En el inicio del nuevo curso político, la inflación alimentaria y su impacto en el poder adquisitivo continúan siendo uno de los temas centrales de la actualidad en Francia: los precios en este sector han subido un 21% en los dos últimos años y afectan especialmente a los hogares más modestos.
Una de las principales asociaciones de asistencia alimentaria del país, Les Restos du cœur, que reparte comida a personas de bajos recursos, daba la voz de alarma hace unas semanas. Ante el importante aumento de los costes y del número de distribuciones de comidas –170 millones este año, 30 millones más que el anterior–, sus responsables señalaron que sin recursos adicionales no podrán satisfacer todas las demandas.
En este contexto, el Gobierno –que anunció una bajada de los precios para finales de verano que no se ha producido– se encuentra en una posición delicada. El ministro de Economía, Bruno Le Maire, es consciente de que el poder adquisitivo es una de las principales preocupaciones de los franceses, pero ha declarado en varias ocasiones su oposición a cualquier medida que suponga intervenir precios o limitar el margen de maniobra de las empresas.
Una de sus principales líneas de acción es el arbitraje entre los distribuidores (las grandes cadenas de supermercados) y las multinacionales del sector agroalimentario. Las reuniones se han sucedido en los últimos meses en la sede del Ministerio, en el muelle de Bercy, la última a finales de agosto. Así, después de dos días de negociaciones el titular de Economía anunció la ampliación de la cesta antinflación que había impulsado en agosto con hasta 5.000 productos “que permanecerán igual o bajarán de precio”. El doble del esfuerzo inicial.
No obstante, la lista será elaborada por los fabricantes y las cadenas de supermercados, que tendrán total libertad para elegir los productos afectados por una iniciativa que se prolongará hasta finales de año. Los distribuidores también se han comprometido a repercutir las reducciones de precios por parte de los proveedores en la venta final.
Acusaciones cruzadas
Inicialmente, el aumento de la inflación se atribuyó al comienzo de la guerra en Ucrania y a dificultades de la cadena de suministro relacionadas con la salida de la pandemia. Pero, a medida que pasaban los meses, las acusaciones sobre quién se estaba beneficiando del incremento de los precios han ido evolucionando. Los supermercados acusan a los fabricantes de incrementos no justificados en los precios, que inflan los márgenes de beneficios de los gigantes del sector, en detrimento de distribuidores y consumidores.
En los últimos meses, Emmanuel Macron y Bruno Le Maire han subido el tono contra algunos grandes fabricantes. Hace unos días el ministro señaló en concreto a Unilever, Nestlé y Pepsi, que, en su opinión, “podrían hacer mucho más” para luchar contra la subida de los precios, al tiempo que felicitaba a otros fabricantes que sí han “cumplido su papel” anunciando rebajas en sus productos, como la empresa Barilla y el grupo especializado en aceite Avril.
Además, Le Maire –posible candidato presidencial en 2027– ha abordado otra de las acusaciones que pesan sobre los gigantes de la industria agroalimentaria: la reducción del tamaño de algunos envases como medida para repercutir en los consumidores los aumentos de precio. Una técnica de la que se está hablando mucho en este mes de septiembre, conocida como shrinkflation (de shrink, encoger en inglés, e inflation). “Botellas de zumo de naranja que antes contenían un litro ahora contienen 900ml, sin informar claramente al cliente: eso se llama robar”, se indignaba este mes el ministro en una entrevista en Le Figaro, poco antes de anunciar que en el futuro será obligatorio indicar cualquier reducción del tamaño de los envases.
Motor de la inflación
En un contexto en el que las empresas que aumentan sus beneficios y los hogares más modestos se empobrecen, el debate sobre los ganadores y los perdedores de la inflación también aumenta en intensidad. En 2022, los salarios aumentaron un 3,8%, mientras que la inflación alcanzó el 5,9%, según el Banco de Francia. Desde el otoño de 2022, cada vez más instituciones señalan a los beneficios de las empresas como el motor de la inflación.
Las grandes marcas de alimentación afirman que las subidas de precios que están aplicando no son más que un reflejo del aumento de los costes, pero esta primavera el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a apuntar en dirección a los extraordinarios beneficios de las empresas. “Durante el periodo 1999-2022 el aumento de los beneficios contribuyó en un tercio a la inflación; mientras que solo en el año 2022 representó dos tercios”, afirmaba en marzo un grupo de especialistas del BCE en una nota de la institución, ampliando unas declaraciones de su economista jefe, el irlandés Philip Lane.
En Francia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, los beneficios de las empresas no han dejado de subir en los tres últimos trimestres. Los últimos resultados del índice bursátil francés (CAC 40) así lo reflejan: en los seis primeros meses del año, 38 multinacionales generaron beneficios netos por valor de más de 81.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 15%, según cálculos de la agencia France-Presse, una tendencia especialmente marcada en las compañías de la industria alimentaria.
Capacidad del Estado
También se plantea el debate sobre la capacidad del Estado para influir en el mercado. El pasado miércoles, el secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel, una de las principales figuras de la coalición progresista en la Asamblea Nacional, llamaba a los ciudadanos a concentrarse ante las prefecturas –equivalentes a las delegaciones del Gobierno– e “invadirlas, incluso, si es necesario”, como forma de presionar al Gobierno para que “tome medidas” ante la subida de los precios de los alimentos, la energía y los carburantes.
“No podemos dejarnos desplumar sin decir nada”, dijo el secretario nacional del PCF en una entrevista al diario L'Humanité el 13 de septiembre, matizando ser “partidario de la acción no violenta”. En concreto Roussel pidió a Macron que “bloquee a la baja los precios de los alimentos, baje los impuestos sobre la energía (…) y aumente los salarios y las pensiones al nivel de la inflación”.
En abril, una parte de la coalición de fuerzas de izquierda Nupes había intentado impulsar medidas legales para inscribir el bloqueo de precios de los alimentos y una cesta contra la inflación en un proyecto de ley, en respuesta a la “emergencia social” que vive el país. Los diputados de la coalición presidencial y la derecha se opusieron.
En su lugar, para acelerar las posibles bajadas de precios, el Ejecutivo espera poder adelantar el plazo de las negociaciones comerciales entre fabricantes y minoristas. Durante estas discusiones se fijan los precios de referencia en los productos que llegan a las estanterías para el año siguiente y es en el marco de estos acuerdos donde el ministro de Economía espera ver detenida la espiral inflacionista.
No obstante, el Gobierno ha variado su discurso sobre otra de las propuestas venidas de la izquierda que puede influir en la inflación: el aumento en la fiscalidad de los superbeneficios de las multinacionales. Si, inicialmente, Macron y Le Maire se mostraban reacios a cualquier tipo de medida en ese sentido, el Ejecutivo acabó impulsando la creación de “una contribución temporal de solidaridad” en las empresas (un impuesto del 33% sobre los beneficios que superen en más de un 20% la media de los años anteriores).
Y en este inicio del curso político, el Gobierno trata de ejercer su influencia en la patronal para que el valor se reparta de forma más equitativa en favor de los empleados. Además, el último posible eje que contempla el Ejecutivo para cambiar la tendencia es el de los salarios. Macron ha anunciado recientemente la celebración de una gran conferencia social que explorará, entre otros temas, la subida de los salarios más bajos. La idea surgió después de una maratoniana cena en la que el presidente compartió mesa con los representantes de todas las fuerzas políticas el pasado 7 de septiembre.