Tegucigalpa, 21 nov (EFE).- El relator especial sobre el Derecho al Desarrollo de la ONU, Surya Deva, dijo este jueves en Tegucigalpa que el Gobierno de Honduras debe tomar medidas decisivas para “poner fin a la criminalización de los defensores de los derechos humanos, medioambientales y de las comunidades indígenas”.
“Nadie debería morir o sufrir de intimidación por proteger a la madre naturaleza y la tierra”, subrayó Deva en rueda de prensa al referirse a la violencia que sufren los defensores en Honduras, luego de una visita que le llevó a varias regiones del país y reuniones con representantes de diversos sectores sociales.
Agregó que el Gobierno también debe expedir títulos de propiedades de la tierra a los pueblos indígenas y conceder licencias para proyectos, solo después de obtener su consentimiento libre previo e informado.
Deva dijo que el 11 de noviembre inició su visita para “ver cómo el derecho al desarrollo está siendo implementado en Honduras” y “ver como las diferentes secciones de la sociedad son impactadas por la política del Gobierno, las políticas de diferentes empresas privadas, el impacto en niños, niñas, mujeres, trabajadores migrantes, pueblos indígenas o cualquier persona que venga de un grupo vulnerable o marginado”.
Añadió que por la tormenta tropical Sara, que la semana pasada causó intensas lluvias en el país, no pudo viajar a Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe, donde en septiembre fue asesinado el ambientalista Juan López, sobre lo que deseaba hablar con autoridades de la Corte Suprema de Justicia, que no lo recibieron, al parecer tampoco en el Parlamento, según dijo a EFE una fuente cercana a la ONU.
En su informe preliminar, Deva resaltó que “a pesar de los muchos retos a los que se enfrenta el Gobierno, debe hacer más para no dejar a nadie atrás” y “debe garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso al agua, la salud, la educación, la energía y el empleo”.
Señaló además que “las mujeres y los afrohondureños deben poder hacer realidad sus aspiraciones de desarrollo sin temor a ningún tipo de discriminación, acoso o violencia”.
El relator expresó que el Gobierno también debería “tomar medidas más contundentes para controlar la economía de los narcotraficantes y construir infraestructuras resistentes”.
En su opinión, Honduras, además, “para hacer frente a la carga de la deuda, el Gobierno debería generar más recursos introduciendo impuestos progresivos, poniendo fin a la exención fiscal general para las empresas, solicitando subvenciones a los socios de desarrollo y negociando canjes de deuda por medidas climáticas”.
También dijo que el Gobierno tiene la oportunidad de ejecutar e implementar un modelo de desarrollo participativo centrado en el planeta para responder a la pobreza, los conflictos sociales y las pérdidas y daños relacionados con el cambio climático.
Ese modelo “debe construirse mediante la activa, libre y significativa participación de todas las personas, especialmente de los grupos marginados o vulnerables”, añadió.
Además de los avances en temas sociales, como la reducción de la pobreza y la tasa de homicidios, que según Deva ha logrado el Gobierno que preside Xiomara Castro, destacó los retos para garantizar un desarrollo inclusivo, sostenible y armonioso.
Aconsejó al Gobierno que construya un consenso entre todas las partes interesadas hacia una visión alternativa y crear las condiciones propicias para una conducta empresarial responsable.
“Todas las empresas que operan en Honduras deben cumplir las leyes pertinentes y las normas internacionales en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y cambio climático”, recalcó Deva.
En alusión a empresas que están demandando al Estado de Honduras por inversiones en unas zonas de desarrollo creadas por la Administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), que recién han sido declaradas nulas, Deva señaló que “en lugar de exigir miles de millones de dólares a través de demandas de arbitraje, los inversionistas extranjeros deben apoyar los esfuerzos legítimos del Gobierno para proteger el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas”.
El informe completo del relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) será presentado al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2025.