Los movimientos conservadores en Uruguay activan un pre-referéndum contra la nueva Ley para las Personas Trans

Fue en la fiesta de su 15 cumpleaños, una tradición arraigada en América Latina que simboliza el tránsito de las adolescentes a la edad adulta, cuando Lucas (entonces se llamaba Lucía) se dio cuenta de que no quería ponerse un vestido. Hasta entonces nunca le había dado mucha importancia al hecho de no sentirse cómoda con ciertas prendas o que no le gustaran algunas costumbres de sus amigas, pero esa noche algo hizo clic. No supo, sin embargo, poner nombre a lo que sentía hasta que cumplió los 17: era una persona trans. A partir de ahí, decidió que comenzaría una nueva vida.

El hecho de haberse criado en una familia conservadora en una ciudad del interior de Uruguay, donde las tradiciones todavía pesan considerablemente, no facilitó las cosas. Pero a los 20 años, Lucía ya tenía claro que era Lucas y logró armarse de valor para irse de casa. Con solo una mochila pero un equipaje emocional mucho más pesado, tomó un autobús hacia Montevideo y dejó una carta a su familia donde aclaraba que se había ido por su voluntad propia. Aún así, sus padres terminaron denunciando su desaparición ante la policía.

Una vez que llegó a la capital uruguaya fueron varios amigos quienes le apoyaron y ofrecieron un lugar para quedarse, convirtiéndose así en su nueva familia. Dos años después, comenzaría su terapia hormonal en el hospital público Saint Bois, que atiende a personas trans.

“La vida me ha regalado otra familia que me ha dado la contención que necesito. Mis amigos me lo han dado todo”, cuenta Lucas a eldiario.es, quien lleva tres años sin tener noticias de sus padres.

El apoyo de sus amistades ha sido un pilar fundamental para este joven uruguayo, pero en el camino aún se enfrenta a numerosos problemas. Uno de ellos es no haber podido cambiar su nombre y sexo en los documentos identificativos porque cuando lo solicitó implicaba un trámite judicial costoso y lento (si bien ahora el proceso ha sido simplificado). Esto ha añadido dificultades a Lucas a la hora de buscar empleo.

“No pude terminar la Secundaria y ahora mi prioridad es encontrar trabajo, pero hay un rechazo cuando tu nombre no es el mismo que figura en el documento y cuando tu imagen es diferente. No todas las empresas son precisamente amigables con las personas trans”, explica.

Problemas comunes

Las dificultades para cambiar el nombre y el sexo en documentos, haber abandonado los estudios, la precariedad laboral o el rechazo familiar no son problemas que no solo afectan a Lucas, sino que se extienden a la mayoría de las personas trans en Uruguay, una de las poblaciones más vulneradas del país.

Así lo confirman los datos del primer censo de población trans en Uruguay que elaboró en 2016 el Ministerio de Desarrollo Social, que cifra en 853 las personas que declaran ser trans en el país. Esta estadística reveló que casi la mitad de este colectivo abandonó su hogar a los 18 años y que el 60% no terminó la enseñanza media básica.

Según ese mismo censo, el 58% dijo haber sido discriminado por algún miembro de su familia, mientras que un 64% sufrió discriminación por parte de un compañero de trabajo. La encuesta también indicó que el 90% de la población trans se identifica como mujeres y que la mayoría de ellas ha realizado alguna vez o se dedica actualmente al trabajo sexual para poder vivir.

Por otro lado, un estudio de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans), indica que la esperanza de vida de este colectivo en la región se sitúa entre los 35 y 41 años, mientras que la del resto de la población está entre los 70 y los 80 años, dependiendo del país.

Con el objetivo de intentar cambiar esa realidad, en octubre del año pasado, bajo el gobierno del izquierdista Frente Amplio, en Uruguay se aprobó la Ley Integral para Personas Trans, que reconoce derechos a este colectivo a través de la implementación de políticas públicas. La norma garantiza el acceso al sistema educativo, al sanitario y al laboral.

Entre otras medidas, el cambio de nombre y sexo en los documentos de identidad pasa de ser un trámite judicial a uno administrativo, más sencillo y rápido.

Además, en los concursos públicos se debe reservar un 1% de cupo laboral para personas trans y las instituciones que otorguen becas también deben prever cupos del 2%.

