Suecia enfría la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez a raíz del acuerdo con Junts para la presidencia del Congreso y que el partido de Carles Puigdemont ve clave de cara a la negociación de la investidura.
El Gobierno conservador ha sido el primero en marcar oficialmente posición respecto al debate que tendrá en el Consejo de Asuntos Generales el próximo martes después de que el Gobierno, como presidencia rotatoria de la UE, haya incluido la propuesta, debate y adopción de las lenguas cooficiales españolas como idiomas oficiales de la UE.
La medida requiere unanimidad para llevarse a cabo y el Gobierno sueco ha mostrado dudas al respecto. “Creemos que es necesario estudiar más a fondo las consecuencias legales y financieras de la propuesta. Hay muchas lenguas minoritarias que no son lenguas oficiales en la UE”, señala en un comunicado.
Actualmente hay 24 lenguas en la UE y todas ellas son oficiales con carácter estatal en los estados miembros. El último idioma aceptado por la UE fue el gaélico, que pasó a ser considerada lengua oficial “a todos los efectos” en 2007, pero su implementación no llegó hasta 2022.
Las dudas mostradas por el país nórdico son el primer jarro de agua fría que recibe el Gobierno en el camino para lograr la oficialidad de las lenguas cooficiales en el que se está esforzando a fondo, como demuestra que será el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el que defienda la iniciativa en la reunión del próximo martes, a cuyo resultado Junts da mucha importancia de cara a la negociación de la investidura.
Además, los grupos que sustentan al Gobierno de coalición trabajan en un 'plan B' al impulsar que catalán, euskera y gallego se acepten en la Eurocámara. El asunto se ha activado un año después de que Albares se lo solicitara por carta a la presidenta, Roberta Metsola, que había tenido en un cajón el asunto –pactado en la mesa de diálogo entre gobiernos–. Socialistas y Verdes (donde están representados una de Sumar, los comuns, y ERC y PNV) defendieron con vehemencia el asunto en la reunión del bureau –lo que sería la Mesa del Congreso en España–, además de The Left (donde está otra parte de Sumar, con IU y Podemos), pero el tema quedó en stand by por las reticencias de las derechas, también con la mirada puesta en lo que decidan los 27 en la reunión del próximo martes.
Más allá de la oficialidad del catalán, Puigdemont estableció la amnistía como “condición previa” para la investidura de Sánchez así como la aceptación de un relator que sirva como mediador y verificador de las negociaciones que tendrían una segunda fase, ya iniciada la legislatura, en la que el independentismo pelearía por el derecho a la autodeterminación.