Rojas Bolaños, expolicía: “Los falsos positivos en Colombia obedecen a una estrategia estatal”
Omar Eduardo Rojas Bolaños hace duras acusaciones contra personalidades y responsables de la policía, el ejército y del Gobierno colombiano en su investigación Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010, realizada en colaboración con la Universidad de Santo Tomás. Durante la última década, este excoronel de la policía y sociólogo se ha dedicado a investigar los llamados “falsos positivos”, una práctica de asesinato a sangre fría de personas inocentes para hacerlas pasar por guerrilleros y mostrar así que se estaba ganando la guerra contra las FARC. De paso por Berlín invitado por Die Linke, charló con eldiario.es y asegura que ha tenido que renunciar a su trabajo seguro y que no podrá volver a su país por las amenazas de muerte que ha recibido. No quiere desvelar dónde establecerá su residencia por cuestiones de seguridad.
¿Porqué ese nombre de “falsos positivos” y no asesinatos extrajudiciales?
Es un concepto inventado por los propios militares para que cuando se dieran a conocer no fuera tan duro en la conciencia de la sociedad. Es diferente decir “es un crimen” a decir que es “un falso positivo”. Las personas que he entrevistado, que han sido verdugos, víctimas y testigos me fueron contando que es un concepto acuñado por los propios militares para reducir la magnitud del problema.
Usted explica en su investigación que los crímenes eran encubiertos cambiando incluso documentos oficiales.
No hay ningún falso positivo que se diera por azar, sino que todos los casos obedecen a una estrategia estatal para llegar y evidenciar que se estaba ganado la guerra contra las FARC. Antes de cada falso positivo se reunían en una sala de crisis el comandante de logística, el administrativo, el comandante de brigada, el de división, el de inteligencia, además de otros y planeaban dónde iban a dar el golpe, pero también de dónde iban a sacar el 'insumo'. O sea, las personas que iban a ser asesinadas.
No podían ser de la misma región para que la comunidad no se diera cuenta. Ellos procuraban por eso ir y secuestrar a las personas en comunidades lejanas, transportarlas allí, asesinarlas, vestirles de militares y adecuarles propaganda subversiva, armamento, etc. con el propósito de que si llegase a haber una investigación judicial determinaran que esos muchachos habían muerto por enfrentarse al ejército.
Suena como una operación propagandística macabra. ¿De cuántos casos estamos hablando?
El Gobierno de Uribe reconoció 44. Cuando comenzamos la investigación pensábamos que así era, sin embargo, nos encontramos que la Fiscalía está investigando cerca de 3.700 casos. Pero el Observatorio Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos tiene referenciados 5.700. Otras ONGs hablan de 6.000. Sin embargo, teniendo en cuenta la información que nos han proporcionado los propios verdugos, hemos llegado a contar 10.000 falsos positivos, ya que se recoge en documentos oficiales como por ejemplo el parte de guerra de la presidencia que se dio en 2010, en el que aseguraban que eran más de 19.600 subversivos muertos en combate.
Cuatro años más tarde hablaban solamente de 15.000 fallecidos. Además, el antiguo procurador estaba investigando más de 1.200 casos, pero de la noche a la mañana también pasó a investigar solo 400 casos. Además, por otro lado, están saliendo casos que ni la Fiscalía ni las ONGs tenían previsto a raíz de la autoinculpación de varios verdugos. Hicimos una triangulación comparando lo que había salido en los medios de comunicación, las sentencias judiciales, escuchamos grabaciones, además de entrevistar a víctimas, victimarios, etc.
Usted asegura en su libro que la justicia, a pesar del elevado número, investiga los casos de forma aislada pero no como un entramado. ¿Porqué cree que es así?
Porque el Gobierno colombiano de la época y que nuevamente asumió de nuevo este 7 de agosto, han manipulado la información y no están reconociendo el caso, no se dan cuenta de que fue sistemático. Nosotros hemos encontrado evidencias palpables donde mostramos que había una aritculación dentro de la misma unidad militar pero también una coordinación con otras unidades militares.
Además había coordinaciones entre todas las fuerzas militares: ejército, armada, fuerza aérea, policía... La fuerza aérea no ha sido investigada aún, pero también prestaba sus aviones para transportar a la gente. La armada también. Es decir, que no hay el interés suficiente en investigarlo.
La pena de muerte en Colombia no existe y resulta chocante que se presenten asesinatos, incluso cuando se trate de guerrilleros, como algo positivo.
La pena de muerte no existe formalmente en Colombia, sin embargo, cuando llega el Gobierno de la seguridad democrática le impone a las fuerzas militares una especie de pena de muerte, ya que a través de órdenes directas o indirectas aparece la que hoy es vicepresidenta de la república, Marta Lucía Ramírez al Ministerio de Defensa en 2002. Ella aseguró cuando llegó a los comandantes que a partir de ese momento se les iba a evaluar en función de los resultados. Esos resultados se traducían en el número de terroristas asesinados.
