El gobierno de Javier Milei ha menoscabado el proceso de memoria, verdad y justicia, reconocido en el mundo, entre el negacionismo y el desmantelamiento de políticas públicas. Un informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta constata que en seis meses el Ejecutivo argentino ha buscado entorpecer las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.
El 14 de mayo el presidente ultraderechista reivindicó los indultos (declarados inconstitucionales) al colocar el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada, unas de las medidas más controvertidas del expresidente peronista de derecha. Milei recalcó entonces la idea de “pacificación”, para dejar libres a los represores de la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Para el actual mandatario hubo una guerra en los años 70 y no fueron 30.000 los desaparecidos.
Negacionistas en la Casa Rosada
Marcela Perelman, directora del área de investigación del CELS, señala a elDiario.es el impacto de la ponderación de los decretos de 1989. “Es una forma de atacar y despreciar el proceso de justicia. Los indultos son inconstitucionales según la Corte Suprema”. Agrega Perelman el rol activo de la vicepresidenta en su defensa de las fuerzas que actuaron en la represión ilegal. “Victoria Villarruel reivindica de forma permanente a las Fuerzas Armadas durante la dictadura e impugna la legalidad del proceso de justicia. Es una manera de dar una batalla cultural”.
Villarruel declaró el Día del Ejército que se sentía “orgullosa de ser hija de un militar que vistió el uniforme de la patria y la defendió contra los terroristas de [la organización armada de izquierda] Ejército Revolucionario del Pueblo”, en referencia a la participación de su padre en el terrorismo de Estado, recuerdan desde el CELS y Memoria Abierta. Desde hace más de 20 años, la hoy vicepresidenta está vinculada a organizaciones que reivindican a los militares y que señalan que son hostigados cuando se los juzga.
En el informe “Terrorismo de Estado y políticas de memoria, a seis meses del gobierno de Javier Milei” señalan las posiciones revisionistas y negacionistas que encarnan los principales funcionarios de La Libertad Avanza. “Representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simbolizan el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Según este último, hasta marzo de este año se habían iniciado 686 causas por delitos de lesa humanidad en todo el país. De ese total, 321 tienen sentencias – que condenaron a 1176 personas, entre militares, policías y civiles–.
Si bien desde el Ministerio de Justicia se han mantenido las querellas en 266 causas por crímenes de lesa humanidad, se han desmantelado algunas áreas y ello va en desmedro de las investigaciones. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa puso fin al trabajo del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, que había sido creado en 2010. Tal equipo fue clave para reconstruir información crucial sobre estructuras y cadenas de mando de la dictadura.
“Clima de desprecio del proceso judicial”
Verónica Torras, directora ejecutiva de Memoria Abierta, afirma a elDiario.es que las acciones del Gobierno encienden alarmas, ya que por un lado el Estado es querellante y, por el otro, se enfrenta al proceso judicial. “El Ejecutivo mantuvo la política pública de ser querellante, pero al mismo tiempo retira financiación a los equipos de relevamiento que aportaban datos a las causas así como el registro audiovisual de los juicios. Esto convive con el clima de desprecio del proceso de justicia”.
Torras enfatiza que las declaraciones de Milei y Villarruel contradicen los hechos que han sido comprobados en los tribunales. “Sus posturas de negar que hubo un plan sistemático de terrorismo de Estado buscan desvalorizar el proceso de justicia, que lleva varias décadas. El biógrafo de Milei ha dicho que no hubo centros clandestinos de detención”.
“Esos posicionamientos siempre tienen un impacto en el Poder Judicial: aquellos funcionarios judiciales que no tengan un compromiso con la verdad y la memoria se sentirán habilitados a avanzar con menos energía. Por otro lado, esta política de memoria, verdad y justicia es multijurisdiccional, de los tres poderes, no depende sólo del Ejecutivo”, añade Torras.
El ministro de Defensa, Luis Petri, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich, decidieron no enviar información que les requería la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para la búsqueda de niños adoptados en dictadura. “Se niegan a responder las consultas en expedientes de búsqueda de niños apropiados bajo el argumento de que la Conadi es un organismo ´militante´. Ellos no van a aportar información. Son formas de reducir o anular el acceso a archivos de militares y policías”, afirma Perelman. Según Abuelas de Plaza de Mayo, el 90% de los casos que entran al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para ser testeados provienen de la Conadi.
El Gobierno ultraderechista intentó tener la facultad de poder intervenir en el BNDG, transformarlo e incluso disolverlo. Pero tras su discusión en el Congreso, como parte de los cambios en la Ley Bases aprobada esta semana en el Senado, el Banco Nacional de Datos Genéticos ha quedado en los listados de los órganos u organismos de la administración central o descentralizada que no se pueden disolver o intervenir.
Con todo, para Perelman la discusión sobre el pasado tiene una intencionalidad en el presente. “Ellos dan una lucha por los sentidos del pasado como base para una mayor violencia estatal en el presente. Es decir, habilitan las condiciones para una intervención de las fuerzas armadas en seguridad interior y por eso trabajan en reformas de la Ley de Seguridad Interior y de la Defensa Nacional. Cuando señalan que el proceso de justicia es un hostigamiento a los militares pretenden legitimar un nuevo rol de las fuerzas armadas. Están conectadas las agendas de memoria, verdad y justicia con las de seguridad y defensa”.
La política emblema de Argentina de memoria, verdad y justicia se ha visto afectada por una combinación de recortes de los fondos públicos y la retirada de financiación con un trasfondo ideológico. El Ministerio de Justicia frenó el pago de reparaciones económicas a las víctimas de la dictadura invocando una auditoría por 180 días. Hay 40 espacios de memoria en el país, 9 dependen del Estado: ha habido despidos, contrataciones por tres meses, suspensión de obras, de trabajos de arqueología y de mantenimiento. Faltan nombramientos clave en áreas sensibles, como es el Archivo Nacional de la Memoria, que custodia el fondo documental de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
A todo esto, el Gobierno ultraderechista auspició actos reivindicatorios de las Fuerzas Armadas como el que se realizó en la exESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó un campo de concentración. En dicho espacio de memoria, el 17 de mayo un grupo de suboficiales perteneciente a la promoción 78 organizó un recorrido por el predio para celebrar el Día de la Armada. El paseo incluyó la entonación a gritos de la marcha de la Marina, loas a la ESMA y la toma de fotos junto a uno de los aviones utilizados en los vuelos de la muerte, que se encuentra en exhibición.