Han pasado más de 20 años desde que el doctor Allen entró en una cámara de ejecución y dio la orden de cumplir la sentencia.
“Dije: 'es la hora', y el electricista pulsó el interruptor”.
A pesar de que han pasado muchos años, ese recuerdo todavía le persigue. “Me sentía muy culpable, tenía remordimientos”, indica. “Cuando pulsaron el interruptor y me di cuenta de que acababa de matar a un hombre fue un momento muy traumático. Tener que hacerlo una y otra vez... simplemente no pude seguir”.
Como comisionado del departamento penitenciario de Georgia, Ault dio la orden para que se llevaran a cabo cinco ejecuciones con silla eléctrica en 1994 y 1995. Tras la muerte del quinto prisionero, se percató de que su angustia se había ido acumulando, que había llegado al máximo de lo que podía tolerar y dimitió. Encontró un trabajo en el Departamento de Justicia que no tiene nada que ver con la pena de muerte.
Desde entonces, le persigue el recuerdo de los cinco hombres que ejecutó: “No recuerdo sus nombres, pero aparecen en mis pesadillas”.
Ahora estas pesadillas son más intensas, ya que Ault es consciente de que Arkansas se dirige irremediablemente hacia lo que él considera un desastre en potencia. El mes que viene, el gobernador, el republicano Asa Hutchinson, ha programado ocho ejecuciones en el plazo de 11 días; una frecuencia no vista en al menos 50 años.
A los prisioneros se les administrará una inyección letal; dos ejecuciones diarias en cuatro días. El 17 de abril será el turno de los presos Don Davis y Bruce Ward; el 20 de Abril, de Stacey Johnson y Ledell Lee; el 24 de abril de Marcel Williams y Jack Jones, y el 27 de abril, de Jason McGehee y Kenneth Williams.
“Cavas dos tumbas, para el condenado y para el verdugo”
El miércoles, 23 trabajadores penitenciarios de 16 estados distintos enviaron una carta conjunta a Hutchinson para pedirle que reconsidere este calendario de ejecuciones. Lo alertaron de que la salud del personal penitenciario se puede ver seriamente dañada y que el hecho de organizar tantas ejecuciones en un espacio de tiempo tan corto empeora innecesariamente el estrés de los funcionarios (algunos lo dicen con conocimiento de causa).
La preocupación principal de Ault no tiene nada que ver con los ocho presos que se encuentran en el corredor de la muerte (asesinos convictos), sino con los hombres y mujeres que integran el equipo de ejecución y a los que se les está pidiendo que maten en nombre de la justicia: “Piden a estos trabajadores penitenciarios de Arkansas que ejecuten a ocho presos, dos diarios. Yo he pasado por esto y me preocupa su salud mental”.
“Como dice el refrán, cavas dos tumbas, una para el condenado y otra para el verdugo”, cuenta Ault. “Y esto es exactamente lo que le pasará a este equipo de ejecución. Muchos de ellos también cavarán su propia tumba, aunque sea en un sentido figurado”.
Ault explica que el papel que desempeñó como responsable de un equipo que ejecutó a cinco hombres le dejó con la sensación de que era peor que la persona más despreciable del mundo. Sintió que caía más bajo que los asesinos que ejecutó; un sentimiento que se vio reforzado por unos protocolos que exigen una gran planificación: “Tenía que seguir un manual de un palmo de grueso. Maté a estos asesinos de una forma más premeditada que la de ellos cuando mataron a sus víctimas”.
Otro factor es la indefensión del hombre que está atado a una camilla: “Tienes a una persona que no se puede defender y planeas cómo matarlo y en muchos casos incluso lo ensayas. A no ser que seas un psicópata, esa experiencia te afecta profundamente”.
“No hay nada que debatir”
El gobernador de Arkansas ha proporcionado muy pocos detalles de cómo piensa lidiar con la carga psicológica que tendrá que soportar el equipo de ejecución. Se ha limitado a confirmar que se les proporcionará apoyo psicológico si lo necesitan.
