La Justicia de El Salvador investigará la autoría intelectual de la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres, tras 32 años, después de que un tribunal ordenara este viernes que la causa contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y 10 personas más pase a instrucción.
La apertura de esta etapa, en la que se realizará un investigación judicial, es el paso previo para que el caso pueda ser llevado a juicio.
Este proceso contra los supuestos autores intelectuales se venía posponiendo desde el año 2000, cuando un tribunal dictó el sobreseimiento de la causa en favor de seis militares y el expresidente Cristiani por la existencia de una ley de amnistía.
Orden de captura contra Cristiani
El juez José Campos, titular del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, ha resuelto que 11 de los acusados enfrenten la etapa de instrucción, mientras que dictó el sobreseimiento del proceso a favor de dos militares fallecidos.
El juez ha ordenado la detención del expresidente Cristiani, con paradero desconocido, y del coronel retirado Inocente Montano por no presentarse y no nombrar abogados defensores. En el caso de Montano, este se encuentra en España, donde fue condenado a 133 años de prisión por la Audiencia Nacional por esta misma masacre.
Cristiani llegó al poder en 1989 con la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y es conocido como “el presidente de la paz” por firmar el final de la guerra civil (1980-1992).
Mediante un comunicado, divulgado en redes sociales por una de sus hijas, el también empresario se ha desvinculado de los planes para ejecutar a los jesuitas, entre ellos el del español Ignacio Ellacuría. “La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”, ha sostenido Cristiani.
El expresidente afirma que es víctima de “acoso político” por el fiscal general, Rodolfo Delgado, a quien tilda de ser “impuesto” por el Gobierno de Nayib Bukele.
Cristiani se ha convertido así en el quinto presidente de la historia reciente de El Salvador con orden de captura, tras Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009), Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), por estar vinculados a actos de corrupción.
Delitos de lesa humanidad
Inicialmente eran 13 los procesados, pero la corte ha ordenado el sobreseimiento por haber fallecido para Francisco Elena Fuentes y René Emilio Ponce, este último cabeza principal del Ejército en el momento de los hechos. El juez ha ordenado también la detención del exdiputado Rodolfo Parker, y de los militares Nelson Iván López, Joaquín Cerna y Óscar León. Para el general Rafael Bustillo, Camilo Hernández, Rafael Larios, Juan Orlando Zepeda y Manuel Rivas se ha decretado la libertad condicional.
Estas personas enfrentan cargos de asesinato, comisión por omisión de asesinato, actos de terrorismo, proposición para actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento.
La defensa de los militares ha solicitado que los cargos de fraude y encubrimiento fueran desechados por no considerarse delitos de lesa humanidad, pero el juez los ha elevado a esa categoría al señalar la “conexión” que tienen con los asesinatos.
El general se desvincula
Bustillo y Hernández han sido los únicos procesados que han acudido a la audiencia inicial y divulgación del fallo, donde el primero se ha desvinculado y ha señalado que no participó en una reunión en la que se dio la orden de asesinar a Ellacuría “sin dejar testigos”.
El informe de la Comisión de la Verdad de 1993 relata que antes de la masacre se reunió el alto mando del ejército, cita en la que Ponce ordenó eliminar a líderes de la insurgencia y sindicalistas. Tras esa reunión, se mantuvo otra en la que supuestamente estuvieron Bustillo, Ponce, Fuentes y Montano, y en la que se habría ordenado la matanza de los jesuitas.
“No estuve yo allí, porque yo había partido para la Fuerza Aérea. Yo me retiré de la primera reunión a las 8 y 10 minutos (de la noche) y no volví a regresar”, ha dicho a la prensa Bustillo y ha añadido “¿cómo diablos iba yo a saber?”.
Investigación tres décadas después
Este proceso se ha demorado más de tres décadas a raíz de una ley de amnistía de 1993, que fue anulada en 2016, y un fallo de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenaba su cierre.
En 2017, por petición de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), una corte ordenó su reapertura, pero se retrasó por diversos recursos presentados por la defensa.
El último fue uno de casación que dos jueces suplentes de la Sala de lo Penal del Supremo respaldaron y ordenaron el cierre de la causa, pero la Sala de lo Constitucional revirtió dicha decisión al declararla inconstitucional.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando de soldados de élite mató a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la UCA.
Las víctimas fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López. También fueron asesinados Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.