A pesar de la creciente presión internacional para que respeten los derechos humanos de la población, las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo no han puesto fin a una ola de represión que tiene el objetivo de impedir que los ciudadanos se manifiesten en contra el gobierno del presidente Joseph Kabila. Al menos 40 personas han muerto en la capital, Kinshasa, desde que estallaron las protestas.
Hace dos semanas, policías, paramilitares y soldados acorralaron a los manifestantes y a los miembros de la oposición a lo largo y ancho del país, a pesar de que Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea y las Naciones Unidas instaron a las autoridades y a las fuerzas de seguridad del país a respetar los derechos humanos de los ciudadanos.
El gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado contundente, que afirmaba que Kabila y las fuerzas de seguridad tenían “la obligación de respetar el derecho de la población congoleña a reunirse pacíficamente, que debe poder expresar sus opiniones sin miedo a sufrir represalias, castigos o detenciones arbitrarias”.
A pesar de este comunicado, las fuerzas de seguridad detuvieron en Goma a más de 20 activistas de LUCHA, un grupo que aboga por el cambio y la reforma política del país, que pedían la dimisión de Kabila frente a unas oficinas gubernamentales.
En Kinshasa, the Guardian pudo ver cómo un camión militar lleno de jóvenes, que aparentemente habían sido detenidos, se dirigía hacia el centro de la ciudad. Los activistas de la ciudad minera de Lubumbashi, situada en el sudeste del país aseguran que las fuerzas de seguridad reprimieron una protesta y más de 10 manifestantes murieron y otros 30 resultaron heridos.
Un gobierno que se estira
El segundo mandato de cinco años del presidente Kabila terminó el lunes 19 por la noche. El exguerrillero de 45 años ha afirmado que respetará la Constitución, que prohíbe un tercer mandato. Sin embargo, muchos temen que quiera perpetuarse en el poder.
Los partidarios de Kabila afirman que, por motivos económicos y logísticos, no se podrán convocar unas nuevas elecciones hasta 2018, y que el presidente tiene el deber de liderar un gobierno interino hasta que esto no suceda.
Si bien a lo largo del miércoles pasado se pudieron oír algunos disparos esporádicos, todo parecía indicar que Kinshasa estaba recuperando su ritmo normal y algunas tiendas que habían permanecido cerradas durante los últimos tres días se atrevieron a abrir. Sin embargo, hay mucha seguridad en las calles, con vehículos blindados y cientos de policías desplegados en sitios estratégicos.
No se dispone de una cifra fiable de las personas que han sido detenidas en los últimos días. La policía reconoce haber detenido a unas 275 personas pero otras fuentes afirman que la cifra podría ser de más de 600. Un portavoz de la policía, Pierre Mwanamputu, reconoce que 116 detenidos todavía permanecen en custodia.
Las organizaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas afirman tener pruebas de que solo entre el lunes por la noche y el martes de la semana pasada, entre 19 y 26 personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en la capital, Kinshasa, y en Lubumbashi. También estiman que la cifra de heridos se eleva a 50.
Las protestas estallaron cuando, cinco minutos antes de la medianoche del lunes, se anunció un nuevo gobierno interino. En las horas siguientes, el sonido de los silbatos, las bocinas y de las cacerolas no hizo más que crecer y los manifestantes también quemaron neumáticos y levantaron barricadas. Las fuerzas de seguridad las derrumbaron con munición real y gases lacrimógenos.
Una oposición deslegitimada
A pesar de la ola de indignación popular, el poder de Kabila sigue siendo fuerte. Las fuerzas de seguridad permanecen leales al régimen y mucha gente ve a la oposición actual como parte del problema, no la solución.
Los expertos explican que la inflexible posición de Étienne Tshisekedi, el líder de 84 años del opositor UDPS, ha ayudado a marginar su partido. El político opositor más popular, Moise Katumbi, un magnate dueño de un exitoso equipo de fútbol, huyó del país después de recibir una condena a prisión por cargos menores de fraude. Sus seguidores dicen que los cargos están falseados.