The Guardian hizo llegar al gobernador una serie de preguntas, entre ellas, qué pensaban hacer para proteger la salud mental del equipo de ejecución. Su portavoz declinó contestar. Lo único que dijo es que el gobernador no piensa hablar con los medios de comunicación nacionales o de otros países antes de las ejecuciones ya que “no hay nada que debatir”.
“No hay discusión posible, no estamos hablando del futuro de la asistencia sanitaria en Estados Unidos. El gobernador tiene la obligación de llevar a cabo unas ejecuciones que ha decidido un jurado. Esto es lo que establece la ley de Arkansas y el Gobierno federal de Estados Unidos”.
En comunicados anteriores, la oficina del gobernador ha indicado que será más eficiente y menos estresante para los implicados si todas las ejecuciones se hacen una detrás de la otra. Allen Ault, con muchas experiencias a sus espaldas, cree que estamos ante un caso de “negligencia arrogante”.
“Los políticos nunca están ahí. Nunca sufren”
“Si el gobernador está tan convencido de su teoría, debería ir a la cámara de ejecuciones y hacerlo él mismo. Pero no lo hará, no lo harán, nunca lo hacen. Los políticos nunca están allí cuando se ejecuta al reo. Nunca sufren”.
Ault tuvo que lidiar con miembros de su equipo que estaban tan perturbados por el papel que habían desempeñado en la ejecución que necesitaron apoyo psicológico. Un alto funcionario del departamento penitenciario tuvo que cambiar de trabajo.
Una y otra vez, ha visto cómo personas que participan en ejecuciones a lo largo y ancho del país tienen el mismo impacto psicológico. Explica que él conoce tres extrabajadores de cárceles que tuvieron que participar, muy a su pesar, en ejecuciones y que más tarde se suicidaron.
Cuando se habla de la pena de muerte en Estados Unidos, el impacto psicológico que sufren los equipos de ejecuciones es una de las cuestiones menos tratadas y, sin embargo, es una de las más preocupantes.
There Will Be No Stay es un documental que se estrenó el año pasado y que muestra a dos responsables del departamento penitenciario de Carolina del Sur que demandaron al Estado por haberlos presionado a colaborar con muchas ejecuciones sin una formación previa y sin proporcionarles apoyo psicológico. Un juez desestimó su demanda.
Craig Baxley, que tuvo que administrar la inyección letal a ocho prisioneros, ha intentado suicidarse y ahora toma seis medicamentos distintos por trastorno por estrés postraumático y depresión. No consigue olvidar un detalle: la causa de muerte que consta en los certificados de defunción de los ejecutados siempre es homicidio.
El otro demandante, Terry Bracey, cuenta en el documental que ha batallado contra sus traumas durante años: “Esperaba que me formaran y que me ayudaran psicológicamente pero no lo hicieron. Tener que apretar el interruptor tuvo unas consecuencias para las que no estaba preparado”.
Morir tras una nube de cianuro
La identidad de los miembros del equipo de ejecución de Arkansas se mantiene en secreto, como ocurre en todos los estados donde está vigente la pena de muerte. Por lo general hay un equipo que acompaña al prisionero de su celda a la cámara donde se le ejecutará y que lo ata a la camilla. Más tarde, el personal con formación médica canaliza las vías periféricas del condenado y, tras recibir la orden por parte del líder del equipo, las personas que hacen el mismo trabajo que Bracey y Baxley, se sientan detrás de una pared acristalada y pulsan los botones que inyectan la sustancia letal en el cuerpo del prisionero.
Como superintendente de la cárcel estatal de Oregón, Frank Thompson tuvo que dar la orden de ejecución dos veces, las dos únicas ejecuciones que se llevaron a cabo en el Estado en los últimos 50 años.
Thompson señala que prefiere no entrar en detalles sobre el equipo de Arkansas pero que, en base a su propia experiencia, está convencido de que deben ser muy prudentes, ya que la experiencia les puede afectar profundamente. Varios miembros de su equipo dejaron el trabajo después de la ejecución. A pesar de que él les había obligado a formarse para que estuvieran preparados, al final no pudo evitar el impacto brutal que la ejecución tuvo sobre ellos.
