Sudáfrica ha iniciado un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de Naciones Unidas, en el que alega violaciones de la Convención sobre el Genocidio por parte de Israel contra los palestinos en sus ataques contra la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 21.000 personas en menos de tres meses, según las autoridades locales.
La demanda, según el mismo comunicado, dice que los “actos y omisiones de Israel... son de carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida... de destruir a los palestinos de Gaza como parte de un grupo nacional, racial y étnico más amplio” y alega que “la conducta de Israel –a través de sus órganos estatales, agentes estatales y otras personas y entidades que actúan en su nombre- en relación con los palestinos de Gaza, viola las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre el Genocidio”.
Sudáfrica afirma además que Tel Aviv, desde el 7 de octubre de 2023 en particular –día en el que Hamás cometió sus ataques en comunidades israelíes– “no ha impedido el genocidio y no ha perseguido la incitación directa y pública al genocidio” y que Israel “ha cometido, está cometiendo y corre el riesgo de seguir cometiendo actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza”.
La demanda del país africano incluye medidas cautelares para “proteger contra daños adicionales, graves e irreparables a los derechos del pueblo palestino bajo la Convención de Genocidio” y “asegurar el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones”, que son no participar en ese tipo de crimen, además de prevenirlo y castigarlo.
En un comunicado de su Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación, Johannesburgo dice estar “gravemente preocupada por la difícil situación de los civiles atrapados en los actuales ataques israelíes contra la Franja de Gaza debido al uso indiscriminado de la fuerza y al desalojo forzoso de sus habitantes”.
Además, añade, “hay informaciones continuas de que se están cometiendo crímenes internacionales, como crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, así como informes de que se han cometido y pueden seguir cometiéndose actos que alcanzan el umbral del genocidio o crímenes conexos, según se definen en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, en el contexto de las masacres en curso en Gaza”.
La decisión se tomó en una reunión especial celebrada el 8 de diciembre, en la que el gabinete del Gobierno sudafricano ordenó que se recurriera a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para obtener una orden por la que se ordenara a Israel, que al igual que el país africano también es Estado Parte, “que se abstuviera de cualquier acto que pudiera constituir genocidio o crímenes conexos en virtud de la Convención”.
La demanda ha sido presentada este viernes y en ella se pide a la corte de Naciones Unidas declare con carácter urgente que Israel “ha incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio” y ponga “fin inmediatamente a todos los actos y medidas que incumplan dichas obligaciones y adoptar una serie de medidas conexas”, de acuerdo con el comunicado.
Israel acusa a Sudáfrica de “colaborar” con Hamás
Israel ha acusado a Sudáfrica de “colaborar” con Hamás por lo que califica de un caso por genocidio “infundado”. “La demanda de Sudáfrica carece de base fáctica y judicial y es una explotación despreciable y barata del tribunal”, ha dicho el Ministerio de Exteriores del Gobierno de Benjamin Netanyahu, según recoge el medio local Times of Israel. “Sudáfrica está colaborando con un grupo terrorista que pide la destrucción del Estado de Israel”.
La demanda judicial es el último movimiento de Sudáfrica, crítico acérrimo de la ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que sus legisladores votaran el mes pasado a favor de cerrar la embajada israelí en Pretoria y suspender todas las relaciones diplomáticas hasta que se acordara un alto el fuego en la guerra.
Qué dice la convención
La Corte Internacional de Justicia se encarga de resolver controversias jurídicas entre los Estados. La Convención sobre el Genocidio estipula en su artículo nueve que las disputas relativas a la interpretación, aplicación o ejecución del documento, incluso las relativas a la responsabilidad de un Estado en materia de genocidio, se someterán a este tribunal a petición de una de las partes.
La convención, que data de 1948, entiende por genocidio actos perpetrados con la intención de “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, entre los que figuran la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
Más de 30 relatores y otros expertos en derechos humanos de Naciones Unidas denunciaron el pasado noviembre que las “graves violaciones” cometidas por Israel contra los palestinos especialmente en Gaza “apuntan a un genocidio en ciernes” y afirmaron que hay pruebas de “incitación creciente al genocidio” en forma de llamamientos a una “segunda Nakba”, en alusión a una posible expulsión masiva de palestinos similar a la que tuvo lugar en 1948.
Según las autoridades palestinas, los ataques israelíes sobre Gaza han causado la muerte de al menos 21.500 personas en Gaza –el 70% de ellas mujeres y niños–, mientras que se calcula que hay miles desaparecidas y fallecidas entre escombros de edificios destruidos. Más de 55.000 palestinos han resultado heridos. Según la UNRWA, 1,9 millones de personas en Gaza, o casi el 85% de la población, son desplazados internos, incluidas las personas que han tenido que moverse varias veces para protegerse de los bombardeos.