La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos permitirá, sin restricciones, el uso de la mifepristona para abortar. Así lo ha confirmado este viernes, en su decisión sobre el derecho al aborto más transcendental desde que derogó su protección federal el verano pasado. Con el rechazo público de sus dos jueces más conservadores, Samuel Alito y Clarence Thomas, la máxima instancia judicial del país ha bloqueado la decisión de un juez de Texas que prohibió hace dos semanas la administración del fármaco, así como la del tribunal de apelaciones de Nueva Orleans, que levantó la prohibición pero había impuesto algunas restricciones.
La decisión del Supremo ha sido celebrada por las principales asociaciones favorables al derecho al aborto en el país, como el Center for Reproductive Rights. “Es un gran alivio, aunque todavía no terminó el peligro”, ha celebrado, cautelosa, su directora, Nancy Northup, añadiendo que el embrollo judicial de los últimos días al respecto de la mifepristona ha “sembrado el caos, la confusión y el pánico”. Por su parte, la organización Planned Parenthood calificó la decisión como una “buena noticia”, aunque remarcó que “el acceso a la mifepristona nunca debería haber estado en peligro”.
Esta píldora se usa en más de la mitad de los abortos en Estados Unidos. Se toma durante las primeras 10 semanas de gestación, normalmente acompañada de otro fármaco, el misoprostol. La Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, en inglés) aprobó su uso por primera vez en el año 2000. Desde entonces, más de 5 millones de mujeres la han tomado para interrumpir su embarazo. Durante la última década, la FDA ha ido flexibilizando las condiciones en las que se puede recetar, lo que ha posibilitado, entre otras, el envío por correo en aquellos estados donde está permitido abortar.
Sin embargo, a principios de este mes, un juez federal de Texas, Matthew Kacsmaryk, revertió dicha aprobación, provocando una fuerte indignación social y el rechazo de la Administración de Biden. Como respuesta a la prohibición de la píldora abortiva, el Departamento de Justicia y Laboratorios Danco (fabricante del medicamento) recurrieron el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans (Luisiana).
Dicha corte bloqueó en parte la decisión del juez de Texas, restableciendo la aprobación del fármaco que hizo la FDA hace 23 años. Sin embargo, señaló que algunos aspectos de ese fallo sí podrían entrar en vigor. Concretamente, algunos cambios introducidos a partir de 2016 sobre las condiciones en que se puede subministrar mifepristona.
Hace siete años, la FDA amplió el periodo de su uso de siete a diez semanas de embarazo, redujo de tres a una el número de visitas al médico que se requerían para administrar el fármaco y permitieron su comercialización por parte de personas no médicas. Tres años más tarde, la FDA eliminó el requisito de recoger el medicamento en persona, permitiendo su envío por correo. Si el Supremo hubiera avalado este viernes la decisión del tribunal de Luisiana, habría supuesto un retroceso de siete años en materia abortiva a nivel federal. Pero finalmente ha decidido no respaldar la decisión del tribunal de apelaciones, manteniendo las reformas de la FDA.
Desde que la máxima instancia judicial derogó el verano pasado la protección federal al aborto, la batalla política y judicial se ha jugado principalmente en el nivel estatal, tanto en los parlamentos como en los tribunales. Después de que más de una decena de estados dominados por republicanos hayan restringido el aborto en casi todos los casos, ahora los conservadores han puesto el foco en las píldoras abortivas.
¿Cómo ha acabado el lío judicial en el Supremo?
En Texas, esta disputa comenzó el pasado noviembre, cuando un grupo antiabortista y varios médicos demandaron a la FDA, con la intención de tumbar su aprobación de la píldora hace 23 años. En su demanda, alegaron que la agencia no siguió en su momento los protocolos adecuados, ignorando los peligros del medicamento. Unas afirmaciones que la FDA ha rechazado, afirmando que la mifepristona es segura.
