La decisión del Gobierno interino de Bolivia de declarar “personas no gratas” a la embajadora de México, María Teresa Mercado, y a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, ha recibido reacciones de apoyo y críticas entre los diferentes sectores políticos del país.
En un mensaje en Twitter, el delegado ante la comunidad internacional de Bolivia, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, ha considerado que ha sido una “valiente decisión” del Gobierno interino de Jeanine Áñez y ha reiterado sus críticas contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el partido español Unidas Podemos.
“López Obrador y socios de Podemos de [Pedro] Sánchez defienden fraude, encubren narcotráfico, protegen corrupción, atentan contra reconstrucción democrática, vulneran soberanía de Bolivia y practican diplomacia encapuchada”, ha escrito Quiroga.
En la misma red social, el líder de la centrista Unidad Nacional, el empresario Samuel Doria Medina, ha aplaudido también la decisión de Áñez “de expulsar a diplomáticos de México y España que pretendieron dañar nuestra soberanía. Que el mundo entero sepa que Bolivia se respeta”.
Distinta ha sido la reacción de la presidenta del Legislativo de Bolivia, la senadora Eva Copa, quien ha expresado su preocupación por la decisión de Áñez y le ha instado a “repensar su posición” teniendo en cuenta que la Embajada de España ha colaborado en la pacificación del país durante la reciente crisis.
La senadora, que pertenece al partido del expresidente Evo Morales, ha considerado que no se puede declarar personas no gratas “a representantes de países que ayudaron a nuestro país”. “Lo único que estamos causando es mayor conflicto y daños bilaterales con países que ayudaron al nuestro en temas económicos y temas de relaciones internacionales”, ha señalado Copa, citada en un comunicado del Senado.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, también ha cuestionado la medida al considerar que el de Áñez “es un Gobierno transitorio que no tiene potestad para hacer lo que está haciendo”.
“Toda denuncia debe ser sometida a una investigación, no se puede actuar a priori”, ha considerado Choque, que también pertenece al partido de Morales y ha pedido que se investigue el incidente que ha desatado la crisis diplomática con México y España.
El Gobierno de Áñez declaró este lunes “personas no gratas” a la embajadora de México, a la encargada de Negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, al cónsul español, Álvaro Fernández, y otros funcionarios, dándoles 72 horas para dejar el país.
El detonante fue la visita de estos diplomáticos españoles acompañados de “encapuchados” y “presumiblemente armados” a Mercado en su residencia en La Paz el pasado viernes. El Ejecutivo interino boliviano aseguró entonces que intentaron ingresar de forma “clandestina” a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, que alberga alrededor de una decena de ex autoridades de Evo Morales. Cuatro de esas ex autoridades tienen órdenes de aprehensión, ya que el Gobierno de Áñez los acusa de delitos como terrorismo.
El suceso ha sido interpretado por Bolivia como una intención de evacuar a los exministros Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca y Javier Zavaleta, quienes junto a otros exfuncionarios aguardan un salvoconducto que les permita acogerse al asilo en México.
Reacciones de España y México
El Gobierno español, que ha negado que la visita de los diplomáticos fuese para facilitar la salida de los asilados, ha respondido este lunes con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos “en reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia”.
España ha dado 72 horas para que abandonen el país el encargado de Negocios de la embajada boliviana, Luis Quispe, el agregado militar Marcelo Vargas y el agregado policial Orso Fernando Oblitas. Funcionarios designados durante la gestión de Evo Morales, según ha indicado la cancillería boliviana.
Además, ha pedido al gobierno de Áñez que “reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones” para recuperar “cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación” entre ambos países. El ejecutivo ha negado en todo momento que haya tratado de facilitar la salida de los exfuncionarios bolivianos de la residencia mexicana y ha mantenido que la visita de sus dos diplomáticos fue de “cortesía” e iban acompañados de “personal de seguridad” para su propia protección.
Estas explicaciones son “inconsistentes” para el Gobierno interino, aunque aclararon que no tienen intención de romper relaciones diplomáticas con España y México, sino de que acrediten a nuevos funcionarios en reemplazo de los expulsados.
Por su parte, México insiste en su deseo de mantener las relaciones diplomáticas con Bolivia y de buscar un diálogo con las autoridades que declararon “persona non grata” a su embajadora en el país.
El subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Maximiliano Reyes Zúñiga ha asegurado que “no quisiera” romper relaciones con Bolivia debido a este incidente y que buscan “seguir construyendo canales de comunicación directos”.
El gobierno mexicano, que ya está tramitando la vuelta de su embajadora, ha señalado que “siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Derecho Internacional” y por ello consideró que está decisión es “de carácter político”.
México había denunciado ya el hostigamiento de fuerzas de seguridad a sus sedes diplomáticas en el país suramericano, ya que desde el pasado 23 de diciembre aparecieron fuera de las instalaciones alrededor de 90 agentes de Policía y Ejército.
El pasado 15 de noviembre México recibió a varios solicitantes de asilo en su embajada y en la residencia del embajador en La Paz.
La semana pasada, el Gobierno mexicano detalló que solicitaría medidas cautelares a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de las Naciones Unidas para que cesara en cuanto antes el asedio a las instalaciones diplomáticas de México en la capital boliviana.