ANÁLISIS
La semana pasada, el Parlamento de Hungría prohibió toda representación de la homosexualidad o de la transexualidad dirigida a menores, en materiales educativos y en televisión. Al incluir la medida en una ley que protege a los niños del abuso infantil, el presidente húngaro Viktor Orbán estableció una conexión explícita entre homosexualidad y pedofilia.
Al hacerlo, recurrió al bulo de que las personas homosexuales y trans constituyen un peligro para los niños. Durante mucho tiempo, gran parte del mundo había prescindido de este discurso, pero ahora está viviendo un nuevo y preocupante resurgir en la batalla global contra la llamada “ideología de género”.
“La lógica del Gobierno es encontrar un enemigo y fingir que salva al país de ese enemigo”, dijo la semana pasada ante el Congreso de Estados Unidos Tamás Dombos, referente LGTBQ+ de Hungría. Dombos describió la nueva ley como “una estrategia política consciente y diabólica” del Gobierno para desviar la atención de su caótica respuesta a la crisis de la COVID-19. La legislación también es una primera salva de cara a las próximas y reñidas elecciones, y una manera eficaz de marcar lo que yo llamo una “línea rosa”: la barrera nacionalista que protege, en este caso, los “valores” húngaros frente al supuesto imperialismo inmoral de George Soros y Bruselas.
La ley húngara se hace eco así de la legislación de “propaganda antigay” impulsada por Vladimir Putin en 2012 para contrarrestar la creciente oposición que afrontaba en las ciudades por su candidatura a un tercer mandato presidencial. También es una forma de preparar el escenario para repetir, en Hungría, la campaña electoral de Andrzej Duda en Polonia el año pasado, que atacaba la “ideología LGTB”.
Es irónico que estos políticos “antioccidentales” estén siguiendo las estrategias aplicadas en 1977 en Estados Unidos por la campaña de Anita Bryant en Florida, “Save Our Children”, que pretendía eliminar de los planes de estudio toda referencia a la homosexualidad y fue el origen de varias leyes en todo el país. Mucho antes que Rusia y Hungría, el Gobierno británico de Margaret Thatcher aprobó la sección 28, que prohibía la “promoción” de la homosexualidad en los colegios.
Esta ley no se derogó hasta 2003 en Inglaterra y Gales. En Estados Unidos, las leyes de “no promoción de la homosexualidad” siguen vigentes en cuatro estados del sur, y hay otros dos estados, Arizona y Tennessee, que han estado a punto de restringir recientemente el acceso de los estudiantes a información sobre identidad de género y orientación sexual.
Mientras, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha prometido que sacará la palabra “género” del currículo, así como cualquier charla sobre homosexualidad o transexualidad. En más de 100 jurisdicciones brasileñas están tratando de hacerlo por ley. A pesar de que el Tribunal Supremo del país ya se ha pronunciado en contra en 11 casos, el proceso sigue adelante.
En África, la feroz oposición de la derecha religiosa ha hecho que varios países abandonaran su compromiso con la educación sexual integral aprobada por la ONU. Antes de la campaña electoral de Ghana de 2020, se constituyó un grupo de presión religioso contra lo que denominaban “educación satánica integral”, debido a que supuestamente promovía los derechos LGTBQ+. El miedo y el odio generados durante este debate han alimentado la represión en Ghana. A principios de 2021 cerraron el primer centro comunitario LGTBQ del país. El mes pasado arrestaron a 21 jóvenes que asistían a un evento de formación para asistentes jurídicos, acusados de “defender actividades LGTBQ”.
Una campaña similar contra la educación sexual integral logró su cometido en Zambia, y está ganando terreno en la poblada Etiopía. Como las de América Latina y las de Europa del Este, estas campañas usan materiales y tácticas de los movimientos “profamilia” de Estados Unidos, principalmente Family Watch International (FWI) y el Congreso Mundial de Familias (WCF, por sus siglas en inglés). Con sede en Arizona, donde dirigió la campaña de educación anti-LGBTQ+, el grupo FWI ha dado impulso a las campañas de Ghana y de Etiopía.
