Generalizada, sistemática y con patrones comunes. El uso de la tortura por parte de las autoridades rusas es fruto de una política de Estado coordinada y, por tanto, constituye un crimen contra la humanidad, según ha concluido la comisión independiente de expertos enviada por la ONU a Ucrania.
En el último informe que ha presentado a la Asamblea General, el tercero, la llamada Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania recuerda que anteriormente había concluido antes que este uso de la tortura constituía crímenes de guerra, otra categoría. “Basándonos en nuestras pruebas, hemos llegado a la conclusión de que las autoridades rusas han actuado conforme a una política de Estado coordinada para torturar a civiles y prisioneros de guerra ucranianos y, por tanto, han cometido crímenes de lesa humanidad”, dice Erik Møse, presidente de la comisión, en un comunicado.
Según explican los investigadores, ahora, “otros casos de tortura contra civiles y prisioneros de guerra ucranianos han demostrado el uso de la tortura en todas las zonas bajo control ruso en Ucrania y en los centros de detención que ha investigado en Rusia”. En sus informes anteriores, la comisión ya había establecido que la práctica de la tortura por parte de las autoridades rusas era “generalizada” y los patrones comunes “también mostraban que era sistemática”. “Estos patrones se refieren a las categorías de personas a las que se dirige, el objetivo para el que se utiliza la tortura y los métodos empleados”, indica.
Los expertos enviados por la ONU han identificado ahora otros elementos comunes, como la repetición de prácticas violentas utilizadas en centros de detención de Rusia en centros similares de zonas bajo control de Moscú en Ucrania. “Los exdetenidos describieron sistemáticamente las mismas prácticas duras diseñadas para asustar, quebrantar, humillar, coaccionar y castigar. Las pruebas demuestran además que las autoridades rusas desplegaron servicios y fuerzas de seguridad específicos de la Federación Rusa en diversos centros de detención de las zonas ocupadas que controlaban en Ucrania. Dichos servicios y fuerzas actuaron de forma coordinada, y de acuerdo con una división específica del trabajo, en la perpetración de torturas”.
En los centros de detención también ha sido recurrente la violencia sexual como forma de tortura, principalmente contra hombres. “Uno de ellos declaró haber sido sometido a descargas eléctricas con pistola eléctrica en los genitales al menos seis veces”, explica la comisión, que también señala que, según las víctimas y los testigos, muchos funcionarios perpetraron torturas abiertamente, “con una aparente sensación de impunidad”.
Los detenidos también se enfrentan a una “ausencia general o una negación de asistencia médica” en los centros. Las víctimas de las torturas contaron a los expertos que sufren dolor físico y trauma, “con secuelas duraderas o irreparables”, y se enfrentan a “inmensos” problemas psicológicos.
Los investigadores también aluden en el documento a las oleadas continuas de ataques perpetrados por el Ejército ruso contra las infraestructuras energéticas ucranianas que han provocado apagones que han afectado a millones de civiles. “Entre otras consecuencias, los cortes de electricidad han restringido el disfrute de los derechos a la salud y a la educación, con graves efectos sobre los niños, las personas mayores y las personas con discapacidad o con algún problema médico. Describieron sentimientos de angustia, ansiedad y aislamiento”. Por otro lado, también siguen investigando los ataques con armas explosivas que golpearon a civiles y objetivos civiles en todos los lados de la línea del frente.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania está formada por tres expertos –Erik Møse, Vrinda Grover y Pablo de Greiff–, y fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar las violaciones y abusos de derechos cometidos en el contexto de la invasión rusa. Previamente, habían concluido que las autoridades rusas han cometido una “gran variedad” de violaciones del derecho internacional en diversas regiones del país, muchas de las cuales equivalen a crímenes de guerra.