Como si de la campaña electoral se tratara, los más fieles seguidores de Jair Bolsonaro, se han echado a las calles de las principales ciudades brasileñas para apoyar a su líder en su peor momento. El actual presidente tan solo ha visto pasar cinco meses de Gobierno para llegar a este punto. Por un momento se ha planteado, incluso, estar presente y encabezar en persona alguno de los actos. Su núcleo mas cercano le ha recomendado que no. Queda mucha negociación por delante en el Congreso para intentar sacar adelante todas las medidas que se propuso cuando alcanzó el poder.
Lo primero es la reforma de la Seguridad Social, convertida en su principal línea de trabajo, pero avanzando en el Congreso a un ritmo mucho más lento del que Bolsonaro y su ministro de Economía, Paulo Guedes, desearían, y con más obstáculos de los que nunca hubieran podido imaginar. Guedes, gurú económico de Bolsonaro y mayor bastión del Gobierno, ha afirmado que dejará el cargo si la reforma, después de demasiadas enmiendas, “se queda en reformita”. El Gobierno no ha logrado hasta ahora conectar con el demoninado “Centrão”, el bloque de partidos de centroderecha tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta, decisivos a la hora de llevar la teoría a la práctica en la política brasileña.
Pero las dificultades de gobernabilidad no acaban ahí. Bolsonaro ha jugado una carta arriesgada al anunciar en el Diario Oficial de la Unión la aprobación de un crédito suplementario de 1.857 millones de reales (unos 440 millones de euros) para cuadrar los presupuestos de los Ministerios de Agricultura y Ganadería, Economía, Educación, Sanidad, Infraestructura y Defensa. La decisión unilateral ha complicado más todavía la creación de mayorías suficientes que puedan ir dando salida a los proyectos de Bolsonaro y su equipo. A estas alturas, se han visto ya obligados a recular en el decreto del porte de armas, tras reclamaciones de gobernadores, la Agencia Nacional de Aviación Civil y organizaciones como Amnistía Internacional. Han generado también una enorme polémica con los recortes anunciados en ciencia y educación, y hay medidas provisionales a punto de caducar sin visto bueno por falta de consenso, como la reforma administrativa ministerial.
La actitud de Bolsonaro ante las dificultades, ejemplificada en sus declaraciones sobre los manifestantes que protestaron contra los recortes en las universidades federales hace unas semanas –les llamo “idiotas útiles” y “masa de maniobra”–, está caldeando la huelga general convocada para el próximo 14 de junio.
Poder de movilización del acto
Pero nada de eso les importa a los más fieles seguidores de Jair Bolsonaro. Este domingo han sido ellos los que se han manifestado, y han vuelto a tomar las calles con banderas de Brasil, con camisetas de la selección de fútbol y con todo tipo de mercadotecnia bolsonarista, como en los pasados meses de septiembre y octubre. Desde los micrófonos de las concentraciones se gritó contra Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de Diputados –“Es un delincuente”, se ha escuchado en la concentración de Río de Janeiro–, contra todos aquellos que quieren bloquear y paralizar Brasil, y a favor de otros importantes miembros del Gobierno como el exjuez federal Sérgio Moro, actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, y su proyecto de ley anticrimen.
“He venido gratis” es uno de los cánticos habituales en estas manifestaciones, a modo de crítica a los actos de los partidos de izquierdas, que en opinión de los seguidores de Bolsonaro se llenan de asistentes a los que les han pagado el viaje y un bocadillo. “¡Y decían que había cien personas...!”, se ha alegrado un hombre recién llegado, disfrutando de la enorme cantidad de personas reunidas en la Avenida Atlántica de Copacabana.
“Hay que poner orden, lo primero es ordenar la casa”, ha gritado otro de los manifestantes, recibiendo a los que se incorporaban y repartiendo octavillas. Es indiscutible que en Brasil, dentro de la polarización que se vive en estos días, cientos de miles de personas han recuperado la ilusión con Bolsonaro. El presidente aún conserva el poder de movilización que le llevó a suceder a Michel Temer.
La división interna va a más
En cambio, a pesar de que el verde y amarillo haya regresado a las calles, la ola que se llevó por delante a la izquierda brasileña en las pasadas elecciones presidenciales –heterogénea pero efectiva– empequeñece por momentos en los pasillos del Congreso, generando poco a poco división interna y dudas entre el electorado que entregó su confianza a su candidato.
El Movimiento Brasil Libre, articuladores esenciales de la derecha, y fundamentales en el giro ideológico del país desde las manifestaciones populares de 2013, ha comenzado a dar la espalda a Bolsonaro. A estas alturas, el MBL ya no solo se dedica a gestionar perfiles en redes sociales, sino que cuenta con diputados y senadores y actúa desde dentro de las Cámaras, con Kim Kataguiri como referencia. Fueron una organización clave en el proceso de impeachment de la expresidenta Dilma Rousseff, igual que lo fue la abogada Janaina Paschoal, una de las autoras del pedido que terminó con la carrera de Rousseff. Paschoal, convertida en heroína nacional para parte de la población, decidió entrar en política, alistándose en el Partido Social Liberal, la agrupación de Bolsonaro. Hoy es diputada estatal en São Paulo, y, como Kataguiri, no ha entendido que un presidente recién elegido necesite manifestaciones que lo defiendan.
Teniendo en cuenta las dificultades que Bolsonaro está encontrando para sacar medidas adelante en Brasilia, Kataguiri, diputado federal –alistado en el partido Demócratas–, ha explicado su visión en una participación en TV Cultura. “Hay dos salidas: o el Congreso tiene una pauta independiente, y en ese sentido el presidente de la República acaba siendo la Reina de Inglaterra porque pierde el poder de pautar el debate nacional, o el Congreso Nacional, negando el crédito suplementario, abre el margen para la discusión de un proceso de impeachment, porque el presidente comete delito fiscal”, ha asegurado.
El riesgo de la falta de habilidad política de Bolsonaro podría ser precisamente ese: sobrepasar el límite de endeudamiento público citado en la Constitución Federal, la llamada “Regla de Oro”, y acabar siendo juzgado por los mismos con los que no está siendo capaz de llegar a acuerdos.