Los representantes de organizaciones sociales y de víctimas de la guerra civil salvadoreña (1980-1992) señalaron este lunes a los diputados de una comisión del Congreso las irregularidades que presenta una polémica iniciativa de ley de “reconciliación nacional”.
La Comisión Política recibió a los portavoces de casi una veintena de organizaciones de derechos humanos para recibir sus opiniones sobre la cuestionada ley, que a juicio de los activistas otorga una “amnistía de facto” a los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La reunión fue convocada por el órgano Legislativo tras frenar la noche del jueves pasado la votación de dicha legislación ante el rechazó de las organizaciones sociales, así como de Naciones Unidas y embajadores de la Unión Europea (UE).
Manuel Escalante, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), señaló a los diputados que la referida iniciativa contiene artículos “inconstitucionales”, dado que obvian un fallo de la Corte Suprema de Justicia de julio de 2016 que prohíbe amnistiar crímenes de guerra.
Señaló que el proyecto ordena a la Fiscalía crear un “listado único” con los casos que procesará, con lo que se “abre una posibilidad que resulta claramente inconstitucional” al permitir la exclusión de crímenes de guerra de las investigaciones.
Añadió que la iniciativa del Congreso no establece claramente la posibilidad de juzgar los crímenes perpetrados entre el 1 de junio de 1989 y el 16 de enero de 1992, incluida la masacre de cinco sacerdotes jesuitas españoles, uno salvadoreño y dos de sus colaboradoras.
Para Escalante, la propuesta de ley de “reconciliación nacional” otorga una “amnistía de facto” a los supuestos autores intelectuales, mandos medios y cómplices de las masacres, desapariciones y torturas registradas en la guerra civil.
Aseguró que el establecimiento de penas excarcelables para los condenados, que pueden ser sustituidas por trabajos comunitarios, también es “inconstitucional”.
Los diputados también recibieron a representantes de los militares que combatieron a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el poder como partido desde 2009.
Los militares retirados defendieron las actuaciones del Ejército, acusado por activistas de derechos humanos de perpetrar más de 400 masacres, por la “agresión” armada del FMLN que buscaba instaurar la “dictadura del proletariado”.
La polémica iniciativa surgió tras casi un año de trabajo de un cuestionado grupo de diputados, formado por exguerrilleros y militares retirados, encargado de estudiar las implicaciones de la anulación de una ley de amnistía por un fallo de la Corte Suprema en julio de 2016.
La Sala de lo Constitucional del Supremo ordenó al Congreso, en el fallo que anuló la amnistía de 1993, crear una nueva legislación enfocada en la reparación de las víctimas.
Dicha anulación permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, como la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980) y el asesinato de los jesuitas (1989).