La norma contempla una pensión reparatoria de unos 12.000 pesos (cerca de 320 euros) a aquellas personas que durante la dictadura (1973-1985) “fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad debido a prácticas discriminatorias por parte de agentes de Estado” debido a su identidad de género.

Si bien esta medida ha generado polémica entre los críticos, la que sin duda ha sido más polémica es la que se refiere al ámbito de la salud, pues la norma permite a los adolescentes recibir tratamiento hormonal sin el consentimiento de los padres. Sin embargo, esa hormonización dependerá siempre de la autonomía del adolescente para decidir sobre su sexo y de que un equipo multidisciplinario realice un informe favorable.

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, los menores que quieren acceder a operaciones genitales irreversibles deben contar la autorización de sus padres o representantes legales.

Grupos evangélicos contra los cambios

A medida que se iba avanzando en la ley, también un sector del conservador Partido Nacional de Uruguay encabezado por el diputado suplente Carlos Iafigliola, quien se define como defensor de la vida y la familia, y el legislador y pastor evangélico Álvaro Dastugue, preparaba su contraofensiva para intentar derogar la norma.

A través de la campaña “Todos somos iguales”, estos dos políticos conservadores presentaron más de 69.000 firmas ante la Corte Electoral con el objetivo de hacer un pre-referéndum en contra de la ley trans.

Al superar con esas firmas el 2% del padrón de votantes como indica la Constitución, la Corte Electoral convocó esta consulta popular para el domingo 4 de agosto. En el pre-referéndum el voto no es obligatorio y se necesitaría la participación de un 25% del electorado, unas 650.000 adhesiones, para poder convocar después un referéndum derogatorio.

La forma en la que se obtuvieron las firmas en la campaña de Iafigliola y Dastugue ha sido muy cuestionada por los colectivos trans, pues consideran que la información utilizada para convencer a la ciudadanía fue engañosa e incluso denunciaron penalmente a estos políticos por incitación al odio. 

Consultado por eldiario.es, Iafigliola considera que la ley trans “es peligrosa, injusta e inconstitucional” porque “da beneficios a estas personas por encima del resto de los ciudadanos por el hecho de que simplemente se autoperciben un género distinto al que sexo con el que nacieron”. 

Si bien admite que “hay derechos de personas trans vulnerados”, también considera que no hay que generalizar, pues argumenta que “los principales referentes de los colectivos trans en Uruguay tienen buenos trabajos”. El político también asegura que esas vulnerabilidades sociales “no se deben resolver con una ley, sino con políticas públicas a través del Ministerio de Desarrollo Social”.

También critica especialmente el hecho de la ley trans contemple que los menores de edad puedan recibir tratamiento hormonal sin el consentimiento de los padres.

Iniciativa “transfóbica”

Desde el Colectivo Trans del Uruguay (CTU) aseguran que el pre-referéndum de este domingo es “una iniciativa que nace de la transfobia, del no querer reconocer derechos a una población que ha sido históricamente vulnerada, violentada y asesinada”, dice a eldiario.es Collette Spinetti, directora de esta organización.

Spinetti sostiene que en Uruguay “hay una derecha social que está canalizada en la derecha política donde está Iafigliola que es muy resistente a los cambios, al reconocimiento de los derechos, y en especial reconocer la legitimidad de la identidad trans”, explica, al tiempo que añade que estos políticos “de alguna manera sienten que pierden poder”.

La activista trans también se muestra preocupada por el avance de las iglesias evangélicas neopentecostales en América Latina, pues niegan el cambio y suponen una amenaza para la agenda de derechos impulsada en los últimos años en la región. El mayor éxito político de estas iglesias lo representa el presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien logró la victoria en las elecciones de octubre pasado con el apoyo clave de diferentes grupos evangélicos.

Si bien estos grupos han logrado tener presencia en el Parlamento uruguayo, sigue siendo mucho menor que en otros países latinoamericanos. Sin embargo, advierte Spinetti, “cada vez invierten más dinero en Uruguay para tener más poder”.

La activista confía en que el domingo no se logren las 650.00 firmas que habilitarían a un referéndum sobre la ley trans, aunque teme que si la derecha gana en las elecciones de octubre la implementación de la norma quede bloqueada.