Cuando llega Álvaro Uribe las FARC se habían posicionado en las principales vías del país. Uribe da la orden de que se deben ocupar las principales vías del país y las cabeceras municipales. La guerrilla se da cuenta de la estrategia del Estado y del armamento que estaban comprando para enfrentarse y la guerrilla se va entonces a zonas rurales donde el ejército no podía perseguirles. Sin embargo, les estaban exigiendo al ejército y a las fuerzas del estado cuerpos. No había donde porque la guerrilla se había ido. Ante la ausencia de cuerpos se tenían que inventar dónde vamos a conseguir los muertos.
Reclutaban muchachos donde les ofrecían mejores puestos, secuestraban a personas, hubo una alianza macabra entre los paramilitares y el ejército que está comprobada. En esa alianza los paramilitares le entregaban posibles víctimas al ejército, que los asesinaba. Además de esa alianza quedó que ellos entregaban paramilitares indisciplinados a las fuerzas militares para que los asesinaran como castigo ejemplar. También conseguían a las víctimas a través de retenes militares legales. Por ejemplo, pasaba un autobús y veían qué personas estaban más mal vestidas y luego esos aparecían como asesinados en campo de batalla.
¿En las negociaciones entre las FARC y el Gobierno esto tuvo alguna repercusión?
Los falsos positivos no se tocaron en la Habana, pero lo desconozco. Si hacemos memoria se dijo que todo se podía negociar menos la doctrina militar y cuando llegamos y hablamos de doctrina militar hablamos de falsos positivos porque en el concepto de guerra de cuarta generación, la guerra sucia y psicológica está encuadrada en este contexto.
¿Es un problema conocido en Colombia?
Por supuesto, ya hace diez años que se conoció el primer caso de falsos positivos. Anteriormente esto también se daba, pero se llamaban ejecuciones extrajudiciales y desde el 2002 hasta ahora también se han presentado casos, pero no se les llama así, sino “errores militares”. Ahora no se dan de manera sistemática, pero hay casos aislados.
También hay varios militares que han declarado: coroneles, mayores, capitanes... que han declarado la existencia de los falsos positivos. Todos lo reconocen menos los generales. El general Montoya, que fue quien llegó y exigía a los comandantes cuando estaba al frente del ejército, que quería que se hicieran los falsos positivos. Hay muchos coroneles que aseguran que solo estaban obedeciendo órdenes.
Usted reclama una disculpa pública.
Efectivamente el ejército, la presidencia y el Ministerio de Defensa Nacional tienen que salir a la luz pública y pedir disculpas y perdón a toda la sociedad colombiana por los falsos positivos. Todas las condecoraciones y medallas que les fueron otorgadas a los militares por esos asesinatos tienen que ser devueltas. A unos les daban un millón de pesos a otros 300.000 por asesinar a los muchachos.
Se creó un título especial para sacar de ahí para los falsos positivos porque para los falsos positivos se necesitan recursos. ¿Cómo voy a transportar estas personas de un sitio a otro? Se necesita transporte, gasolina, uniformes, armas... son muchos gastos. Uribe no lo reconoce, pero él como jefe supremo de las fuerzas armadas tiene una responsabilidad en tanto que jefe de las fuerzas armadas, tanto de mando como política. El primer falso positivo salió en 2008 con los jóvenes de Soacha.
¿Qué caso es ese?
Los jóvenes de Soacha fueron como 18 muchachos de un municipio cercano a Bogotá que se llama así, Soacha. Esos muchachos fueron secuestrados en ese municipio y llevados al departamento de Santander, donde fueron asesinados. La opinión pública se enteró de los falsos positivos con ese caso. Pero en 2002 el 24 de octubre salió el primer caso de gran impacto en el cual el coronel Mejía, protegido por Uribe, agarró a cuatro muchachos del ELN, los asesinó y agarró a catorce personas más de la zona y los asesinó a todos juntos. Y Mejía aseguró que él respondía a órdenes del presidente.
¿Cree que puede ser una solución que sea un tribunal extranjero quien juzgue estos casos?
Para mí como excoronel de las fuerzas armadas de Colombia, que me tocó vivir la guerra durante tres décadas y sé qué es eso, considero que la Corte Penal Internacional es la que debe juzgar a los militares y a los no militares que crearon la estrategia de los falsos positivos porque en Colombia hay immpunidad. En Colombia se les protege. La sociedad lo sabía, pero se callaba y decía, sí, se le está ganando la guerra a la guerrilla, miren...
Es una mentalidad fascista, paramilitar, dentro de las fuerzas de seguridad de Colombia, que llega a las familias también. Es por eso que recurro al concepto de Hanna Arendt, para encontrar un paralelismo entre los verdugos del holocausto y de los falsos positivos colombianos. El punto de encuentro fue constatar que los familiares de los verdugos aseguran que sus familiares son los mejores hijos, padres y esposos.
