El señor Bates contra Correos: el error informático que condenó a cientos de personas en Reino Unido por un fraude que no habían cometido
Ser director de una oficina de correos a las afueras de Oxford era un motivo de orgullo para Vitin Patel. Venía de una familia de carteros y administradores de correos del antiguo imperio británico. Él, que había nacido en Uganda y vivía en el Reino Unido desde adolescente, sentía admiración por una institución que creía ejemplar.
Patel no podía imaginar que su pequeño mostrador postal le costaría una condena de cárcel por un fraude que no había cometido en lo que hoy se describe como una de las mayores injusticias en los tribunales de Inglaterra y Gales. Pero no estaba solo.
Patel fue una de las más 3.500 personas acusadas por fraude, robo y otras irregularidades en oficinas de correos entre 1999 y 2015 tras el descubrimiento de agujeros de dinero y fallos en la contabilidad que se atribuyen ahora a errores del software utilizado por Post Office, la compañía propiedad del Estado que gestiona las oficinas de correos como franquicias. Ha habido más de 900 condenas y la de Patel fue una de las primeras en ser anuladas tras más de una década de ruina, vergüenza y lucha legal.
El programa informático que falló se llama Horizon y es propiedad de la multinacional japonesa Fujitsu, proveedor habitual de servicios para empresas británicas públicas y semipúblicas. Los fallos informáticos de sumas dobles y errores mal corregidos se revelaron hace más de una década y fueron reconocidos por la justicia hace casi cinco años, pero la empresa de las oficinas de correos ha seguido agotando recursos legales para no compensar a sus víctimas casi hasta ahora, cuando una serie de televisión ha puesto el foco en el escándalo.
La serie de ITV
El Gobierno de Rishi Sunak anunció este miércoles que presentará una ley para exonerar e indemnizar a cientos de personas condenadas injustamente y que no están siendo compensadas ni siquiera después de que el Alto Tribunal dictara sentencia contra la empresa de oficinas de Correos en 2019.
La serie de la televisión privada ITV Alan Bates vs The Post Office, emitida este mes en Reino Unido, ha conseguido la atención pública que no han logrado años de litigios e investigaciones periodísticas. Su récord de audiencia de casi 10 millones en televisión convencional y más de 12 millones en streaming la ha convertido en la serie más vista de los últimos tres años.
Alan Bates, el protagonista interpretado por el actor Toby Jones, es el antiguo jefe de una oficina de Correos en Gales que luchó en nombre de cientos de colegas abrumados por las acusaciones, la depresión y la quiebra. Antes de abrir su oficina, Bates había trabajado como supervisor de software en museos, y su experiencia le ayudó a pedir cuentas por los errores que detectaba en Horizon y a no dejarse amedrentar cuando le decían que no tenía razón. No era así para la mayoría de administradores de pequeñas oficinas, que no tenían formación en tecnología y no sabían de los problemas de los demás en un mundo sin redes sociales.
Un mostrador
Bates era la excepción. Vipin Patel, la norma. Su caso es parecido al de muchos otros: personas que gestionaban oficinas muy pequeñas en comunidades rurales y que no tenían recursos para entender a qué se debían los fallos o cómo actuar frente a una institución tan poderosa y reverenciada. Correos les intentó convencer de que lo que les estaba pasando a ellos no le pasaba a nadie más pese a que hasta en la empresa sabían de los fallos de un programa que era “un prototipo” y que “nunca debió ver la luz”, según le dice un ex trabajador de Fujitsu al periodista Nick Wallis en The Great Post Office Scandal (2021), el libro en el que está basado la serie. Wallis empezó la investigación del caso como reportero de la BBC y recogió decenas de testimonios parecidos.
En enero de 2002, Patel consiguió el reconocimiento de director de la oficina de correos de Horspath, una pedanía a unos pocos kilómetros de Oxford. Era la clásica “sub-post office”, el nombre que se le da a lo que habitualmente es un mostrador en tiendas de ultramarinos, quioscos y papelerías. Pese a su tamaño, este tipo de oficina suele ser clave en los pueblos porque ofrece mucho más que la venta de sellos o envíos: es el lugar donde vas a cobrar la pensión o el subsidio de paro, pagas el impuesto para tener televisión o haces el papeleo para el carné de conducir.
Post Office no es una empresa grande más. “Se puede decir que es la agencia gubernamental más antigua y, por lo menos hasta hace poco, la principal forma de contacto físico del Estado británico con sus ciudadanos. Incluso ahora la parafernalia de Correos conserva asociaciones románticas relacionadas con los conceptos de la identidad nacional”, escribe Wallis. Su imagen se presenta como “un símbolo de la grandeza británica, en representación de ideas de confianza, eficacia, estabilidad y seguridad”. Los buzones rojos llevan las iniciales del monarca reinante; en Oxford todavía quedan los marcados con la V de la reina Victoria.