Katumbi sigue en el extranjero, donde sus esfuerzos para ganarse el apoyo occidental han tenido cierto éxito, pero aseguró la semana pasada que no pensaba volver pronto por el miedo al estallido de la violencia. “Soy un hombre de paz”, declaró a the Guardian.
Resultado de la actual crisis es el surgimiento de una ola de nostalgia entre la generación más mayor por los años de Mobutu Sese Seko, que dirigió el país de 1965 a 1997. Mobutu, respaldado por Occidente durante la Guerra Fría, fue un dictador brutal que dejó un legado de ruina económica y una guerra civil que duro cinco años y mató a alrededor de cinco millones de personas.
“Es una lucha de poder, ya sea en la mesa de negociaciones o en la calle”, señala Valentin Mubake, una autoridad de alto rango del UDPS, el principal partido opositor.
Condena internacional
Estados Unidos y la Unión Europea ya habían impuesto la prohibición de viajar a las personas que forman parte del círculo de Kabila; la mayoría, altos funcionarios en los servicios de seguridad a los que se considera responsables de violaciones de los derechos humanos. Entre ellos figura el comandante de las fuerzas militares que presuntamente causaron la muerte de 60 personas cuando en setiembre dispararon a un grupo de manifestantes.
Para Estados Unidos es “lamentable que las fuerzas de seguridad respondieran a una muestra de expresión democrática con gases lacrimógenos, detenciones y disparos de advertencia. Estamos preparados para imponer más sanciones a aquellos, en el gobierno y en la oposición, que cometan actos de violencia u obstaculicen la labor de las instituciones democráticas del país”.
Tobias Ellwood, responsable británico para África y Oriente Medio, ha expresado su consternación y su “profunda decepción” ante la ola de violencia y el hecho que no se hayan convocado unas nuevas elecciones presidenciales.
“La clave para una solución sostenible es que el Gobierno cumpla con la promesa que hizo al pueblo congoleño”, ha indicado: “El Gobierno debe convocar unas nuevas elecciones y fijar una fecha si quiere evitar que una escalada de violencia”.
Bélgica, anterior poder colonial en el país, ha manifestado que reevaluará sus relaciones con el gobierno de Kabila y Francia ha instado a la Unión Europea a ir en esta misma dirección.
“Es necesario que seamos muy claros. Llega un momento en el que, si la situación se mantiene como está, Europa deberá reevaluar la relación que tiene con el país. No podemos seguir como hasta ahora, como si nada estuviera pasando”, ha afirmado el ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault.
Es muy probable que el Gobierno se sienta reconfortado por la naturaleza esporádica de las protestas y el éxito aparente de la estrategia de mano dura de la policía y no sienta la necesidad de hacer ninguna concesión.
Si bien los diplomáticos de Occidente creen que las sanciones podrían obligar a Kabila y a sus aliados más cercanos a reconsiderar sus opciones, todo parece indicar que de momento el Gobierno se ha sentido muy poco presionado por esta amenaza. Los observadores creen que los gobiernos de la región podrían tener una mayor influencia sobre el Gobierno congoleño.
Hace dos semanas se reemprendieron las negociaciones entre una coalición de los partidos de la oposición y el Gobierno. Sin embargo, es poco probable que estas negociaciones, moderadas por la Iglesia Católica, den lugar a un acuerdo.
El gobierno ha afirmado que los países más críticos, entre ellos el Reino Unido y Estados Unidos, están “interfiriendo” y practicando una nueva forma de colonialismo.
Los simpatizantes de Kabila, que el martes organizaron una marcha con banderas en la capital, han manifestado que el país debe tener la libertad de elegir a sus líderes. “Es nuestro país. Nosotros debemos decidir si queremos un cambio”, señala Ali Warial, un hombre de 33 años.
Traducción de Emma Reverter