Hace nueve meses, los líderes mundiales competían para ser los primeros en declarar que las vacunas contra la COVID-19 iban a ser consideradas un bien público mundial. Hoy somos testigos de un apartheid de vacunas que solo sirve a los intereses de las poderosas y rentables compañías farmacéuticas y, al mismo tiempo, nos aleja del camino más rápido y menos perjudicial para salir de esta crisis.
Me indigna la noticia de que Sudáfrica –un país cuya historia sobre el VIH debería habernos enseñado a todos las consecuencias más atroces que tiene permitir que las empresas farmacéuticas protejan sus monopolios de medicamentos– haya tenido que desembolsar más del doble del precio pagado por la Unión Europea por la vacuna de AstraZeneca, por conseguir muchas menos dosis de las que realmente necesita. Como tantos otros países de ingresos bajos y medios, Sudáfrica afronta actualmente un panorama de dificultades en el suministro de vacunas en el que en la lucha para hacerse con las pocas dosis restantes primará la capacidad adquisitiva, y no el sufrimiento de la población.
Nueve de cada diez personas que viven en los países más pobres del mundo pueden quedarse sin vacuna este año. Los retrasos en la producción hacen dudar incluso de esta cifra. Los precios injustificadamente altos obstaculizan el acceso y amenazan con empujar a más países a una crisis de deuda cada vez más profunda. Si seguimos con el modelo de vacunación actual, no conseguiremos controlar esta pandemia en los próximos años.
Si no revertimos esta situación, perderemos millones de vidas y medios de subsistencia en todo el mundo. Afectará a nuestros avances en la lucha contra la pobreza, a las empresas, incluidas las representadas en el Foro Económico Mundial, y a nuestra salud pública y seguridad económica colectivas.
No nos equivoquemos, los costes de la desigualdad en la vacunación no se limitarán a los que viven en los países más pobres.
Cuanto más tiempo se permita que el virus avance en un contexto de inmunidad parcial, mayor será la posibilidad de que se produzcan mutaciones que podrían hacer que las vacunas que tenemos y las que ya se han administrado a algunas personas en los países ricos sean menos eficaces o ineficaces.
Una investigación encargada por la Cámara de Comercio Internacional y publicada la semana pasada predice que los retrasos en el acceso a las vacunas en los países más pobres tendrán un coste estimado de 9 billones de dólares para la economía mundial, de los cuales casi la mitad serán asumidos por los países ricos, como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido.
No podemos rebobinar los últimos nueve meses ni la incapacidad que hasta ahora han mostrado los gobiernos a la hora de cumplir su promesa de convertir las vacunas contra la COVID-19 en un bien público mundial. Sin embargo, podemos y debemos actuar para cambiar la trayectoria de esta pandemia. No hacerlo nos llevaría a una situación catastrófica.
La ciencia, los conocimientos y la tecnología de las vacunas, pagados en gran parte con más de 100.000 millones de dólares del dinero de los contribuyentes, no pueden seguir siendo tratados como propiedad privada de las empresas farmacéuticas. Al contrario: deben compartirse abiertamente, a través del fondo común de acceso a la tecnología de la COVID-19 (C-Tap) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de modo que otros fabricantes puedan sumarse a los esfuerzos y se ponga en marcha un plan mundial que permita acelerar la producción de vacunas.
Para allanar el camino, los gobiernos también deben respaldar urgentemente la propuesta presentada a la Organización Mundial del Comercio (OMC) de renunciar temporalmente a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, los tratamientos y las pruebas de COVID-19 hasta que el mundo haya alcanzado la tan necesaria inmunidad de grupo y esta pandemia esté bajo control.
Casi todas las empresas del planeta han tenido que abandonar su actividad habitual como consecuencia de esta pandemia. A todos nos interesa que las empresas farmacéuticas hagan lo mismo. Invito a los gobiernos y a los líderes empresariales a que se unan al creciente llamamiento a favor de una “vacuna universal” y a que tracen juntos un nuevo camino que pueda garantizar suficientes vacunas, pruebas y tratamientos para todas las personas, con independencia del país donde se encuentren.
- Winnie Byanyima es directora ejecutiva de ONUSIDA y Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas.
Traducido por Emma Reverter