Jeanine Áñez tomó posesión el martes declarándose una presidenta transitoria y prometiendo elecciones “cuanto antes”. Sin embargo, los tres días desde su nombramiento tras el golpe de Estado a Evo Morales no han sido desaprovechados por la nueva mandataria boliviana que se ha olvidado de su periodo de provisionalidad hasta unos nuevos comicios y ha ido tomando decisiones de un calado muy importante que podrían afectar a la política nacional, pero también a las relaciones internacionales del país no sólo en el hoy, sino en un todavía incierto futuro.
Áñez entró en el puesto prometiendo devolver la Biblia al Palacio. Sus primeras imágenes como presidenta fueron con el libro sagrado de los cristianos en la mano lo que supone un retroceso a antes de la Constitución de 2009 en la que se establece la laicidad del Estado. Esto es, la separación del poder eclesiástico y de influencia de la Iglesia de todo lo que tenga que ver con las Administraciones Públicas. Asimismo, esta toma de poder la hizo en el Palacio Quemado, la antigua sede de gobierno antes de que Morales mandase construir la Casa Grande del Pueblo, un imponente edificio que se encuentra justo detrás.
Pero esa imagen es puro simbolismo comparadas con las otras decisiones que Áñez ha tomado o que plantea tomar. El mismo día de la toma, quien le anudaba la banda era el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. Hoy, para hablar del hombre que provocó la renuncia de Evo Morales hay que hacerlo en pasado. La mandataria cambió en su primer día de gobierno la cúpula militar sustituyendo a Kalima, quien se le consideraba un aliado de Morales hasta que el domingo pidió la marcha del presidente, por el general Carlos Orellana Centellas.
En tres días de gobierno, el gobierno boliviano también ha mostrado su predisposición hacia las críticas a los medios de comunicación y a la petición de encarcelamientos. La nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a la prensa nacional y a la internacional con acusarla de sedición “si no cumplen con su trabajo”. “Algunos periodistas, bolivianos y extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder ante la ley boliviana”, explicó la responsable gubernamental. Estas acusaciones también se dirigieron hacia antiguos ministros y funcionarios del país. El ministro de Gobierno anunció “una cacería” contra su predecesor al que acusó de haber estado sembrando la violencia en el país.
Ha sido en política exterior y especialmente relacionado con Venezuela donde Áñez ha dejado su impronta sin importarle el calificativo de “transitorio” que le puso ella misma a su mandato. De los primeros reconocimientos internacionales que tuvo al jurar su cargo fue el de Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por la Asamblea Nacional en la que hay mayoría opositora. Vía Twitter él felicitó a la nueva presidenta y ella le invitó a nombrar un nuevo embajador en el país lo que en ese momento suponía una quiebra con el gobierno de Maduro y el reconocimiento expreso de Guaidó como máximo dirigente venezolano.
A esto se añadió este viernes el anuncio por parte de la canciller interina, Karen Longaric, que el país rompía relaciones con el Ejecutivo venezolano. El motivo que esgrimió Longaric fue que había venezolanos vinculados con la embajada del país en La Paz que estaban “atentando contra la seguridad interna de Bolivia”. Asimismo, señaló que el actual gobierno será “consecuente” con los principios democráticos de respeto a los derechos humanos y la carta democrática de la Organización de Estados Americanos.
La responsable de la diplomacia boliviana también anunció la marcha del país andino del ALBA, la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe que ideó el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y a la que se unió Bolivia en cuanto Evo Morales subió al poder. Bolivia se añade ahora a Ecuador que en 2018 decidió salir tras la crisis de refugiados venezolanos. Ahora mismo, el grupo está compuesto por Antigua y Barbuda, Cuba, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Dominica, San Vicente y las Granadinas y la propia Venezuela además de Haití como observador.
El rechazo entre el nuevo gobierno boliviano y el ALBA es mutuo. Los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América acordaron calificar la salida del poder de Evo Morales y la llegada de Áñez como un “golpe de Estado consumado de la oligarquía boliviana”, acusaron al ejército boliviano de violentar el orden constitucional y reclamaron el regreso de Evo Morales al que consideran como el presidente legítimo del país.
Asimismo, también deslizó la posibilidad de abandonar la cada vez más debilitada Unasur. Este proyecto que intentaba integrar a todo el continente latinoamericano, especialmente durante el periodo de gobiernos progresistas en países como Brasil y Argentina, tuvo un papel fundamental en la crisis del Oriente boliviano en 2008 cuando las tres regiones de la ‘media luna’ (Beni -de donde es Áñez-, Pando y Santa Cruz) iniciaron una revuelta autonomista contra Morales. En ese momento, la determinación de los socios de Unasur fue clave para frenar la insurgencia.
Por último, la autoproclamada presidenta del país puso además en duda que Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo pudieran presentarse en las elecciones que debe convocar. “El tribunal deberá decidir si el MAS puede participar o no”, explicó la nueva mandataria del país acusando al partido del ex presidente de causar un golpe de Estado con el intento de fraude electoral. Morales convocó nuevas elecciones tras el informe preliminar de la OEA, unas elecciones que siguen sin tener fecha, pero que tienen como límite el 22 de enero, día en que acaba el mandato constitucional de las cortes. Mientras tanto, Áñez seguirá tomando medidas.