Cecilia levanta la tapa de un contenedor de basura verde y del tamaño de un refrigerador industrial y mete las manos enfundadas en guantes. Saca botellas de plástico, restos de cartón, periódicos, una chequera vieja y un par de sujetalibros. Todo termina dentro de un gran saco de plástico reforzado que Cecilia ata y deja a un lado de la calle.
“Una vez que terminamos, un camión de la cooperativa viene a buscar los sacos y se los lleva a la planta de clasificación”, cuenta. Después de pasar un largo período sin empleo, hace más de tres años que este es su trabajo.
El área de trabajo de Cecilia, de 34 años, comprende cinco manzanas de Palermo, un barrio de moda en el corazón de Buenos Aires. Uniformada con una camiseta gris y un pantalón oscuro con tiras reflectantes, forma parte del nuevo grupo de recolectores urbanos de cartón que en los últimos años han sido integrados al sistema laboral formal de la capital argentina.
Bajo el plan Ciudad Verde del gobierno de la ciudad, en este momento hay más de 5.000 personas recibiendo un salario mínimo del Estado por vaciar los contenedores de basura con forma de campana que empezaron a apostarse en la calles hace 18 meses. El plan surgió como una forma de solucionar una crisis con los vertederos de residuos, que tuvo su momento crítico en 2012, cuando las provincias aledañas a Buenos Aires comenzaron a rechazar los restos provenientes de la ciudad.
“Aunque todavía encontramos todo tipo de cosas en el contenedor, ahora la gente recicla mucho más. Un amigo mío una vez encontró una tablet. Algunos también tiran comida y pañales”, explica Cecilia. Mientras habla, el encargado de un edificio de apartamentos cercano le alcanza una bolsa con basura para reciclar. “Conocen nuestra rutina, así que, la mayoría de las veces, ellos mismos nos dejan a un lado lo que es para reciclar”, comenta Cecilia.
De hurgar en la basura a recicladores
La transformación es notable. Hace diez años, el centro de Buenos Aires era un hervidero de miles de recolectores de cartón (conocidos en Argentina como cartoneros).
Su número se incrementó en gran medida por la crisis económica de 2001. Desde los barrios pobres de la periferia, donde viven unos 13 millones de personas, hombres, mujeres y niños llegaban en multitudes. Hurgaban en la basura de las calles y de las casas de familia para luego regresar a sus barrios con carretillas cargadas de materiales reciclables que vendían a los intermediarios por precios irrisorios. El “Tren Blanco”, un antiguo tren de pasajeros que utilizaban los cartoneros, se convirtió en un emblema de los tiempos difíciles que atravesaba el país.
“En 2002, ocurrió el primer gran cambio, cuando Buenos Aires quitó una antigua ley que tipificaba como delito hurgar en la basura. El segundo cambio llegó de la mano de la Ley Basura Cero [en 2005], que tenía como objetivo reducir gradualmente la cantidad de residuos sólidos destinado a los vertederos”, explica Santiago Sorroche, antropólogo de la Universidad de Buenos Aires.
Uno de los principales protagonistas en la lucha para mejorar la situación de los cartoneros en la ciudad es Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, que representa a unas doce cooperativas de reciclaje que operan en Buenos Aires. La federación está vinculada con la organización de izquierda Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Hombre de grandes habilidades políticas, Sánchez es conocido como el “amigo cartonero del Papa”. En una foto sobre su escritorio, Sánchez posa en Roma junto al Papa, de origen argentino, poco antes de que Francisco bautizara a su hijo.
Como parte de un acuerdo que Sánchez ayudó a establecer con el gobierno de la ciudad, hoy los cartoneros registrados como Cecilia cobran un salario fijo y mensual de 5.200 pesos (355 euros) a cambio de vaciar los contenedores de reciclado del centro de la capital una vez por día. El acuerdo incluye un paquete de seguridad social mínimo y una pequeña ayuda económica.
“Hoy la gran diferencia es que se nos trata como trabajadores que cumplen un servicio público en la ciudad. Antes, la gente nos miraba con desprecio y nos decía que dejábamos todo hecho un desastre y, encima, la policía nos acosaba”, cuenta Sánchez.
El prejuicio tan arraigado contra ellos se ve en detalles como la decisión de un juez de Buenos aires de desestimar la denuncia por daños presentada por un cartonero al que atropelló un auto. Por si eso no bastara, el juez terminó castigando al cartonero por quebrantar las normas de tránsito: le presentaron cargos por circular en su carretilla por la vía pública sin las luces correspondientes.