Patel recuerda con “un sentido de orgullo” ese momento en que oficialmente consiguió el cargo de subpostmaster para administrar la oficina de “la que creía la institución más icónica y pionera del planeta”. Su abuelo y su tío habían sido jefes de oficinas de correos en India y su primo había trabajado 25 años como cartero en Tanzania. “Sentía una gran admiración por Correos”, contaba en una declaración por escrito para la comisión de investigación oficial sobre el caso.
Su oficina era parte de la tienda del pueblo y él vivía con su esposa y sus dos hijos en el piso de arriba. Se había hipotecado a 20 años.
Un día de 2008 detectó que las cuentas no cuadraban: faltaban 720 libras (830 euros). Se quejó al teléfono de ayuda, pero ya que no le dieron soluciones ni lograba explicar lo sucedido, al final puso el dinero él. El siguiente agujero fue de 6.000 libras (unos 7.000 euros). Cada semana faltaban entre 100 y 600 libras. A finales de ese año, Patel ya no podía seguir pagando de su bolsillo esos agujeros inexplicables. “Por la presión, alteré los números que metía en Horizon para corregir el sistema”, cuenta. En 2010, Correos le hizo una auditoría y le dijo que debía más de 34.000 libras (unos 40.000 euros). Nervioso, se inventó una excusa, pagó el dinero y le obligaron a cerrar su oficina de correos. Al año siguiente, Correos le denunció por fraude y le empujó a declararse culpable para que su pena fuera más reducida por un pufo (según ellos) de más de 80.000 (92.000 euros).
“Me declaré culpable del cargo de fraude sin saber realmente qué significaba”, cuenta.
El acoso de Post Office
La presión y el acoso que sufrieron cientos de responsables de oficinas es también consecuencia del estatus especial de Post Office, que tiene el poder de iniciar procedimientos judiciales, como si se tratara de una Fiscalía. Es “el lado más siniestro” de sus siglos de “protección por proximidad al poder”, como escribe Wallis en su libro.
La unidad de investigación penal de Correos tiene acceso directo al sistema judicial y es la más antigua del mundo, según el periodista. En los siglos XVIII y XIX, “los carteros que robaban podían esperar ser colgados”. En la Guerra Fría, la empresa también estaba entregada a detectar espías. Ahora sus poderes incluyen contratos leoninos para los gestores de las pequeñas oficinas, que son penal y económicamente responsables de cualquier irregularidad o fallo aunque no sea su culpa directa.
La condena de Patel por falsificación de cuentas y fraude en abril de 2021 fue de 18 semanas de cárcel (suspendidas), vigilancia electrónica y una multa. Otros fueron condenados a más de un año de cárcel y tuvieron que pagar más dinero, pero Patel habla del trauma que vivió durante años. “Me sentí muy avergonzado y me limité a la tienda y al piso. No le podía decir a mi madre lo que había pasado. Perdí el interés por todo y me aislé de los demás. Era en la práctica un prisionero... Sufrí ataques de pánico y desarrollé una fobia a tocar el dinero. Me hicieron sentir que era un ladrón”, dice en su testimonio en la comisión de investigación. Recuerda como una vergüenza cuando salió la noticia en el diario local. Su salud física empezó a caer en picado y hoy sólo puede caminar con muletas. La familia puso un cartel de cerrado en el mostrador de Correos, pero se quedó con la tienda de ultramarinos.
Su hijo contó al Oxford Mail el sufrimiento de aquellos años. “Yo tenía 23 años cuando mi padre fue condenado. Vi al oficial de la cárcel subir y ponerle un brazalete electrónico. Fue horrible ver a mi padre en la cama. Mi madre, mi hermana y yo le obligábamos a salir. No podía enfrentarse al mundo”, contaba Varchas. Su padre sufría “insultos racistas” y un día apareció un cartel donde se pedía su captura “vivo o muerto”.
El 11 de diciembre de 2020, Patel fue de las primeras seis personas que vieron su condena anulada. Aquel viernes, cuando volvió a casa desde el tribunal de Londres, sus vecinos le esperaban en la puerta de su tienda para felicitarle. Su mujer repartió chocolate entre los niños. Ahora es un héroe en la comunidad y le llevan flores a su mujer a la tienda.
Pero, más de tres años después de la revocación de la condena, Varchas cuenta que su padre sigue sin recibir la indemnización que le corresponde.
El héroe Bates
La sentencia de Patel fue anulada después de que el Alto Tribunal británico le diera la razón a Alan Bates, que no fue condenado pero encabezó la denuncia de más de 500 personas que se sentían víctimas del error informático que él había vivido y se había negado a aceptar.
