Berta Cáceres figuraba en una lista de 'objetivos a eliminar' del ejército hondureño

Un exsoldado ha revelado que el nombre de Berta Cáceres, la ambientalista que fue asesinada en marzo, figuraba desde hacía meses en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos. El sargento primero Rodrigo Cruz, de 20 años, asegura que dos unidades de élite recibieron listas con los nombres y las fotografías de una decena de activistas, con la orden de matarlos.

El comandante de la unidad de Cruz, un teniente de 24 años, no quiso cumplir la orden y desertó. Cruz, que ha pedido ser identificado con un seudónimo por miedo a represalias, siguió su ejemplo y huyó a un país vecino. Muchos otros miembros de esa unidad han desaparecido y se teme que estén muertos.

“Si regresara a casa, me matarían. Diez excompañeros han desaparecido. Estoy completamente seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por el ejército”, ha explicado Cruz a The Guardian. 

Cáceres, una líder de la comunidad indígena lenca, que ganó el prestigioso premio ambiental Goldman en 2015 por su campaña contra la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, fue abatida a tiros en su casa en marzo de este año. Con anterioridad, había denunciado 33 amenazas de muerte vinculadas con su campaña y se había puesto en contacto con representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos para decirles que estaba en una lista negra. 

Según Cruz, el nombre de Cáceres figuraba en una lista que fue entregada a una unidad de la policía militar de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina). El año pasado, unos 200 soldados estadounidenses y agentes del FBI entrenaron a esta unidad.

Cinco hombres han sido detenidos por este asesinato, entre ellos, el Oficial General Mariano Díaz Chávez, que estaba en servicio activo. Antes había participado en unas operaciones conjuntas de los ejércitos de Estados Unidos y de Honduras en Irak, y según los medios de comunicación locales completó el curso de operaciones de élite Tesón, que en parte es impartido por fuerzas especiales de Estados Unidos. En el momento de su detención, Díaz formaba a policías militares. Ha sido destituido con deshonor.

Annie Bird, directora del grupo Derechos y Ecología, que hace un seguimiento de los abusos de los derechos humanos en Honduras, ha señalado que “el relato de Cruz deja entrever la existencia de escuadrones de la muerte cuyo objetivo es matar a los miembros de la oposición, pero el sistema judicial está controlado directamente por personas implicadas con casos de corrupción y nadie en el país puede impulsar una investigación veraz e independiente”. 

The Guardian entrevistó a Cruz en diversas ocasiones, por teléfono y por videoconferencia, y también habló con académicos y líderes y activistas de la comunidad que a su vez hablaron con Cruz y confirmaron su identidad y su pasado militar.

Entrenados para matar

Cruz se alistó en el ejército en diciembre de 2014 y tras tres meses de entrenamiento básico fue transferido al Séptimo Batallón de la policía militar, que fue creada en 2013 con el objetivo de sustituir a la fuerza de policía civil que había sido acusada de corrupción y de cometer abusos. 

Completó dos extenuantes campamentos de entrenamiento especializado, entre ellos el curso Tesón. En este último curso lo instruyeron militares estadounidenses, colombianos y de otro país que Cruz no pudo identificar. El año pasado, el curso Tesón fue objeto de mucha polémica porque se difundieron imágenes de un participante al que obligaban a comerse la cabeza de un perro. 

Durante el curso Cruz tuvo que ser hospitalizado en dos ocasiones por deshidratación, pero consiguió terminarlo y en octubre del año pasado Cruz y otros 15 hombres de su batallón fueron asignados al cuerpo especial Xatruch, una de las dos fuerzas integradas por múltiples organismos de Honduras y que se despliegan para servir en operaciones de lucha contra las drogas y las maras. 

El cuerpo especial Xatruch cubre la costa del Caribe, que se ha convertido en un importante punto de paso para los cárteles que introducen cocaína a Estados Unidos desde América del Sur. El segundo cuerpo especial, Fusina, tiene operaciones en todo el país.

A mediados de diciembre, un martes por la tarde, el comandante de Cruz reunió a sus hombres después de un partido de fútbol y les mostró varias hojas de papel con nombres, fotografías, direcciones y números de teléfono de las personas que figuraban en la lista negra. La unidad de Cruz se hizo cargo de una de las listas. Una unidad similar de Fusina se quedó con otra lista.

“El teniente nos indicó que no estaba dispuesto a cumplir esa orden porque las personas que debíamos matar eran civiles decentes que defendían los derechos de sus comunidades. Dijo que los jefes del Estado Mayor habían dado esa orden y que el comandante de Xatruch lo estaba presionando para que la cumpliera”, explica Cruz.

Unos días más tarde, el teniente se fue de la base militar y no lo volvieron a ver.

La lista de la muerte

Esta no había sido la primera vez que Cruz había visto esa lista. Unas semanas antes, en Punta Piedra, una localidad situada en la costa caribeña, había recogido unos documentos parecidos que se le habían caído a su comandante dentro del jeep que Cruz conducía. “Solo los tuve en mi mano unos 20 o 30 segundos pero identifiqué algunas fotografías, que se correspondían con los líderes de la región de Bajo Aguán. No dije nada”, cuenta Cruz. 

El cuerpo Xatruch está desplegado en la región de Bajo Aguán, que se ha convertido en el escenario de violentas disputas por la tenencia de la tierra entre magnates que se dedican a la producción de aceite de palma y los agricultores locales. Más de cien personas, la mayoría campesinos que defendían sus derechos, han perdido la vida en manos de las fuerzas del Estado o de servicios privados de seguridad. 

