Todo lo que el Gobierno de Trump ha hecho contra la protección del medio ambiente

La decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático llegó tras meses de una profunda división entre sus más estrechos asesores. Sin embargo, desde que se anunció, el Gobierno ha desmantelado de forma eficiente y sigilosa muchas otras políticas medioambientales de gran envergadura.

La Casa Blanca, el Congreso y la Agencia de Protección Ambiental han sabido desmantelar con rapidez un conjunto de normas relativas a la pureza del agua y del aire que habían sido impulsadas por la Administración de Obama.

A diferencia del decreto que prohíbe la entrada en Estados Unidos de los nacionales de ciertos países o el debate en torno a la atención sanitaria, en lo relativo a la protección medioambiental, Trump ha tenido que esquivar pocos obstáculos cuando se ha propuesto acabar con normas que pretenden mitigar los efectos del cambio climático o reducir la contaminación del aire o del agua y que, según él, destruyen puestos de trabajo.

“Lo que he visto me preocupa mucho, ya que tiene un impacto sobre la salud pública”, indica Christine Todd Whitman, una republicana que durante el mandato de George Bush trabajó como administradora de la Agencia de Protección Ambiental y que también fue la gobernadora de Nueva Jersey: “Están subestimando los hallazgos científicos y también el respeto de la población hacia la ciencia. No parece que les importe”.

Scott Pruitt, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, ha liderado con entusiasmo todas las medidas propuestas por Trump. En febrero anunció que acabarían con algunas medidas y que lo harían “de forma agresiva”. En numerosas ocasiones ha criticado el coste económico del ecologismo, especialmente en el sector de la industria del carbón, ya que en su opinión la Administración de Obama había declarado la guerra a este sector.

Pruitt, que durante su etapa como fiscal general de Oklahoma presentó demandas contra la Agencia de Protección Ambiental en más de doce ocasiones y que tiene estrechos vínculos con la industria de los combustibles fósiles, ha dejado sin efecto o pospuesto un gran número de normas y ha desvinculado a la Agencia de las medidas encaminadas a luchar contra el cambio climático.

Según Whitman, si bien es cierto que cada vez que se produce un cambio de gobierno se revisan o se modifican las normas anteriores, especialmente las que se aprobaron poco antes del traspaso de poderes, en esta ocasión la profundidad de los cambios no tiene precedentes.

“Nosotros [en el Gobierno de Bush] revisamos unas 60 o 70 normas y decidimos mantenerlas, mientras que el nuevo Gobierno parece pensar que todo lo que se hizo antes debe ser cambiado”, afirma. “Están impulsando el programa del presidente. Scott Pruitt está convencido de que es el camino a seguir, pero son órdenes del presidente”.

Pruitt ha señalado que la calidad del aire de Estados Unidos ha mejorado (los niveles de ozono disminuyeron un 17% de 2000 a 2015 y el dióxido sulfúrico cayó un 69% en ese mismo periodo) y cree que los avances tecnológicos de la industria del automóvil y de las centrales eléctricas serán suficientes para reducir la contaminación.

Muchos funcionarios de la Agencia han señalado que sería un error citar estos avances para bajar la guardia y no impulsar nuevas medidas de protección del medioambiente.

Obama trazó un plan para reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas y la Administración de Trump le está dando la vuelta. Este plan quería evitar más de 3.600 muertes prematuras y unos 90.000 ataques de asma en el país.

“Las acciones impulsadas por Trump frenarán los avances que se han hecho hasta ahora”, indica Tom Burke, que fue el asesor científico de la Agencia durante la Administración de Obama y que ahora es el director de ciencia y riesgo en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. “Tras trabajar con comunidades afectadas y en lugares con agua contaminada, no creo que el público piense que ya tenemos un medio ambiente protegido y que podemos bajar la guardia”.

“Es obvio que la Agencia ha cambiado de rumbo y ahora se ha posicionado a favor de la industria. Tal vez no sea malo para algunos empresarios, pero me preocupa el impacto que esto puede tener sobre la salud de millones de personas”, señala Burke.

“La misión de la Agencia es proteger el medio ambiente y la salud de la población, no los beneficios de las empresas. La situación actual es muy preocupante”, lamenta.

Calendario de los retrocesos

14 de febrero. Trump firma un proyecto de ley que deroga una norma anticorrupción que obliga al sector energético a informar sobre los pagos a gobiernos de otros países.

