Tras dos semanas de intensas negociaciones políticas y una fuerte expectación ciudadana, el Congreso chileno aprobó la semana pasada una ley que permite retirar una parte de los fondos de pensiones de forma anticipada. Para la población chilena, esta es una medida que va más allá de disponer de sus cotizaciones para hacer frente a la crisis económica provocada por la pandemia. Es el símbolo de la primera amenaza real a un sistema de pensiones que representa en el corazón del modelo neoliberal chileno.
Se trata de una reforma constitucional que faculta a los afiliados a retirar el 10% de los ahorros destinados a la jubilación, que en Chile gestionan de forma privada las llamadas administradoras de fondos de pensiones (AFP). Cada votación a favor de la propuesta fue celebrada con cacerolazos, cornetas y al grito de “¡No más AFP!” desde los balcones, dado que gran parte del país está aún en cuarentena por la pandemia COVID-19.
“Este es el principio del fin de las AFP. Esto abre el debate de crear en Chile un verdadero sistema de seguridad social”, señaló Juan Ignacio Latorre, senador de la coalición de izquierda Frente Amplio durante la votación en el Senado. Para la oposición, este es el primer paso para cambiar un sistema de pensiones privatizado que en los últimos años ha sido tan fuertemente cuestionado por los ciudadanos, como blindado por los distintos gobiernos de turno. Los parlamentarios quieren aprovechar la discusión para promover una reforma hacia un sistema de seguridad social mixto o solidario, tal y como hace años reclama la ciudadanía. “El sistema debe ser necesariamente modificado a la brevedad para transitar hacia un sistema público de pensiones”, indica Luis Mesina, portavoz del Movimiento No+AFP.
Pensiones de miseria
Humberto González tiene 66 años, uno más de lo que la ley establece para dejar de trabajar. Sin embargo, él sigue cada mañana al pie de cañón, como conserje de un edificio. Con más de 35 años cotizados, durante los que ejerció de contable para distintas empresas, hoy recibe una pensión de 150.000 pesos (170 euros), la mitad del salario mínimo fijado en Chile. Su caso no es una excepción.
Según cifras de la Fundación Sol, que estudia el mercado laboral chileno, la mitad de las personas que hoy están jubiladas logran autofinanciar pensiones de alrededor de 150.000 pesos o menos. En 2019, la mitad de las personas que se jubilaron lograban autofinanciar una pensión de 49.000 pesos (unos 55 euros) o menos. “Para las mujeres, estas cifras son aún peores. El sistema profundiza las desigualdades económicas y sociales ya instaladas porque no tiene ningún tipo de solidaridad en su pilar contributivo”, explica Francisca Barriga, investigadora y economista de la Fundación Sol.
El modelo de pensiones chileno fue instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet y se basa en un plan de ahorro privado que obliga al trabajador contratado a destinar un 10% de su salario a una cuenta individual que gestionan las AFP, grandes empresas que invierten los ahorros de los contribuyentes al mercado financiero. A los más jóvenes se les asignan, por defecto, los fondos más rentables y arriesgados, mientras que a los más mayores se les ofrece más estabilidad (y también menos beneficios). “Hay un conflicto de economía política entre los dueños de los fondos, que son los trabajadores que reciben muy malas pensiones, y quienes los administran, que lo hacen para fines de grupos económicos financieros”, indica el economista chileno y exasesor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Andras Uthoff.
Ante la urgencia de la pandemia, según los sondeos, más del 80% de la ciudadanía pedía la aprobación de este proyecto, aunque el retiro de fondos reduzca la cantidad de su jubilación a futuro. “El sistema de pensiones se ha vendido por años como un ahorro que pertenece al trabajador, por eso surge la idea de recurrir a él en momentos en que el gobierno no aporta lo necesario”, apunta Uthoff. Los trabajadores también consideran que sus pensiones serán muy bajas con o sin el 10%. Según la Fundación Sol, la nueva ley reducirá entre 5.000 y 20.000 pesos (de 5,5 a 22 euros) el importe mensual de su pensión.
Una mayoría política también se unió a favor del proyecto bajo el argumento de que las medidas del gobierno conservador de Sebastián Piñera para paliar el impacto de la crisis han llegado tarde y, además, son insuficientes. La senadora del Partido Socialista Isabel Allende, hija del exmandatario chileno Salvador Allende, fue una de las voces que apuntó esta crítica: “Hace más de tres meses y medio dijimos al presidente que la magnitud de esa pandemia obliga a entregar una renta básica, pero no fuimos escuchados. Se persistió en una respuesta tardía”, declaró en el debate parlamentario. “No se entendió la urgencia y han propuesto más endeudamiento de los hogares a través de créditos blandos subsidiados por el Estado y políticas muy focalizadas, que llegan a pocas familias, sin principio de universalidad”, comenta la investigadora de la Fundación Sol.
Una derrota para Piñera y su gobierno
La luz verde a la reforma constitucional se produjo en contra de la voluntad del gobierno, que la consideraba una solución “populista” y supone una dura derrota para Piñera y sus ministros. El Ejecutivo pasó semanas tratando de persuadir y presionar a los parlamentarios de su propia coalición que apoyaban la propuesta hasta el punto que los díscolos denunciaron públicamente extorsiones y cohecho por parte de políticos de su propio sector. El quiebre dentro de los conservadores ha sido mayúsculo y los detractores más acérrimos de la nueva ley amenazaron incluso con sancionar a quienes se desmarcaron de las directrices partidistas.
En un último intento de impedir a toda costa que el retiro se hiciera efectivo, el Ejecutivo especuló con vetar el proyecto de ley o llevarlo al Tribunal Constitucional (TC), ambas facultades presidenciales recogidas en la Constitución. Sin embargo, las amplias mayorías que validaron la iniciativa descartaron esa opción y, finalmente, Piñera promulgó, en privado, la nueva ley el viernes. Este martes, pasó página con un nuevo cambio en su gabinete, el sexto de su mandato.
Hace más de cinco años que la ciudadanía chilena se moviliza insistentemente en contra del sistema de pensiones privado. Un reclamo que tomó especial relevancia durante los meses del estallido social iniciado en octubre, pero que ha sido tras meses de cuarentena acumulados y aún en plena emergencia sanitaria, cuando se empezó a concretar. El activista Luis Mesina lo resume: “Este proceso pone de manifiesto que la presión de la ciudadanía, que ejerció el deber de fiscalizar como se comportan sus congresistas y mandatarios, puede cambiar el curso de la historia”.