La seguridad acapara la agenda de Gabriel Boric en Chile

Desde hace más de un año, Tamara González, propietaria de un pequeño quiosco en pleno centro de Santiago, decidió anticipar la hora de cierre de su negocio. “Antes cerraba a las 19:00 horas, pero la gente me empezó a decir 'váyase a casa que aquí se pone feo’, y ahora cierro a las 17:00”, dice a elDiario.es.

Como ella, una buena parte del vecindario de la capital vive con temor por el aumento de los delitos violentos en Chile. “Se ha incrementado la violencia, yo lo veo cada noche aquí, ya no les importa si son mujeres, o la edad que tengan”, dice Rodrigo Veliz, conserje de noche desde hace más de nueve años que trabaja en un edificio del centro de Santiago. “Yo mismo aconsejo a la gente que si esperan su transporte lo haga dentro, y uno también tiene más miedo en este trabajo”.

La muerte en menos de un mes de tres policías durante un control rutinario, junto con las noticias que se publican a diario de homicidios, tiroteos y crímenes violentos, sobre todo en las ciudades, ha dejado el país en un estado de conmoción casi permanente. La crisis de seguridad ha capturado la discusión en la calle y la agenda de los medios de comunicación e instituciones.

La última encuesta Cadem, publicada este domingo, reveló que el 91% de las personas consultadas cree que la delincuencia es más violenta que hace un año, un porcentaje tres puntos por encima del sondeo de marzo. Cuanto más crece el miedo, más aumenta el apoyo a los policías. Los carabineros [policía chilena militarizada] han remontado en respaldo ciudadano, que se desplomó en 2017, cuando se destapó una grave trama de corrupción dentro del cuerpo, y luego se agudizó con las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el estallido social de 2019.

“No es de extrañar que la ciudadanía busque refugio y amparo en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ante un incremento real de la violencia criminal, amplificado por el contexto político”, dice a elDiario.es Alejandra Mohr, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

Según la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Interior, desde 2002 a 2022 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes aumentó un 67,8%, de 2,8 casos a 4,7. Las regiones más afectadas son las del norte del país, fronterizas con Perú y Bolivia, lo que ha reforzado discursos xenófobos que asocian el aumento de la criminalidad con la migración. Respecto a 2021, los homicidios aumentaron el 32% y el uso de las armas de fuego en la ejecución de estos delitos incrementó en un 46%, según cifras de la Policía de Investigaciones (PDI).

Aunque se trata de porcentajes considerablemente menores que en otros países de la región, Chile es el tercer país de América Latina donde más aumentó la tasa de homicidios el año pasado, solo por detrás de Ecuador y Uruguay, según la fundación InSight Crime, que estudia el crimen organizado y la seguridad ciudadana en el continente.

Una agenda de seguridad pactada y urgente

Tras las muertes de los agentes, el presidente Gabriel Boric ha ampliado su agenda de seguridad. La semana pasada, el Ejecutivo acordó con el Congreso la tramitación de varios proyectos de ley urgentes y un paquete de otras 31 propuestas para legislar en distintos plazos. “Es necesario construir unidad para afrontar el desafío del crimen violento, que hoy está presente en muchos territorios y que requiere de esfuerzos extraordinarios”, dijo la Ministra de Interior, Carolina Tohá, durante el anuncio del pacto entre poderes. Entre las iniciativas que se legislarán hay normas para prohibir el porte de combustible en manifestaciones, mejorar la persecución financiera de los delitos y crear el Ministerio de Seguridad, entre otras. También se implementará un plan de intervención comunitaria contra la violencia en 46 barrios del país.

Otro primer bloque de medidas fue aprobado hace dos semanas con la polémica Ley Naín-Retamal, denominada por algunos sectores como “ley de gatillo fácil” porque otorga más facultades a Carabineros en el uso de las armas de fuego. “Hay una presión pública y política para legislar con urgencia, algo que nunca se debería hacer rápido porque las leyes se aplican de forma universal y tienen vigencia durante años”, dice Jorge Araya, exjefe de la división de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago.

