saldó con 1,5 millones requisados al conjunto de implicados: los otros 600.000 los encontraron en casa de Panzeri.
“Parte de mi trabajo es seguir las decisiones estratégicas al más alto nivel (...). Si vemos que el Mundial hace que incentive a esos países a hacer reformas, deberíamos impulsarles a hacer más, no a pararlas. Esto es política”, justifica en esa entrevista Kaili sobre su defensa a Qatar tras viajar a ese país y las sospechas de que recibió dádivas a cambio. La política griega, que fue expulsada del grupo socialista como el resto de involucrados, clama por su inocencia y se presenta como una víctima de una “persecución política” perpetrada por los servicios secretos.
El escándalo supuso un varapalo para una institución que ya genera bastantes suspicacias por las ventajosas condiciones económicas con las que cuentan los eurodiputados y la falta de control y transparencia sobre ellas. La condena por lo sucedido fue unánime, pero afloraron verdaderos problemas en la Eurocámara, donde los lobbies campan a sus anchas. Sin ir más lejos, Marruecos presionó a los eurodiputados unas semanas después para que rechazaran la primera resolución crítica con el régimen alauí en décadas. En los últimos meses, han aparecido cartas y mensajes en los despachos de los eurodiputados progresistas contra algunas de las leyes de la agenda verde.
Lavado de cara de las instituciones
Un síntoma del descontrol fue la precipitación con la que los representantes se vieron obligados a poner sus cosas en orden. Por ejemplo, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, declaró poco después de que saltara el escándalo 125 regalos que había recibido y que no había notificado, tal y como establecen las normas.
El Parlamento Europeo y el resto de instituciones se vieron obligadas a hacerse un lavado de cara. Los expedientes sobre Qatar se paralizaron. Metsola puso sobre la mesa 14 medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas, que se aprobaron en septiembre de 2023 tras meses de negociación. Entre las medidas se encuentra el refuerzo del control de las declaraciones de bienes, que se tienen que presentar al principio y al final del mandato para demostrar si ha habido enriquecimiento; o la prohibición a los exdiputados de hacer labores de lobby en un plazo de seis meses tras abandonar el cargo.
También se impulsó un organismo ético para el conjunto de las instituciones europeas que Ursula von der Leyen había prometido en 2019. El Qatargate salpicó a la Comisión Europea porque se reveló que el director general de Transportes viajó a Qatar con los gastos pagados en clase business en nueve ocasiones mientras se negociaba el acuerdo de aviación con ese país, pero el gobierno comunitario no encontró conflicto de interés. No obstante, ese nuevo cuerpo tiene capacidad muy limitada porque no puede siquiera imponer sanciones.
“En su día fue un golpe a la imagen del Parlamento Europeo, pero ahora ya no tiene ningún tipo de incidencia. En las encuestas, cuando preguntas por la imagen del Parlamento Europeo, el Qatargate ya no sale, y la imagen es ahora mejor de la que era hace cinco años. ¿Por qué? Porque ya hemos visto un poco lo que era y lo que no era el Qatargate. Al final, no era un problema sistémico del Parlamento Europeo, era un caso de corrupción de un grupito muy concreto de personas, unas dentro y otras fuera del Parlamento”, señaló recientemente el portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, en una entrevista en La Marea.
Dudas sobre las autoridades belgas
Pero, ¿qué fue de los involucrados en el Qatargate? Kaili salió de prisión tras cuatro meses encerrada y ha mantenido su escaño en la Eurocámara. Repudiada por sus compañeros, vaga por los pasillos prácticamente en soledad. También hace vida separada de Francesco Giorgi, con quien tiene una hija de tres años. Panzeri salió igualmente de la cárcel y tiró de la manta para lograr una reducción de la condena. También mantienen sus escaños hasta las próximas elecciones los eurodiputados Marc Tarabella (Bélgica) y Andrea Cozzolino (Italia). Todos ellos están imputados por corrupción, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
Su situación procesal apenas ha cambiado en este año y medio, pero donde sí ha habido un revuelo ha sido en el lado judicial. El juez que estaba al frente de la investigación, el flamante Michel Chaise, que ha llevado numerosas macrocausas contra la corrupción y el narcotráfico, se tuvo que recusar por un feo conflicto de interés. Su hijo es socio en una empresa con el hijo de la eurodiputada Maria Arena, que aparece en la investigación, pero nunca ha sido imputada.
También ha abandonado su puesto el fiscal Raphael Malagnini. Una salida que los abogados de las defensas atribuyen al audio que presentó Francesco Giorgi en el que se escucha al comisario jefe al cargo de la operación cuestionar el testimonio del cabecilla de la trama, el exdiputado Panzeri.
En el documental del canal Arte, todos los imputados apuntan a las presiones policiales para reconocer su culpabilidad. Y en medio de ese mar de dudas sobre la gestión de la justicia belga, los abogados de Kaili están tratando de anular la causa contra ella basándose en que se vulneraron sus derechos políticos al ser investigada y detenida sin levantar su inmunidad. Mientras se resuelve ese proceso, el caso permanece encallado y se resolverá ya cuando todos los implicados estén alejados del Parlamento Europeo.