Dificultades y privatización
Los cartoneros recibieron con gran entusiasmo los recientes intentos por formalizar su trabajo, pero, todavía, su situación dista mucho de ser perfecta. Para empezar, los nuevos contenedores verdes de reciclaje se encuentran casi exclusivamente en las zonas más ricas de la ciudad y, aún en esas áreas, son muchos más los contenedores de resíduos no reciclables.
Por otro lado la actitud de los vecinos cambia, sí, pero muy lentamente. Aunque la mayoría de las cooperativas de reciclaje organizan programas de educación social, aún no se comprende bien la necesidad de reciclar y de hacerlo bien. “Si los contenedores de residuos no reciclables están llenos, la gente tira la basura dentro de los de reciclaje”, explica Sánchez.
Para Cristina Lescano, jefa de la cooperativa El Ceibo (a la que pertenece Cecilia), la nueva planta de reciclaje de plástico del gobierno, inaugurada en diciembre y gestionada por una empresa privada, es el ejemplo perfecto. “Tenemos que enviarles el plástico que recolectamos y, entonces, nos lo mandan para que lo vendamos como pellets, o bolitas, de plástico de alta calidad. ¿Por qué no nos dan esas herramientas para que lo hagamos nosotros?”
Del mismo modo, Lescano cree que el Gobierno de la Ciudad debería pagar a las cooperativas de reciclaje por el trabajo a tasas de mercado, en lugar del subsidio con que las financian hoy. El Ceibo, que tiene 345 afiliados y opera una planta de clasificación a escasos metros de un elegante centro comercial de la capital, tiene solo 10 camiones de recolección. “Con 10 más, podríamos recolectar el doble de material reciclable, pero el gobierno de la ciudad prefiere invertir en empresas privadas y no en un emprendimiento social como el nuestro”, dice Lescano.
De acuerdo con la organización ambientalista Greenpeace, la inversión en infraestructura de reciclaje sigue siendo muy deficiente. Según Soledad Sede, directora de campaña de la ONG, el gobierno de la ciudad no quiere invertir más dinero: después de que la Ley Basura Cero se promulgara, tardaron siete años en colocar los contenedores de reciclaje en la ciudad.
Pocos creen que el nuevo presidente de Argentina y hasta hace poco alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, insista ahora en extender el trabajo formal para los cartoneros más allá de los barrios de moda. Aunque quisiera, la responsabilidad del manejo de los residuos recae en los gobiernos municipales, donde los fondos públicos escasean y la recolección de material reciclable es menos rentable.
Los que más pierden
Sin duda alguna, los que se encuentran fuera del proceso de oficialización de la actividad están en las peores condiciones. Haciendo un cálculo conservador, los grupos cartoneros estiman que en Buenos Aires el sustento de por lo menos 15.000 personas depende de la recolección de cartón. Menos de un tercio de esas personas cobra un subsidio y, de ellas, solo la mitad percibe los 5.200 pesos (355 euros). La otra mitad recibe 2.700 pesos (185 euros) por mes. Para compensar esa falta, venden lo que recolectan de forma privada, en lugar de hacerlo a través de una cooperativa.
En La Cárcova, un asentamiento de la municipalidad de San Martín en el Gran Buenos Aires, se siente el efecto de los últimos cambios. Ubicada junto a uno de los vertederos principales de la ciudad, La Cárcova es el hogar de varias generaciones de cartoneros. Según la gente del lugar, el volumen de recolección disminuyó considerablemente para los que están por fuera del sistema formal: no solo los trabajadores registrados tienen la posibilidad de buscar primero en los contenedores de reciclaje, sino que los contenedores nuevos para residuos no reciclables suelen estar sellados.
“Ahora, nos queda menos para reciclar porque Macri y sus cooperativas lo tienen todo listo. Los camiones de basura pasan todo el tiempo, así que cada vez hay menos y menos para que podamos recolectar”, describe Silvina, de 35 años, habitante de La Cárcova y madre soltera de cuatro hijos.
Emilze, vecina de Silvina y también madre de cuatro, está entre las afortunadas. Hace poco consiguió trabajo en la planta de reciclaje que una empresa privada gestiona en el vertedero de la ciudad. Le pagan 200 pesos (13,7 euros) por día. Su madre, de 62 años, trabajó como cartonera toda su vida: ahora cobra el subsidio de 2.700 pesos (185 euros) y llega hasta el centro de la ciudad en un transporte financiado por el gobierno.
Emilze niega con la cabeza cuando le preguntan si sus hijos van a ser cartoneros. Van a terminar la escuela. Emilze también cree que para los que quedaron dentro del sistema, la recolección hoy es mucho mejor que antes. “Pero, a fin de cuentas, sigue siendo un trabajo sucio”.