A diferencia de lo que hizo Patel y la mayoría, Bates documentó todos los errores y las conversaciones con la línea de atención telefónica y se puso a rebatir cada una de las discrepancias con declaraciones escritas al personal de Correos y los responsables del sistema informático de Horizon. En 2003, Correos suspendió su contrato y Bates tuvo que cerrar, pero no se rindió.
Creó una web para las víctimas de la Post Office, acudía a cada reunión del gremio para contactar con colegas que habían sufrido lo mismo mientras el sindicato desoía sus quejas e intentaba boicotear la labor de Bates. También contactó con la prensa. La primera gran investigación se publicó en 2009 en Computer Weekly, una revista especializada en informática.
En noviembre de ese año, una veintena de ex jefes de oficinas acusados injustamente se reunieron en un pueblecito al norte de Oxford. Poco después, consiguieron que varios diputados empezaran a hacer preguntas en la Cámara de los Comunes en nombre de sus representados locales.
En 2011, la BBC emitió su primer reportaje con testimonios de afectados. Desde entonces, múltiples documentales, reportajes y podcast, además del libro de Wallis, han contado la falta de transparencia de Correos, los fallos informáticos y la batalla legal durante años. A menudo, Correos mentía y amenazaba a periodistas y a sus entrevistados mientras ocultaba información, por ejemplo cuando la BBC emitió su investigación en el popular programa Panorama en 2015, según ha revelado ahora la radiotelevisión pública.
El 15 de marzo de 2019, el Alto Tribunal dictó sentencia en el caso Alan Bates vs The Post Office contra Correos por sus contratos “opresivos”, su secretismo y su desprecio por la información sobre los fallos. La decisión supuso que los tribunales menores empezaran a revisar las condenas y la creación de un fondo para indemnizar a los afectados.
El escándalo empezó a cobrar más protagonismo en el Parlamento y la siguiente primavera Correos reconoció estar revisando cientos de condenas. El impacto fue menor entonces porque esto sucedió entre marzo y abril de 2020. El segundo reportaje de Panorama en la BBC se tuvo que retrasar porque coincidió con el anuncio de Boris Johnson del confinamiento por la pandemia.
En octubre de 2020, Correos pidió perdón por “sus fallos históricos” y aseguró que indemnizaría a las víctimas. Pero la mayoría todavía no ha recibido nada, y la justicia apenas ha revisado 142 casos y ha revertido 93 condenas. Decenas de afectados han muerto entretanto, algunos por problemas de salud física y mental relacionados con lo que les pasó con Correos.
El empujón de la serie
Ahora el primer ministro Sunak dice que aprobará una ley para exonerar e indemnizar más rápido a los responsables de oficinas que sufrieron “una de las grandes injusticias de la historia de la nación”. “Gente que trabajó duro para servir a sus comunidades se encontró con sus vidas y sus reputaciones destruidas, aunque no tenían ninguna culpa. Las víctimas deben tener justicia y compensación”, dijo en la Cámara de los Comunes el miércoles. El Gobierno asegura que ya estaba trabajando en ello, pero la prioridad repentina ha sido por el impacto de la serie de ITV basada en la historia de Bates.
En septiembre del año pasado, el Gobierno anunció que compensaría con 600.000 libras (700.000 euros) a las personas condenadas injustamente. Ahora, además, dice que los más de 500 que participaron en la denuncia contra Post Office recibirán 75.000 libras (87.000 euros) en daños aunque no hubieran sido condenados. Pero muchos de los afectados quieren que los responsables políticos y los gestores de Correos rindan cuentas.
Paula Vennells, que fue la jefa de Correos entre 2012 y 2019, ha renunciado a su título honorífico después de una petición pública, pero ni ella ni nadie de la empresa de Correos o de Fujitsu han sido juzgados por la negligencia, el acoso a los jefes de las oficinas o los esfuerzos para ocultar los fallos.
El escándalo también puede afectar a Ed Davey, actual líder del partido liberaldemócrata y que fue responsable de Correos como secretario de Estado del Gobierno de coalición de David Cameron en 2010. Entonces hizo caso omiso de las quejas de los afectados y ni siquiera quiso reunirse con Alan Bates.
El Gobierno británico dice ahora que Fujitsu también tiene que pagar por los fallos de su programa informático, actualizado múltiples veces y que Post Office sigue utilizando.
Desde la sentencia de 2019, Fujitsu ha conseguido más de 100 contratos públicos por valor de más de 2.000 millones de euros en el Reino Unido, incluyendo uno para ampliar Horizon. En un comunicado enviado a Reuters el jueves, la empresa dice que “la investigación ha confirmado el efecto desastroso en la vida de los jefes de oficina y sus familias, y Fujitsu ha pedido perdón por su papel en su sufrimiento”.
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