16 de febrero. Se deroga una norma de protección de los ríos que prohibía a las compañías mineras verter los residuos a ríos. Trump indica que era una norma terrible que destruía muchos puestos de trabajo.

28 de febrero. Trump ordena a la Agencia de Protección Ambiental que modifique el redactado de la norma relativa a “las aguas de Estados Unidos” que amplió la definición de la Ley sobre Agua Pura con el objetivo de proteger el suministro de agua de 117 millones de estadounidenses. Muchos granjeros, promotores inmobiliarios y propietarios de campos de golf estaban en contra de esta norma.

2 de marzo. El 1 de marzo, los gobernadores y los fiscales generales de varios estados republicanos enviaron un escrito a Scott Pruitt para pedirle que la Agencia dejara de recabar información sobre las emisiones de metano de unas 15.000 operaciones petroleras y de gas. Un día más tarde, Pruitt, “tras escuchar a la industria”, anunció que había decidido hacerles caso.

15 de marzo. Trump anuncia que revisara las normas relativas a la eficiencia de los vehículos que funcionan con combustible cuyo objetivo es reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y otros contaminantes. Más de diez directivos de la industria del automóvil pidieron a Trump que reevaluara una medida de la administración Obama cuyo objetivo era reducir la economía en torno al combustible para 2025. Pruitt indicó que las medidas de Obama eran costosas para la industria y para los estadounidenses.

28 de marzo. Un decreto de Trump ordena una modificación de un plan de Obama clave en la lucha contra el cambio climático. Dicho plan pretendía reducir las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas. También pone fin a una moratoria del sector minero en suelo público y establece que el cambio climático ya no será un elemento a tener en cuenta cuando se aprueben proyectos a nivel nacional.

29 de marzo. Pruitt da marcha atrás a una medida para frenar el uso de clorpirifós, un pesticida ampliamente utilizado. Se ha vinculado este producto químico a daños al sistema nervioso y el año pasado los científicos de la Agencia decidieron que era justificado prohibir su uso. El uso doméstico de la sustancia química se eliminó hace una década, pero todavía se utiliza en granjas en los Estados Unidos.

11 de abril. Un tribunal aprueba una solicitud de la Agencia de Protección Ambiental que le permite postergar la aplicación de las normas de contaminación por ozono que se endurecieron en 2015. La Agencia quiere modificar las normas sobre el ozono que se crea cuando la luz solar reacciona frente a la contaminación de los vehículos y otras fuentes. El ozono puede provocar muchos problemas de salud, especialmente entre los niños, los ancianos y aquellas personas con problemas respiratorios.

13 de abril. La EPA frena una norma que controla el vertido de metales tóxicos, como arsénico y mercurio, de las centrales eléctricas en las vías navegables públicas. Según Pruitt, esta medida, impulsada durante la era Obama y que debía entrar en vigor en 2018, habría destruido muchos puestos de trabajo.

27 de abril. La Agencia consigue convencer a una corte de apelaciones para que frene una norma de la administración Obama que tenía por objetivo reducir las emisiones tóxicas de las centrales eléctricas. Como fiscal general de Oklahoma, Pruitt había interpuesto una demanda contra la Agencia para frenar esta norma.

23 de mayo. Se suspenden durante tres meses unas normas relativas a las emisiones de metano para que la Agencia pueda “reconsiderar ciertos aspectos” de la normativa. El metano es un poderoso gas de efecto invernadero y se emite a partir de desechos podridos en vertederos y a partir de otras fuentes como la agricultura.

13 de junio. La Agencia anuncia que suspende durante dos años la normativa que pretendía reducir las fugas de las emisiones de los operadores de gas y de petróleo. La Agencia reconoce que la contaminación resultante de estas fugas produce un daño “desproporcionado” a los niños pero propone seguir adelante con la suspensión de la normativa de todos modos.

27 de junio. La Agencia, junto con el ejército de Estados Unidos, propone poner fin a la norma relativa a la pureza del agua. Con ello, se da un giro de 180 grados a una medida impulsada durante la administración Obama que amplió la protección del Gobierno al agua potable que beben un tercio de los estadounidenses. Pruitt afirmó que este paso hacia atrás proporcionaría seguridad jurídica a los agricultores y a los negocios. No hizo referencia al impacto que esto tendría sobre la salud pública.

Traducido por Emma Reverter