El día antes de publicarse la norma en el Diario Oficial, un policía mató a un joven de 19 años con siete disparos en la cara. La familia cuestiona la versión de Carabineros, que acusó al hombre de atropellar a uno de sus agentes, y denuncia que no hay registros en las cámaras de seguridad de los alrededores.

Tensiones en la coalición de Gobierno

Las nuevas medidas han traído tensiones en la coalición de Gobierno de centro-izquierda. En una demostración pública de malestar, algunos parlamentarios del sector más de izquierda de la alianza anunciaron su intención de llevar la controvertida norma al Tribunal Constitucional. Sin embargo, su rápida promulgación tras la muerte del tercer uniformado lo impidió. La legislación en la materia se prevé larga y los expertos pronostican nuevas incomodidades ante un complejo escenario que se ha transformado en uno de los arietes de la oposición de derecha, en particular de los grupos ultraconservadores, contra el Gobierno.

En medio de la convulsión y tras conocerse que los imputados por la última muerte de un policía eran de nacionalidad venezolana, la Fiscalía también originó su propia polémica. Decidió que solicitará la prisión preventiva como medida cautelar para los extranjeros indocumentados que sean detenidos por cualquier delito. El nuevo criterio ha alertado organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional e incluso Boric se refirió al asunto: “La migración en sí misma no es un delito. No confundamos a todos los migrantes con delincuentes, eso es importante decirlo, aunque a veces sea impopular”.

“El problema de esta instrucción es que requiere que los fiscales pidan al juez de garantía la imposición de la prisión preventiva a imputados en circunstancias que no siempre van a satisfacer los requerimientos de necesidad de cautela y proporcionalidad que establece el Código procesal penal chileno”, dice Jorge Cabrera, investigador en Derecho Penal Universidad de Talca.

En una entrevista radiofónica esta semana, la portavoz de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha dicho que el país “no puede transformarse en un Estado policíaco” y ha pedido no buscar soluciones “en estado de desesperación”. “Tenemos que ser un Estado donde se aumenten las medidas de seguridad, pero no uno en que los ciudadanos no tengan libertades... Esas combinaciones son finas, no es fácil hacerlas”.

Penetración del narco y crimen organizado

El problema de fondo en Chile apunta, según los expertos, a un aumento del narcotráfico y las bandas organizadas. “Hay un crimen organizado nacional ligado con bandas de microtráfico que se empoderó y ha ido adquiriendo bienes, casas, vehículos y la capacidad de cooptar a otros sujetos”, dice Araya. “A eso —continúa— se sumó, en los últimos 12 o 15 años, un crimen organizado internacional que agravó esta situación”.

“La globalización del crimen y los intereses económicos de las organizaciones han aprovechado los flujos migratorios intensos del último tiempo y políticas confusas en la materia para contribuir al ingreso regular o irregular de personas que vendrían específicamente a cometer delitos, lo que no significa, en ningún caso, que las personas que llegan a nuestro país vienen a eso, es solo una pequeña parte”, dice Mohr.

La académica critica que, para enfrentarse a esta situación, Chile ha privilegiado “la política de mano dura, el aumento de penas y las facultades de la institucionalidad”, sin que eso haya dado resultados. Araya, por su parte, considera que para afrontar este nuevo escenario “hay que ampliar la capacidad institucional”, lo que pasaría —según él— por tener una policía mucho más preparada, con más agentes; reglamentos “muy claros” sobre el uso de la fuerza; más fiscales y un aparato de justicia preparado para tramitar las causas “con celeridad, oportunidad, eficiencia y sin atropellar los derechos de nadie”. “La sabiduría de un régimen democrático es compatibilizar la libertad con un grado razonable de seguridad”, concluye.