La tarde del miércoles 7 de diciembre, el Congreso peruano debía discutir la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, pero el presidente se adelantó. Esa mañana, Castillo ordenó disolver el Congreso, sin seguir los pasos que exige la Constitución. Las Fuerzas Armadas no respondieron. Tampoco los congresistas, ni su vicepresidenta, ni gran parte de sus ministros. En solo unas horas, el legislativo reaccionó con una nueva moción, en este caso por “rebelión”, que terminó con su mandato. Esa misma tarde, Castillo quedó detenido.
“La desesperación, a causa del acorralamiento de la Justicia que lo investiga por actos de corrupción, y su torpeza llevaron a Castillo cometer un acto de esta naturaleza”, dice Roberto Pereira, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en derecho penal por la Universidad de Barcelona.
Pereira tiene experiencia en el tema. Hace dos años, defendió al expresidente Martín Vizcarra en su primera petición de vacancia, que meses más tarde terminó en un segundo intento y su destitución. Vizcarra se convirtió así en el segundo presidente de la historia de Perú, después de Alberto Fujimori, en ser destituido del cargo por un Congreso opositor.
La Justicia dictó prisión preventiva de 18 meses para Pedro Castillo. ¿Por qué cree que la Corte Suprema tomó esa decisión?
En primer lugar, la Justicia peruana confirmó que existen elementos suficientes que podrían acreditar el delito de rebelión. En segundo lugar, la decisión significa que para la Justicia peruana existe un alto riesgo de que Castillo se fugue. Por esa razón, dictó una prisión preventiva de 18 meses, está considerando la etapa de investigación e incluso de juzgamiento. De todos modos, la decisión de la Corte Suprema está pendiente de ser revisada en una segunda instancia. Pero todo indica que será confirmada.
¿El delito de rebelión responde a una violación del Código Penal o de la Constitución?
El delito de rebelión está contenido en el Código Penal basado en los principios de la Constitución. El presidente, que es a su vez el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, si dice 'disuelvo el Congreso, cierro el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial', genera una pretensión de ejecución de esa orden, porque es alguien que tiene a su disposición todo el poder de fuego del Estado. Por lo tanto, esa conducta como tal ya configura el delito de rebelión. No es una simple declaración la de Castillo, como lo ha pretendido plantear su defensa, sino que es un claro acto de alejamiento y rompimiento del orden constitucional.
¿Fue un intento fallido de “autogolpe de Estado” porque las Fuerzas Armadas y la Policía no respondieron al llamado del presidente?
Así es. Si bien el tema está en una etapa de investigación preliminar, todo indica que Castillo tuvo información de que algunos sectores de las Fuerzas Armadas podían acompañar en esta intentona. Lo cual no ocurrió. También en este momento están investigando si después del discurso el presidente llamó a algunos algunos mandos policiales y castrenses para ejecutar esas instrucciones. El tema está todavía siendo investigado.
¿Fue inmediato el rechazo de los distintos poderes del Estado al discurso del presidente?
Sí, luego del discurso hubo un rechazo unánime de todas las instituciones del Estado, con pronunciamientos públicos. La presidenta del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, la Junta de Fiscales Supremos, la Junta Nacional de Justicia, rechazaron el golpe de Estado y, a los pocos minutos, también lo hizo lo propio el comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Entonces es claro que cualquier promesa de que el Ejército iba a acompañar, al final no se cumplió y quedó desactivada.
¿Fue un error de cálculo del expresidente?
En primer lugar, creo que es un acto de desesperación, de impotencia ante las abrumadoras evidencias de vinculación del presidente y su entorno familiar con actos de corrupción. En segundo lugar, ha sido un acto de torpeza, que lo ha evidenciado desde el primer día que entró al poder. Todas las declaraciones públicas que ha hecho Castillo son conocidas a nivel mundial por un desatino tremendo. La desesperación, a causa del acorralamiento de la Justicia que lo investiga por actos de corrupción, y su torpeza llevaron a Castillo a cometer un acto de esta naturaleza.
¿Es comparable la decisión de disolver el Congreso de Castillo con la de Alberto Fujimori de 1992?
La única similitud que encuentro es en el contenido del discurso. En el caso de Fujimori, cuando leyó un 5 de abril un discurso similar al de Castillo, ya tenía los tanques en las calles, habían tomado los medios de comunicación. Entonces es evidente que este señor no ha tenido ni la más mínima diligencia de un buen golpista, porque Castillo es una persona bastante limitada en su comprensión y en su valoración de la realidad.
¿En qué se diferencian?
En primer lugar, en el contexto. En el caso de Fujimori el país estaba pasando en una crisis tremenda, con el terrorismo en las puertas de Lima. La crisis económica era espantosa. Entonces, la demanda por un gobernante fuerte, de un gobernante autoritario, era bien recibida en los sectores populares. Por otro lado, la popularidad que tenía Fujimori era altísima. Cuando Fujimori dio el golpe de Estado la población lo apoyó, mucha gente salió a apoyarlo. Y en tercer lugar, Fujimori planificó el golpe. Utilizó a las Fuerzas Armadas, contó con la Policía Nacional, si bien después tuvo que retroceder por la presión internacional. Lo que hizo Castillo no tiene nada que ver con el golpe de Fujimori. Por eso es que el 99% de personas estamos absolutamente sorprendidas por lo que ocurrió. Nos parece una decisión absurda, un salto al vacío, lo que hizo Castillo.
