El Ejército colombiano espió hasta diciembre de 2019 a más de un centenar de personas, entre ellos periodistas nacionales y extranjeros, que cubren el conflicto armado en el país y la corrupción militar. Esto es lo que se desprende de una investigación de la revista Semana publicada este pasado fin de semana.
El semanario colombiano destaca además que realizaron seguimiento informático a miembros de ONGs, sindicalistas, exministros, funcionarios de la Presidencia, generales y políticos, entre otros, de quienes hacían perfiles que incluían también a su entorno más cercano.
Entre los periodistas espiados están varios estadounidenses, como el corresponsal del diario The New York Times, Nick Casey; el fotógrafo independiente Stephen Ferry, y Lynsey Addario, que ha trabajado para varios medios internacionales.
Nick Casey denunció en mayo de 2019 en The New York Times que el Ejército colombiano había ordenado a las tropas incrementar los resultados operacionales, lo que ponía en riesgo la vida de civiles como sucedió con las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”. Según la revista, “los militares monitorizaban los pasos de ese periodista (Casey) en el país en una carpeta donde tenían sus contactos, algunas fuentes y las personas con las que se relacionaba, e incluso aparecen sus propios editores de Nueva York”.
En esa búsqueda de información, los uniformados llegaron a otros periodistas entre los que se encuentran Juan Forero, del Wall Street Journal, y John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR) e investigador del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
También aparece en las carpetas la fotoperiodista Lynsey Addario, quien en febrero tomó unas fotografías de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó que fueron publicadas en un reportaje de National Geographic.
“El perfilamiento terminó con un efecto dominó en el que aparecen referenciados otros tres fotógrafos de The New York Times que viven en Estados Unidos, y Stephen Ferry, otro fotoperiodista muy conocido en Colombia”, asegura la revista.
Semana, que ha tenido acceso a decenas de documentos y ha entrevistado a más de diez fuentes, concluye también que “las unidades involucradas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera”. Además, asegura que “parte de esos recursos terminaron utilizados para adquirir las herramientas para espiar las actividades de ciudadanos estadounidenses, en particular periodistas”. “Esa agencia de inteligencia extranjera entregaba a los batallones de ciberinteligencia aproximadamente 400.000 dólares anuales para adquirir equipos y herramientas informáticas”, detalla la investigación.
Periodistas colombianos espiados
Pero el espionaje también involucraba a periodistas colombianos. Entre ellos la analista de Noticias Caracol, María Alejandra Villamizar, de quien “los militares recaudaron sus teléfonos, dirección, correos, vehículos, el lugar en donde vota y hasta las infracciones de tránsito que cometió”.
La investigación también revela que existe una carpeta de La Liga Contra el Silencio, un medio creado hace cuatro años por iniciativa de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). “Allí aparecen periodistas reconocidos como Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, y Gina Morelo, editora de la unidad de datos de El Tiempo”, detalla el semanario. Igualmente hay referencias a la directora de noticias de RCN Radio, Yolanda Ruiz, y a Daniel Coronell, columnista y presidente de noticias de Univisión.
También han sido objeto objeto de estos seguimientos, medios independientes como Rutas del Conflicto, especializado en investigaciones relacionadas con temas de corrupción y orden público, integrada por una docena de comunicadores menores de 30 años.
Explicaciones del presidente
Organizaciones en defensa de la libertad de prensa como la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) y la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) han denunciado los hechos y acusan al Ejército de “violar gravemente el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Constitución Política de Colombia”. Además han solicitado garantías de seguridad para los periodistas y medios alternativos y han asegurado que tanto el Ministerio de Defensa como el Gobierno Nacional conocían desde al menos el 13 de enero pasado “de estas acciones contrarias a la ley y nunca informaron de la situación a los directos afectados”.
También han pedido al Ministerio de Defensa que revele qué unidad realizó las labores de inteligencia, bajo qué órdenes, con qué fines y quiénes eran los destinatarios de dicha información. Por otro lado, han solicitado a las autoridades que entregue a los periodistas afectados una copia total del contenido interceptado y que se les notifique las acciones que tomarán las autoridades para que cesen estas prácticas.
Este domingo, coincidiendo con el Día Internacional de la Libertad de Prensa, cerca de 200 periodistas, han enviado una carta al Gobierno de Iván Duque para que dé explicaciones sobre quién dio la orden de elaborar los perfiles y la vigilancia, y aclare si los periodistas son una amenaza para la seguridad militar.
Ese mismo día, Duque calificó los seguimientos de “inadmisibles” y prometió castigo para los responsables. “Ese tipo de conductas frente a miembros de la prensa, frente a defensores de derechos humanos, pero también frente a funcionarios públicos y de la Casa de Nariño, son inadmisibles. Y yo les he pedido (al mando militar) que tenemos que llegar hasta el fondo, con sanciones ejemplarizantes”, dijo.
Respuesta de Naciones Unidas y de la UE
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre este caso y ha señalado que la actividad de los servicios de inteligencia “debe guardar correspondencia con la garantía de protección de los derechos humanos, no vulnerarlos”. La Alta Comisionada ha recordado la recomendación que realizó al Estado de “tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales”. En este sentido, Duque ha reiterado que su Gobierno tiene “cero tolerancia” con cualquier acción de miembros de la fuerza pública que se aparte de su misión constitucional.
Por su parte, la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, ha manifestado su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión, no solo en el país latinoamericano, sino en todo el mundo. “En algunos lugares del mundo estos llamados estados de emergencia, justificados por el desafío de la crisis que tenemos, se están usando para limitar la libertad de expresión. Estos son procesos muy preocupantes”, ha explicado.
Ambos organismos hicieron un tributo a los periodistas colombianos “por su búsqueda de la verdad” y la labor que hacen por “buscar y difundir información veraz y abrir espacios de participación a diversidad de voces en la sociedad” como “uno de los pilares de las democracias”.