En el mundo católico, estas campañas se vinculan con organizaciones conservadoras como el Opus Dei y, más recientemente, con la polaca Ordo Iuris. Se trata de una influyente organización de abogados católicos que acaba de abrir una universidad en Varsovia como contrapeso explícito a la Universidad Centroeuropea de George Soros. Los conservadores de Europa del Este dicen estar montando el contraataque contra la ortodoxia de la izquierda sobre el género y la homosexualidad. Como suele hacer el húngaro Viktor Orbán, ellos también lo equiparan a la ideología comunista.
Los conservadores religiosos de Estados Unidos ya viajaban en 1995 a Moscú para engendrar la WCF con activistas ortodoxos que buscaban tracción política en la Rusia poscomunista. Los miembros rusos de la WCF fueron cruciales para que los políticos compraran la idea de la propaganda antigay. Celebrado en 2017, el anfitrión de su último congreso fue el Gobierno húngaro. El propio Orbán lo inauguró.
Los activistas húngaros no tienen ninguna duda de que la ley aprobada esta semana viene de estas conexiones globales. La razón por la que estas campañas son tan similares en todo el mundo, y tan potencialmente efectivas, es que, en palabras de Dombos, “los seres humanos de todo el mundo tienen miedos similares”. “Temen por sus hijos, quieren lo mejor para sus hijos, de forma que cuando les dices ‘estos monstruos trans van a convertir a tu hijo en una persona trans que nunca reconocerás', es algo que resuena”.
Según las encuestas, una mayoría de los ciudadanos de Hungría apoya los derechos LGTBQ+ y los que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo solo superan ligeramente a los que están a favor. Es por eso por lo que Fidesz, el partido que gobierna Hungría, relaciona en la nueva ley la homosexualidad con la pederastia. Lo hace seis meses después de prohibir la adopción de niños por parte de personas que no sean parejas heterosexuales casadas. Tras prohibir la transición legal de género, ahora está buscando de manera explícita avivar el pánico moral por los niños.
Los conservadores de derechas y sus aliados populistas se han pasado los últimos años provocando estos miedos en todo el mundo.
Yo mismo he visto su poder destructivo con el caso de la mujer trans rusa que perdió todos los derechos sobre su hijo porque un juez consideró que estaría “promoviendo la homosexualidad” del niño. También hay pruebas claras de la forma en que esta vinculación genera violencia, desde los crecientes ataques homófobos de Brasil hasta los pogromos mortales que sufren actualmente las personas homosexuales de Chechenia.
La ley húngara forma parte de esta tendencia pero también sienta un nuevo e inquietante precedente. A medida que los homosexuales han ido siendo más aceptados en los últimos años, los activistas de derecha han tratado de despersonalizar el odio hablando de “ideología de género” y de “ideología LGTB”. Pero la legislación húngara vuelve su espada de una forma brutal contra personas reales, equiparándolas a abusadores de niños en el propio texto de la ley.
El intento de Anita Bryant de hacerlo en Florida en 1977 fue muy importante en aquella época para la movilización por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos y desencadenó un amplio apoyo popular a las personas homosexuales. Algo similar puede, y debe, ocurrir ahora. En Hungría y en todo el mundo.
Traducido por Francisco de Zárate.
Cada domingo te mandamos un email con lo esencial de la semana para la actualidad internacional. Lo escribe nuestra subdirectora María Ramírez. Apúntate aquí.
Si eres socia/socio o estás registrado/a, puedes apuntarte directamente desde tu perfil privado.
Periodismo a pesar de todo
Necesitamos tu apoyo económico para hacer un periodismo riguroso y con valores sociales
HAZTE SOCIO, HAZTE SOCIA