Entre los nombres que aparecían en la lista Cruz vio el de Juan Galindo, un activista que huyó de la región tras recibir amenazas de muerte pero que fue asesinado en noviembre de 2014 cuando volvió a casa para ver a su madre enferma. Cruz también reconoció a Johnny Rivas y a Vitalino Álvarez, miembros destacados del Movimiento de la Unión de Campesinos (Muca). Los dos hombres figuran entre los 123 activistas del Bajo Aguán que según un informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014 requerían medidas de protección urgentes. 

Álvarez, de 52 años, que ha sobrevivido a cuatro intentos de asesinato desde 2010, indica que “existe una estrategia para acabar con los líderes más reivindicativos. Desde el asesinato de Berta muchos rumores me ponen ahora a la cabeza de la lista”.

Los grupos de derechos humanos han condenado el apoyo que brinda Estados Unidos a las fuerzas de seguridad hondureñas, ya que cada vez hay más pruebas de los abusos sistemáticos de la policía y los militares. En abril los activistas alertaron al Congreso de que los escuadrones de la muerte tenían a destacados opositores como objetivo principal, como ya pasó durante la “guerra sucia” de la década de los ochenta.

Según los cálculos del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa, desde 2010 Estados Unidos ha ayudado a la policía y al ejército hondureño con unos 200 millones de euros, con el objetivo de luchar contra el crimen organizado y la inmigración ilegal. Además, Honduras es uno de los países que se benefician de los 700 millones de euros del Fondo Alianza para la Prosperidad; una dotación aprobada por el Congreso con el fin de frenar la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica. 

Los dos paquetes de ayuda exigían el respeto de los derechos humanos sin que hasta la fecha esto haya tenido ninguna consecuencia, si bien el último informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado indica que “los homicidios ilegales y arbitrarios y otros crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad” siguen siendo uno de los problemas más graves del país. 

Ni el ministro de Defensa de Honduras ni el Departamento de Estado de Estados Unidos quisieron hacer comentarios, a pesar de las reiteradas peticiones de The Guardian.

Asesinatos y torturas

Después de la deserción del teniente de la unidad de Cruz a mediados de diciembre, a cada uno de los miembros de la unidad se le asignaron misiones distintas. Cruz trabajó durante unos diez días con el comandante del Cuerpo Xatruch. 

Durante este breve espacio de tiempo, Cruz explica que lo despertaban en medio de la noche para que llevara bolsas de plástico de color negro al río Tocoa, en Bajo Aguán. Allí sus compañeros tiraban desde un puente restos humanos. También afirma que vio una “sala de torturas” cerca de un complejo militar situado en la localidad de Bonito Oriental: “Nunca vi a nadie pero sí sangre fresca, un martillo, uñas, cadenas y tenazas”.

Poco después, a Cruz y a sus compañeros les dieron un permiso. En ese momento, preocupado por su seguridad, Cruz decidió huir y cruzó la frontera ilegalmente, ya que el ejército se había quedado con sus documentos de identidad. Ahora está escondido y su familia explica que la policía militar ha preguntado a los vecinos si saben su paradero. 

Lauren Carasik, el director de la Clínica Internacional de Derechos humanos de la Universidad Western New England señala que Estados Unidos no puede seguir mirando hacia otro lado. “Las pruebas son irrefutables y Estados Unidos debe interrumpir la ayuda militar a Honduras, un país sumergido en un baño de sangre permanente desde el golpe de Estado de 2009”.

La violencia en el país aumentó de forma espectacular tras el golpe militar de julio de 2009 que terminó con la presidencia de Manuel Zelaya. 

Los activistas ambientales sufren las consecuencias de esta represión desde que el gobierno de derechas concedió los permisos para que se impulsaron cientos de megaproyectos, entre los que se incluyen minas y presas hidroeléctricas en ecosistemas vulnerables. Al menos 109 activistas han sido asesinados de 2010 a 2015 y Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. 

Cada vez son más los políticos estadounidenses que se muestran preocupados por la situación. 

En agosto de 2015, 21 miembros del Congreso escribieron al Secretario de Estado, John Kerry, para trasladarle problemas específicos que plantea el apoyo estadounidense a Fusina, que ha sido acusada de graves violaciones de los derechos humanos en repetidas ocasiones. 

La semana pasada, el congresista Hank Johnson presentó la propuesta de Ley Berta Cáceres para los derechos humanos en Honduras, que congelaría la ayuda económica de Estados Unidos hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

“Damos millones de dólares a Honduras pero las mismas fuerzas que deben velar por la seguridad están atacando y asesinando a defensores de los derechos laborales, el medioambiente y los derechos humanos, como Cáceres, sin que las autoridades reaccionen”, lamentó Johnson.

La hija de Cáceres, Bertita Zúñiga, señala que el relato de Cruz refuerza todavía más el llamamiento que ha hecho la familia para que un organismo internacional e independiente investigue el asesinato y encuentre a los responsables. 

“Su relato demuestra que hay escuadrones de la muerte en las fuerzas armadas, que se utilizan como instrumento para eliminar a todos aquellos que se oponen a los planes del gobierno. Demuestra que las violaciones de los derechos humanos forman parte de la política de Estado de Honduras”. 

 Traducción de Emma Reverter