Qué supone el reconocimiento del Estado palestino por España y qué falta para llenarlo de contenido
El anuncio oficial de España, Noruega e Irlanda del reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo llega tras la solicitud de órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional. Dicho reconocimiento es un gesto que necesita de muchas más acciones para traducirse en hechos concretos y para lograr el fin de la masacre en Gaza. Aún así, constituye en sí mismo una medida simbólica y puede animar a algún otro país a dar el mismo paso. Eslovenia, Bélgica y Malta han mostrado en las últimas semanas interés en seguir el mismo camino.
Una mayoría mundial contrarrestada por la correlación de fuerzas
Con la incorporación de España, de Noruega e Irlanda son ya 147 los países que reconocen Palestina, de los 193 Estados integrantes de Naciones Unidas. Es decir, representan más de tres cuartos del planeta, una gran mayoría. Muchos lo hicieron en 1988, cuando el Consejo Nacional Palestino en el exilio (Argel), proclamó el Estado palestino. Otros se han ido sumando a lo largo de los años.
Los términos numéricos son contrarrestados, sin embargo, por la correlación de fuerzas. Hasta ahora solo ocho países de la Unión Europea reconocían el Estado palestino: Polonia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Suecia y Chipre. Las mayores potencias de Europa -Reino Unido, Alemania, Francia e Italia- no lo han hecho aún, ni tampoco Australia, Japón, Canadá o Estados Unidos.
También en el seno de Naciones Unidas la mayoría numérica choca con la capacidad de acción de una minoría: tres de los cinco Estados con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU -EEUU, Reino Unido y Francia- no han reconocido el Estado palestino. Esto inclina la balanza contra los intereses y derechos del pueblo palestino, sobre todo en lo que se refiere a Washington, que a lo largo de los años ha bloqueado numerosas resoluciones contra políticas ilegales israelíes.
En los últimos meses EEUU ha vetado tres resoluciones en favor de un alto el fuego inmediato en Gaza y también ha impedido el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, en una votación del Consejo de Seguridad del pasado mes de abril.
Los países que reconocen el Estado palestino representan más de tres cuartos de las naciones que integran la ONU
Por qué se necesita más
El reconocimiento del Estado palestino por tres países muestra cierta erosión de Israel, pero es insuficiente por sí solo. La envergadura de la destrucción de Gaza requiere de mayores medidas de presión para forzar a Tel Aviv a detener sus ataques y a negociar una paz justa que implique el fin de la ocupación de los territorios palestinos y la garantía de derechos para todos los habitantes.
A día de hoy la proliferación de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, la transferencia de población del Estado ocupante -Israel- al territorio ocupado, impide la conexión territorial de lo que constituiría un futuro Estado palestino. El Gobierno israelí proclama la prioridad de extender la soberanía israelí desde el río Jordán hasta el mar, y una inmensa mayoría parlamentaria del país se opone al reconocimiento de Palestina.
Gaza está sometida a un bloqueo israelí desde 2007, con el control de su fronteras terrestres y de su espacio aéreo y marítimo, así como con incursiones militares rutinarias. Cisjordania y Jerusalén Este están ocupadas por más de 700.000 colonos israelíes, protegidos por el Ejército y por un sofisticado engranaje de apartheid, con controles militares, construcción de nuevas colonias, cientos de puestos fijos de control militar, arrestos arbitrarios, castigos colectivos, limitación de movimientos, carreteras de uso exclusivo israelí y un muro de 700 kilómetros, que ha servido en sí mismo para anexión de territorio.
No hay posibilidad de un Estado palestino con soberanía plena en semejante contexto. Israel lleva no años, sino décadas, incumpliendo varias resoluciones de Naciones Unidas que exigen la retirada del Ejército israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, ocupados en 1967, y que constituyen solo el 22% de la Palestina histórica. Entre 1947 y 1967, a través de un plan de limpieza étnica -el Plan Dalet- y de la guerra, Israel se anexionó un 30% más del territorio que le correspondía según el plan de partición de la ONU, y expulsó a más de 700.000 palestinos.
