El Gobierno de Canadá ha anunciado que se disculpará formalmente ante los miles de canadienses que sufrieron injusticias durante una campaña, que se extendió durante décadas, cuyo objetivo fue erradicar la homosexualidad del ejército y de los servicios públicos.
Se espera que la disculpa llegue a principios de otoño. En estos momentos se están llevando a cabo consultas públicas, encabezadas por el parlamentario Randy Boissonnault, el consejero especial del primer ministro sobre asuntos LGTB. Lo que está intentado es captar una idea general de todos los daños que pudo provocarles el gobierno en un periodo que abarca unas tres décadas.
Todos estos planes llegan meses después del anuncio de una demanda colectiva de 600 millones de dólares canadienses (unos 400 millones de euros) por parte de antiguos trabajadores públicos y miembros del ejército que perdieron sus trabajos por su sexualidad.
En una declaración, Boissonnault dijo que el gobierno iba a reconocer el papel de su legislación, de sus programas y sus políticas en la discriminación y las injusticias a las que se tuvieron que enfrentar los canadienses LGTB. “Está claro que vamos a disculparnos de una manera inclusiva y significativa antes de que termine el año 2017”, aseguró.
Probablemente la disculpa estará dirigida a los empleados públicos y miembros del ejército que fueron despedidos o presionados a renunciar debido a su sexualidad, dijo un portavoz de Boissonnault a the Guardian. “Pero queremos asegurarnos de que lo hacemos bien, de que abarca a todo el mundo y de que no olvidamos a nadie”, añadió. “Esta es la razón por la que se están llevando a cabo consultas públicas en estos momentos”.
El gobierno también está considerando si la disculpa incluirá indultos o algún tipo de compensación económica.
Desde hace mucho, el gobierno ha defendido las peticiones de disculpas. Sus partidarios se fijan en Alemania, donde se introdujo una legislación para compensar con dinero a aquellos que fueron condenados bajo legislaciones que criminalizaban la homosexualidad; y en Reino Unido, donde miles de hombres fueron indultados de forma póstuma este mismo año.
En el mes de marzo, frustrados por los continuos retrasos del gobierno a la hora de abordar el problema, extrabajadores públicos y miembros del ejército presentaron una demanda en una corte federal de Montreal. La demanda colectiva busca una compensación de 600 millones de dólares canadienses por lo que los abogados llaman 'la purga LGTB', durante la que se expulsó a miles de personas del ejército y de los servicios públicos de la mano de un gobierno federal que consideró que los homosexuales eran una amenaza para la seguridad nacional.
La purga comenzó durante la Guerra Fría, y el último caso documentado registrado es de unas dos décadas después de que la homosexualidad fuese despenalizada en 1969. La purga en aquel momento rozó la distopía; algunos fueron interrogados con la 'Máquina de Frutas', un dispositivo desarrollado por la Universidad de Otawa para detectar la homosexualidad pero que en realidad nunca fue capaz de detectar ninguna diferencia entre personas heterosexuales y personas homosexuales.
Cientos de personas ya han firmado la demanda, según Douglas Elliott, un abogado de Toronto e importante activista por los derechos LGTB que está llevando el caso. “Fue una campaña brutal, sin sentido, inútil, severa y cruel por lo que el gobierno debe pedir disculpas por todo”, apunta.
“Realmente Canadá se está quedando atrás con este tema. Estoy muy intrigado sobre por qué les ha costado tanto... creo que tienen buenas intenciones pero ha habido muchas faltas y promesas sin cumplir hasta este momento”.
Pero destaca la importancia de hacer esto bien. “Prefiero una buena disculpa aunque tarde unos meses más que otra que esté podrida y que se olvide de un día para otro, porque esto solo sucederá una vez”.
La disculpa no tendría ningún efecto sobre la demanda, asegura. Las negociaciones están en camino de encontrar una solución, ya que ambas partes son plenamente conscientes de la necesidad urgente de ayudar a todos aquellos que han sufrido en silencio durante años. “La realidad es que muchas de las personas que sufrieron esas repugnantes leyes están ahora muertas”.
La disculpa debe ser un comienzo, recuerda, citando a otras instituciones –desde las iglesias cristianas hasta la policía– que también deberían expresar arrepentimiento por sus actos. “Es un momento crítico. Porque podemos empezar a solucionar todo esto una vez que se ha reconocido el error y es un compromiso para que este tipo de comportamientos no se repitan en el futuro”, concluye.
Traducido por Cristina Armunia Berges