No puede haber nadie en el Reino Unido que no esté indignado por el terrible ataque contra Serguéi Skripal y su hija Julia perpetrado en Salisbury la semana pasada. El hecho de que se utilizara un agente nervioso de origen militar en las calles de Gran Bretaña es una barbaridad; la palabra “temeridad” se queda corta para describir la acción.
Este horrible suceso exige en primer lugar que nuestros servicios policiales y de seguridad investiguen los hechos de forma minuciosa y exhaustiva. Tienen derecho a esperar un apoyo incondicional en su labor, del mismo modo que la opinión pública también debería esperar que sus líderes políticos actúen de forma serena y mesurada.
En el actual contexto político convulso, precipitarse y reaccionar antes de que la policía termine de recabar las pruebas, no beneficia ni a la justicia ni a nuestra seguridad nacional.
Theresa May estaba en lo cierto cuando este lunes afirmó que el agente nervioso del ataque de Salisbury puede proceder de dos fuentes posibles, habida cuenta de que ya se ha determinado que procede de Rusia. O bien se trata de un delito cometido por el Estado ruso, o bien ese Estado ha permitido que esas toxinas mortales se escapen del control que las instituciones rusas tienen la obligación de ejercer. Si se trata de esta última posibilidad, no puede descartarse una conexión con los grupos mafiosos rusos a los que se les ha permitido tener presencia en Reino Unido.
Dos días más tarde, la primera ministra seguía sin descartar ninguna de las dos posibilidades. En última instancia, corresponde a la policía y a los profesionales de la seguridad determinar cuál de las dos hipótesis es la correcta. Esperemos que el próximo paso sea la detención de los responsables.
Como ya afirmé en el Parlamento, las autoridades rusas deben rendir cuentas por lo sucedido y en base a las pruebas que se han recabado, y nuestra respuesta debe ser proporcionada y firme.
Es importante que no nos inventemos una tensión política en torno a Rusia que no existe. Obviamente, el Partido Laborista no apoya el régimen de Putin, su autoritarismo conservador, su vulneración de los derechos humanos ni la corrupción política. En este sentido, expresamos nuestra admiración hacia todos los activistas rusos que promueven la justicia social y los derechos humanos, entre ellos, los derechos del colectivo LGBT.
Sin embargo, eso no quiere decir que debamos precipitarnos hacia una “nueva guerra fría” y una escalada del gasto en armamento, conflictos de poder a lo largo y ancho del mundo y una intolerancia al más puro estilo McCarthy hacia todos los que no opinen como nosotros.
En realidad, el Reino Unido debe defender incondicionalmente el Estado de derecho y sus valores, que deben estar en sintonía con una política exterior que aproveche todas las oportunidades posibles para reducir las tensiones y los conflictos. La diplomacia de este gobierno le está fallando al país. El apoyo incondicional a Donald Trump y el recibimiento con honores a un déspota saudí no solo traicionan nuestros valores sino que nos convierte en un país menos seguro.
Nuestra capacidad para lidiar con los escándalos de Rusia se ve comprometida por la oleada de dinero malversado que los oligarcas rusos, tanto si son aliados como opositores del gobierno ruso, han lavado a través de Londres en las últimas dos décadas. Debemos dejar de servir al capitalismo ruso de colegas en Gran Bretaña y a los multimillonarios corruptos que utilizan Londres para proteger su riqueza.
Así que no me cansaré de pedir que el dinero ruso sea excluido de nuestro sistema político. Seguiremos presionando al Gobierno para que apoye las sanciones como las originadas por el caso Magnitsky [un abogado ruso que murió estando bajo custodia policial] para los que vulneren los derechos humanos, así como mano dura frente al blanqueo de dinero y a la evasión fiscal.
Estamos de acuerdo con la decisión tomada por el Gobierno en relación con los diplomáticos rusos, pero las medidas encaminadas a controlar a los oligarcas y su botín tendrían un impacto mucho mayor en la élite rusa que las expulsiones que tienen por objetivo pagar a Rusia con la misma moneda. Estaremos dispuestos a respaldar nuevas sanciones cuando se conozcan las conclusiones del equipo que investiga el atentado de Salisbury.
Sin embargo, si queremos unir fuerzas con nuestros aliados para impulsar una acción conjunta, debemos respetar los tratados y los procedimientos internacionales relativos al uso de armas químicas.
Esto implica que para reducir la amenaza de estos horribles agentes tóxicos debemos trabajar bajo el paraguas de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW) y si, es necesario, los inspectores de armas químicas deben investigar la distribución de armas de la era soviética.
Así puede y debe ser la base para una respuesta política común a este crimen. Sin embargo, a lo largo de mis años en el Parlamento he podido constatar cómo el pensamiento lógico y coherente ha quedado en demasiadas ocasiones eclipsado por los juicios precipitados y la emoción. Sin ir más lejos, la información errónea y poco fiable de los servicios de inteligencia nos condujo hasta la calamitosa invasión de Irak. Y si bien la ofensiva contra Libia recibió un apoyo abrumador entre todos los partidos, también resultó ser un error.
La repulsa unánime ante los atentados del 11 de septiembre nos llevó a una guerra en Afganistán que continúa hasta el día de hoy, mientras que el terrorismo se ha extendido por todo el mundo.
Si queremos evitar una escalada del conflicto, las consecuencias, todavía presentes, del colapso de la Unión Soviética y del colapso del Estado ruso en la década de los noventa deben ser abordadas a través del Derecho internacional y de la diplomacia.
En estos momentos, la prioridad es identificar y llevar ante la justicia a los autores del ataque de Salisbury. Solo a través de acciones multilaterales firmes podremos estar seguros de que nunca más vuelve a cometerse un crimen tan estremecedor como este.
Traducido por Emma Reverter