No hay posibilidad de un Estado palestino con soberanía plena mientras continúe la ocupación israelí de los territorios
La compraventa de armas y las relaciones comerciales
A pesar de las violaciones sistemáticas, EEUU y los países europeos mantienen relaciones comerciales con Israel, cuyo Ejército facilita la construcción y mantenimiento de los asentamientos. Washington es el mayor proveedor financiero y militar de Israel y su gran protector diplomático, lo que ha permitido la extensión de las colonias israelíes en territorio palestino. La Unión Europea es un socio preferente de Tel Aviv, a través de un acuerdo comercial de asociación, cuyo artículo dos exige el cumplimiento de los derechos humanos por ambas partes.
La mayoría de las naciones europeas que compraban y vendían material militar a Israel siguieron haciéndolo tras el inicio de la masacre contra civiles en Gaza, incluida España, a pesar de que el Tratado sobre el Comercio de Armas prohíbe su transferencia a países que las usen contra civiles. Cuando elDiario.es informó en enero y febrero de ese tipo de envíos, realizados en octubre, noviembre y diciembre de 2023, el Gobierno español señaló que se trataban de paquetes acordados antes del 7 de octubre. Tanto el Centre Delàs, como Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos denunciaron que dichas transferencias deberían haberse suspendido.
En cuanto a la adquisición de armamento israelí, España formalizó una nueva compra este pasado mes de febrero. Israel suele publicitar sus armas con el reclamo de que han sido “testadas en combate”, lo que en el tiempo actual significa que han podido ser usadas en Gaza, sobre población civil.
Las sanciones de la Unión Europea contra Rusia o la retirada de la embajadora de España en Argentina por unas declaraciones del presidente Milei contrastan con la posición hacia el Gobierno israelí. Todos los países europeos mantienen sus relaciones comerciales con Israel y a sus embajadores en Tel Aviv, tras 35.000 muertos y 79.000 heridos en Gaza, con pruebas de crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil. El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, volvió a calificar hace dos semanas a Israel como “amigo de España”.
Todos los países europeos mantienen sus relaciones comerciales con Israel y a sus embajadores en Tel Aviv
Naciones Unidas y el derecho internacional
En 2012 la Asamblea General de la ONU aprobó el reconocimiento de Palestina como Estado observador de la ONU, lo que le facilitó poder adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y a otros tratados. Este paso fue importante para permitir la acción del derecho internacional, como indicaba este martes el propio fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan. Poco después, en 2015, el TPI admitió a Palestina como miembro, y en 2021 se declaró competente para investigar crímenes en los territorios palestinos.
Esto ha desembocado ahora en la primera solicitud de la historia de órdenes de arresto por el fiscal jefe de dicha Corte contra dos mandatarios de un país aliado de Estados Unidos: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa, acusados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. A la espera de lo que decida un panel de jueces del TPI, este paso del tribunal da herramientas a los Estados para que actúen y se lo pone un poco más difícil a los gobiernos que insisten en apoyar a Israel y en no adoptar medidas reales.
Para cumplir el Tratado, los países deben suspender el envío de armas y vigilar las rutas de los barcos a Israel
Los países pueden impulsar denuncias ante los tribunales internacionales o sumarse a la ya existente en la Corte Internacional de Justicia, que admitió a trámite la demanda contra Israel por genocidio. También pueden suspender temporalmente relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno israelí, lo que implica paralizar la compra de material militar testado sobre población palestina. Además, para cumplir el Tratado sobre el Comercio de Armas -ratificado por España en 2014- deben interrumpir el envío de armas y vigilar las rutas de los barcos con destino a Israel, para no convertirse en puerto de tránsito. Sin estas medidas, el mensaje es luz verde para Israel. Lo más urgente pasa por impulsar acciones que fuercen el fin de la masacre en Gaza, del bloqueo de la ayuda humanitaria, del desplazamiento forzado.
La llamada “solución de los dos Estados” lleva siendo usada desde hace muchos años como un argumento vacío de contenido que ha servido para dar una patada hacia adelante en favor de la política de hechos consumados de Israel. Si se demanda un Estado palestino, hay que reconocer que éste no es posible con la actual ocupación israelí y, por tanto, habrá que impulsar acciones para terminar con ella.
Ello requiere de una comunidad internacional activa y dispuesta a forzar a Israel para que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y ponga fin al sistema de apartheid contra la población palestina. La historia de la ocupación israelí a lo largo de las décadas demuestra que las medidas simbólicas no bastan.
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