“Es absolutamente imposible ejecutar a un reo de forma eficiente sin que al menos una persona pierda un poco de su humanidad o que empiece a tener un trastorno por estrés postraumático. Así que para mí es inimaginable que Arkansas lleve a cabo ocho ejecuciones en diez días. Acumula estrés y muchas capas de experiencias traumáticas”.
El trauma a menudo se manifiesta en forma de insomnio o pesadillas. Rich Robertson, un periodista local, presenció la última ejecución con cámara de gas de Arizona, en 1999. Vio morir a un preso que se llamaba Walter Lagrand que desapareció tras una nube de cianuro. Desde entonces, por las noches lo asaltaba un sueño recurrente.
Robertson explica a the Guardian la pesadilla: “Estaba delante de una ventana con persianas venecianas, como la cámara de gas, y las persianas se abrían y podía ver una cuna en medio de la habitación. Había un bebé con cuerdas en sus piernas y brazos conectadas a unas palancas situadas en la pared y allí de pie había un payaso malvado tocando los interruptores”.
El plan de Arkansas no solo preocupa por el impacto psicológico que puede causar en el equipo que lleve a cabo la ejecución. A los expertos legales también les preocupa que las prisas conduzcan a errores humanos y a ejecuciones chapuceras.
La razón: la inyección caduca
La auténtica razón por la cual Hutchinson quiere que todas las ejecuciones se hagan en un espacio tan corto de tiempo es que el Estado tiene un lote de midazolam [una benzodiazepina que se utiliza como ansiolítico, un sedante que se suele utilizar en muchas ejecuciones que se llevan a cabo en Estados Unidos] que caduca a finales de abril y será difícil obtener un nuevo suministro de esta sustancia, ya que la industria farmacéutica y algunos gobiernos extranjeros están boicoteando a los departamentos penitenciarios estadounidenses. Calendario de ejecuciones al margen, lo cierto es que el uso de esta sustancia en ejecuciones es muy criticado.
Es la misma droga que se utilizó en la horripilante ejecución de Clayton Lockett en Oklahoma en 2014. El reo estuvo gimiendo y se retorció de dolor durante 43 minutos. El Estado llevó a cabo una investigación para aclarar lo sucedido y uno de los factores que aparecen en el informe es que el equipo de ejecución estaba bajo una gran presión porque ese mismo día tenían otra ejecución. Una de las conclusiones del informe es que “por motivos que afectan al personal y al centro, es necesario que se establezca un plazo de al menos siete días entre ejecución y ejecución”.
“Lo que pasó en Oklahoma debería preocupar a los altos funcionarios de Arkansas”, indica Dale Baich, el abogado que defendió a Joseph Wood, que murió de una forma igual de horrible en Arizona ese mismo año. En su ejecución, igual de chapucera, también se utilizó midazolam. “¿Qué pasará si el primer prisionero que ejecutan tiene una reacción parecida a la de Wood o Lockett? ¿El gobernador exigirá que se cumpla el calendario de ejecuciones? Esta prisa es imprudente e irresponsable”.
Jennifer Moreno, una abogada que trabaja en la Facultad de Derecho de la Universidad de Berkeley, señala que al optar por midazolam, Arkansas pone más presión al equipo de ejecución porque no se pueden equivocar en lo más mínimo: “Además de la presión de tener que ejecutar a ocho hombres en 11 días, también les estás diciendo que no se pueden equivocar en lo más mínimo al administrar el fármaco, los están poniendo en una situación muy difícil”.
Los condenados han presentado un nuevo recurso ante un tribunal federal de Arkansas para intentar frenar el plan de Hutchinson. Señalan que la presión a la que se somete al equipo de ejecución y el poco margen de tiempo entre ejecuciones incrementa el riesgo de que tengan una muerte extremadamente cruel (e inconstitucional).
“Los integrantes del equipo de ejecución tienen que matar a un ser humano sano. Están sometidos a una gran presión. Tienen poca experiencia o, simplemente, ninguna, en la administración de una sustancia que nunca se ha utilizado en el estado de Arkansas. Y entonces les pedirán que lo vuelvan a hacer. Y luego, otra vez. Y otra. Y otra. Y otra vez, hasta matar al octavo preso”.
Traducido por Emma Reverter