El expresidente recibió el respaldo de algunos gobiernos de izquierda de América Latina. ¿Tiene que ver con el desconocimiento sobre lo que pasa en Perú?
Ha habido izquierdas que han marcado distancia, como la chilena, por ejemplo. Pero creo que hay peligrosa simpatía de estos gobiernos con regímenes de izquierda anti-democráticos. Me da la impresión que no conocen la profundidad, los detalles, de lo que está detrás de de Castillo.
Usted ha tenido la oportunidad de defender a Martín Vizcarra ante la primera petición de vacancia del expresidente. ¿Qué representa esta figura legal para la política peruana?
Esa es una figura legal que está presente en la Constitución, en una Constitución con instituciones del siglo XIX, como la vacancia, que han quedado obsoleta. Es una cláusula que se había usado una sola vez, en el caso de Fujimori en 2000, sin mucha discusión. Lo que ha ocurrido en el Perú es que desde el 2016 el sistema político ha entrado a una crisis generalizada, que desencadenó fenómenos políticos muy profundos. En un contexto así, la política recurre a figuras que están pensadas para escenarios más concretos, más predecibles. Por ejemplo, en el caso de Castillo, ni bien dio el discurso, el Congreso tramitó una moción de vacancia por incapacidad moral de manera justificada. En ese caso, lo que estás haciendo es defender al sistema democrático. Pero creo que la herramienta de la vacancia está herida de muerte, porque ha demostrado que puede ser utilizada para el abuso, como en el caso de Martín Vizcarra y Pedro Pablo Kuczynski, y puede ser utilizada para situaciones realmente justificadas, como en el caso de Pedro Castillo.
¿Piensa que es un riesgo?
En un riesgo que traté de advertir en ese momento. En primer lugar, el de no tener una primera una interpretación jurídica adecuada a esta figura. Pero sobre todo por no requerir de responsabilidad política, porque finalmente estos son procesos políticos, no tienen un componente solamente jurídico. La decisión que prima es una decisión política, si el político no tiene la responsabilidad de tomar decisiones que no vayan luego a generar costos mayores, creo que es igual de igual de peligroso.
¿Es posible gobernar en Perú?
Es una gran pregunta. Es muy difícil la gobernabilidad en el Perú porque los actores políticos se han empobrecido. Es decir, los partidos políticos y las organizaciones políticas se han debilitado, no tienen cuadros. Entonces se han convertido en cascarones que comercializan la candidaturas. Eso ha paralizado demasiado la política en el Perú. Si le sumamos que además las reglas que ordenan la política no están diseñadas para esta época, porque quedan antiguas, porque son obsoletas y no responden a esta realidad, tienes un cóctel peligroso.
¿Cuál cree que va a ser la estrategia de la defensa de Pedro Castillo?
Pienso que ellos van a van a tener dos líneas argumentativas. La primera, van a tratar de decir que el procedimiento es nulo porque se destituyó a Castillo a través de un procedimiento que no está previsto. Y la segunda línea dirá que fue solo un discurso, que no hubo ninguna voluntad de quebrar el orden democrático, que esto ha sido simplemente un error del presidente, que ha habido ningún tanque. Pero esa tesis está destinada a fracaso, porque la Corte Suprema ha delimitado cuál es el ámbito relevante del delito de rebelión y por lo tanto, el simple discurso del presidente, en esas condiciones y con ese contenido, ya califica como delito.
Usted ha dicho que el 2016 es donde empieza la crisis. ¿Fue en el momento en que Keiko Fujimori no reconoce la victoria de Pedro Pablo Kuczynski?
Sí, en 2016 empieza la crisis política que tenemos ahora. Cuando Keiko no reconoce el resultado, asume una posición muy agresiva hacia el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski desde el Congreso, que finalmente desembocó en el primero intento de vacancia fallido y luego en una renuncia con una amenaza de vacancia de por medio. Eso hace muy difícil que pueda sostenerse un gobierno en el tiempo. En el Perú no hemos logrado un sistema político responsable, serio, maduro. Las reglas que tenemos no ayudan porque son reglas demasiado rígidas, para una realidad donde la política está marcada por la corrupción. Entonces, ahí se produce el cortocircuito. Esto desencadena lo que ya conocemos, una ingobernabilidad que nos viene afectando desde hace años.
¿Puede este contexto favorecer a Keiko Fujimori como una figura fuerte en medio del caos?
No, no creo. Ella no representa una figura fuerte. De hecho, si ella pretendiese hacer eso, tiene dos problemas. El primero, es que la gente recuerda que esta crisis comienza con ella, con su actitud frente al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde tuvo 72 parlamentarios que prácticamente apalearon a ese Gobierno. Y en segundo lugar, Keiko tiene un proceso judicial por lavado de activos y perdió tres veces las elecciones a presidenta, hasta con Pedro Castillo. Pienso que no tiene ninguna posibilidad, por lo menos en el corto plazo.