La decisión de Theresa May de afirmar que “es hora de decir ya basta” y de atacar la ideología del extremismo islámico en Gran Bretaña después del atentado de London Bridge supone una respuesta mucho más dura que la que tuvo tras lo ocurrido en Manchester.
Frente a Downing Street, doce horas después del ataque de London Bridge, May declaró que “hay demasiada tolerancia hacia el extremismo en nuestro país” y dijo que “debemos negar cualquier espacio a los extremistas” y afirmar “la superioridad de los valores británicos”.
La primera ministra no mencionó el extremismo islámico en su declaración posterior al atentado de Manchester, ni siquiera para destacar, como habían hecho antes algunos de sus predecesores, que la ideología islamista radical es una perversión de la fe islámica.
Esta vez, May adoptó una una respuesta más agresiva tanto en su lenguaje como en la respuesta política que se espera, incluso a pesar de que la jefa de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, aún no ha facilitado en público la identidad de los tres agresores.
El programa de cuatro puntos descrito por May forma parte de una ofensiva antiextremista que ella ya planteó hace más de dos años en un discurso en el que identificaba el “entrismo” por radicales islámicos en el sector público y la sociedad civil poco después de la polémica del “caballo de Troya” en los colegios de Birmingham.
Lo primero que dijo la primera ministra fue afirmar que los tres atentados de los últimos 73 días podrían no formar parte de la misma red, pero eran copias mutuas y suponían el uso de medios especialmente violentos.
May dijo que era necesario admitir que los tres atentados están conectados “en un sentido muy relevante”: “Están unidos por una sola ideología nefasta de extremismo islámico que predica el odio, siembra la división y promueve el enfrentamiento sectario”.
La primera ministra advirtió de que las operaciones antiterroristas o militares no son suficientes para acabar con los atentados o derrotar a esa ideología: “Sólo será derrotada cuando cambiemos la mentalidad de la gente sobre la violencia y les hagamos comprender que nuestros valores –los valores pluralistas británicos– son superiores a cualquier cosa que ofrezcan los predicadores del odio”.
Su segundo argumento consistió en decir que se necesitan acuerdos internacionales para “acabar con ese espacio seguro (online) que el extremismo necesita para crecer” y que facilitan las grandes empresas de internet.
En tercer lugar, y eso supone un gran cambio, dijo que esa batalla contra los “espacios seguros” no debe realizarse sólo en el mundo digital, sino también en el mundo real: “Por eso, debemos ser más fuertes en identificarlos y borrarlos del sector público y de la sociedad. Eso exige un debate difícil y a menudo embarazoso”.
Su ultimo punto fue confirmar una revisión de la estrategia antiterrorista que se ha venido realizando desde noviembre de 2016 y que se ampliará para aumentar las penas de prisión para delitos relacionados con el terrorismo, incluso si implican delitos menos graves.
Es más probable que May apueste por penas mayores para delitos menos graves, como los relacionados con drogas o evasión fiscal, con los que procesar a sospechosos de terrorismo, en vez de resucitar el uso de órdenes como las Tpims (medidas contra sospechosos ordenadas por el Ministerio de Interior).
El exlíder tory Iain Duncan-Smith dijo el domingo que creía que May reforzaría las Tpims para recuperar las competencias que permiten al Ministerio obligar a los sospechoso a cambiar de lugar de domicilio (o incluso de ciudad).
Pero en realidad la posibilidad de forzar a un sospechoso de terrorismo a trasladarse hasta 200 millas (321 kilómetros) de sus casas –que existía con sus predecesoras, las “órdenes de control” (aprobadas por los gobiernos de Blair)– ya fueron recuperadas en 2015. Sin embargo, las Tpims no han resultado útiles a las fuerzas de seguridad, lo que explica por qué sólo ha habido siete impuestas de forma simultánea.
Lógicamente, la primera ministra y las fuerzas de seguridad parecen preferir procesar a los sospechosos de terrorismo, aunque sea por delitos menores, para sacarlos de circulación durante un largo periodo de tiempo.
El discurso de “ya basta” de May recuerda al programa de 12 puntos de Tony Blair (“las reglas han cambiado”) anunciado después de los atentados de Londres de 2005, buena parte de los cuales nunca se han aplicado.
La estrategia de May contra el extremismo ya aparece en su programa electoral con la promesa de crear una nueva comisión encargada de “identificar y desvelar ejemplos de extremismo” y la posibilidad de crear nuevos delitos para ilegalizar por primera vez el extremismo no violento en Gran Bretaña.
Su programa original de 2015 contra el extremismo incluía la ilegalización de grupos que no tengan el carácter de organización terrorista, órdenes contra individuos que inciten al odio, y órdenes de clausura de instalaciones utilizadas para reuniones de corte extremista.
Todo ese abanico de medidas no ha sido puesto en práctica en su mayoría por las reservas mostradas por miembros del Gobierno y por la dificultad de encontrar una definición sólida de “extremismo” que sobreviva a los recursos ante los tribunales que invoquen el derecho a la libertad de expresión, presentados por grupos o personas colocadas fuera de la ley.