Esta demanda fue presentada en una corte de distrito de la ciudad de Amarillo (Texas), y llegó a manos del juez Matthew Kacsmaryk, un ultraconservador que fue designado por Trump en 2017. A principios de este mes, el magistrado dio la razón a los grupos antiabortistas con un fallo preliminar cargado del lenguaje que estos acostumbran a usar, llamando “abortistas” a los proveedores de abortos y “ser humano no nacido” a los fetos o embriones.
Tan solo una hora después, a más de 2.000 kilómetros de distancia, un juez del estado de Washington tomó una decisión totalmente contraria: proteger la disponibilidad de mifepristona. Concretamente, el juez Thomas Rice, designado por Obama en 2011, respondió a la demanda de los fiscales generales demócratas de 17 estados y el Distrito de Columbia, que habían presentado en desafío al caso de Texas. El caso de Washington ha contribuido a hacer todavía más complejo el embrollo legal generado por este medicamento.
Paralelamente, la administración de Biden apeló el fallo del juez Kacsmaryk en el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans (Luisiana). Este tribunal, conformado por tres jueces, concluyó que, mientras la demanda sigue su curso en los tribunales, se podía seguir suministrando mifepristona de manera legal. Aunque dio una de cal y otra de arena: por un lado, reconoció que el fármaco había sido debidamente aprobado por la FDA en el año 2000; por el otro, bloqueó una serie de medidas tomadas por la agencia durante los últimos 7 años, como la que permitía el envío de píldoras por correo.
Esta decisión no fue bien recibida por el gobierno, que junto con Laboratorios Danco pidió al Tribunal Supremo que interviniera en el caso, alegando que la limitación del acceso a la píldora tendría graves implicaciones. “Si se permite que entren en vigor, las órdenes de los tribunales inferiores pondrán patas arriba el régimen regulador de la mifepristona, con consecuencias radicales para la industria farmacéutica, las mujeres que necesitan acceder al medicamento y la capacidad de la FDA para aplicar su autoridad legal”, decía el comunicado del Departamento de Justicia. Finalmente, después de posponer la decisión una semana, y luego dos días más, el Supremo ha dado la razón a la Administración de Biden.
El aborto sigue prohibido en 13 estados
Desde que la máxima instancia judicial dio vía libre el verano pasado a la prohibición del aborto en los estados dominados por republicanos, tras la eliminación del fallo Roe contra Wade, ya son 13 los estados que han impuesto una prohibición total a la interrupción del embarazo. En varios otros -Georgia, Florida, Utah, Arizona y Carolina del Norte- se ha restringido esta práctica a partir de las 6 o las 15 semanas de gestación. Y en otros, como Indiana, Ohio o Dakota del Norte, la prohibición ha sido bloqueada por los tribunales.
Mientras los republicanos buscan una prohibición a nivel federal, algo imposible ya que el Senado y la presidencia están en manos demócratas, la batalla se está centrando ahora mismo en los parlamentos estatales y en las salas de la justicia. En ese terreno, los demócratas poco pueden hacer más que tratar de imponer demandas que retrasen la aprobación de dichas leyes y proteger el aborto en aquellos estados donde conservan la mayoría.
Así lo han hecho en 19 estados, en los que se han añadido nuevas protecciones, previniendo que una futura mayoría republicana pueda significar un retroceso en este derecho. En importantes estados como California -el más poblado del país y un claro feudo demócrata-, Illinois, Michigan o Massachusetts, los votantes y los tribunales estatales han consagrado el derecho al aborto a nivel constitucional.
En otros estados, se han ampliado los casos en los que está permitida la interrupción del embarazo, así como las ayudas estatales a esta práctica. Además, varios otros han firmado leyes protegerán los abortos de personas que provengan de aquellos feudos republicanos en los que se ha prohibido.
En las manifestaciones producidas a favor y en contra del aborto cuando se cumplieron 50 años de su protección federal, quedó claro que la batalla por los derechos reproductivos ha entrado en una nueva fase. Pero sigue siendo uno de los asuntos que más dividen a la sociedad estadounidense, y probablemente jugará un papel crucial de cara a las elecciones presidenciales de 2024.