El Gobierno de Sudán ha acordado este martes entregar a la Corte Penal Internacional (CPI) al expresidente Omar al Bashir, derrocado el pasado abril y sobre quien pesan dos órdenes de arresto internacionales por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad. “Hemos acordado entregar a todos contra los que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención, no podemos hacer justicia sin curar todas las heridas con la Justicia misma”, ha expresado el miembro del Consejo Soberano de Sudán Mohamed Hassan al Taishi.
El Gobierno de transición sudanés establecido tras el derrocamiento de Al Bashir y los movimientos armados de Darfur Movimiento de Liberación de Sudán y Movimiento de Justicia e Igualdad, parte del Frente Revolucionario, lo ha acordado durante sus negociaciones de paz en la capital sursudanesa. El órgano judicial de La Haya emitió en 2009 y 2010 órdenes de arresto contra Al Bashir y otras 51 personas por presunto genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante ataques del Ejército y de algunas milicias contra la población civil de Darfur, al oeste de Sudán, entre 2003 y 2008.
Sudán no es signatario del Tratado de Roma, pero la CPI tomó cartas en el asunto por decisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Las partes han acordado también establecer un tribunal especial que investigue los crímenes ocurridos en esta región sudanesa y enjuicie a sus autores, además de potenciar mecanismos para la reconciliación, ha explicado Al Taishi al término de la ronda de diálogo. Con el acuerdo en estos puntos, se da por cerrado el capítulo de negociaciones que atañe a la justicia para las víctimas del conflicto con los movimientos armados de Darfur que forman parte del Frente Revolucionario.
300.000 muertes y 2,5 millones de desplazados
“Estamos convencidos de que la paz no se llevará a cabo sino abordando las raíces de la crisis y compensando a las víctimas con justicia; hay crímenes de guerra y contra la humanidad que fueron cometidos en Darfur”, ha subrayado el integrante del Consejo Soberano sudanés. Dos grupos insurgentes de Darfur se levantaron en armas en 2003 en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región, dando comienzo a una cruenta guerra con Jartum que en los años siguientes causó la muerte de más de 300.000 personas y más de 2,5 millones de desplazados, según cifras de la ONU.
Las milicias “yanyauid”, aliadas del Gobierno de Jartum durante el conflicto y hoy parte de la estructura de las fuerzas de seguridad, fueron acusadas por la ONU y otros organismos de participar en crímenes de lesa humanidad y genocidio de Darfur. A finales del pasado diciembre, la Fiscalía sudanesa anunció una investigación sobre los posibles crímenes cometidos durante el conflicto de Darfur por jefes del régimen de Al Bashir.
El exdictador fue derrocado el pasado 11 de abril en un golpe de Estado por parte de los militares, después de cuatro meses de protestas ciudadanas contra su Gobierno y tras casi tres décadas en el poder. Los militares que le derrocaron y la oposición civil pactaron meses más tarde la formación de un Gobierno de transición para los siguientes tres años. Desde entonces, se han presentado varios cargos en contra del expresidente, entre ellos los relacionados con el golpe de Estado que le llevó al poder en 1989, además de otros por corrupción y tenencia ilícita de dinero. Hace dos meses, Al Bahir recibió su primera condena a dos años de confinamiento en un centro de rehabilitación por una causa relacionada con la tenencia de más de siete millones de euros en divisas y libras sudanesas en su domicilio.
Al Bashir, el carnicero de Darfur al que espera la CPI
Menos de un año después de haber sido depuesto en un golpe de Estado incruento, el dictador Omar al Bashir está más cerca de la Corte Penal Internacional (CPI), el organismo que desde hace más de una década le espera para que rinda cuentas por los crímenes en Darfur que le valieron el apodo de “carnicero”. Gobierno y guerrillas saben que para pasar página en la historia reciente de Sudán hay que pasar página con Al Bashir, el hombre que durante 30 años gobernó con mano de hierro la nación africana y llenó de crímenes el país, con especial saña en Darfur (oeste).
Despiadado y duro, Omar al Bashir resistió tres décadas al conflicto y las sanciones, pero no al agotamiento de sus militares, que le dieron la espalda el año pasado, en medio de un clamor popular que pedía el final de un Gobierno que hace tiempo no iba hacia ninguna parte. Los mismos militares en los que se apoyó para cometer las atrocidades en Darfur, por las que se le acusa de genocidio, fueron los que terminaron sacándolo del poder.
Eso no le ha hecho menguar su altanera y soberbia actitud. Con ropa y turbante blancos sigue caminando desafiante cada vez que ha tenido que ser procesado en un tribunal, donde ya ha recibido su primera condena. Sin embargo, el bastón que una vez zarandeaba ostentosamente cómo báculo para manifestar su poder y ordenar los ataques de sus acólitos es ahora la excusa para no ir a prisión a los 76 años en un país que no permite cumplir cárcel a partir de los 70.
Bashir se fue como gobernó, ordenando el ataque contra civiles en las protestas que durante meses reclamaron soluciones económicas en un país ahogado en la inflación y la falta de suministro. “Todos somos Darfur”, rezaba una pancarta instalada en las concentraciones populares en las inmediaciones de la sede del Ejército, para recordar al “rais” sudanés los crímenes por los que, en la última década, ha sido tratado como un paria por buena parte de la comunidad internacional.
Respaldado por el Ejército y los partidos islámicos, Al Bashir ascendió al poder mediante un golpe de Estado en 1989 contra el único Gobierno democrático de la historia del país. Luego impuso la ley islámica, la sharia, agravando el resentimiento de las provincias del sur, de religiones cristiana y animista, y alimentando una guerra que se desató en 1983 y solo se cerró en 2005, con un acuerdo que conduciría a la independencia de Sudán del Sur en 2011. Pero mientras cerraba el conflicto con el sur, se levantaron los rebeldes de Darfur, a los que aplastó a sangre y fuego, en lo que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional describe como “actos de exterminio” de las tribus Fur, Masalit y Zaghawa.
Desde que la CPI emitió las dos órdenes de arresto en su contra, en 2009 y 2010, Al Bashir solo ha podido viajar a las capitales árabes y a unos contados países africanos, como el caso de Sudáfrica, de donde regresó en 2015 celebrando de forma triunfalista su impunidad ante la CPI, tribunal cuya autoridad desprecia por considerar que está politizado. En la práctica, el dictador vivía en un régimen de aislamiento desde los años 90 por parte de los países occidentales por haber dado cobijo a terroristas como Osama bin Laden o el venezolano Ilich Ramírez, más conocido como “El Chacal”