La Casa Real británica vetó a trabajadores “inmigrantes de color o extranjeros” durante años
Los empleados de la Casa Real británica vetaron, por lo menos hasta finales de los 60, a los “inmigrantes de color o extranjeros” para desempeñar funciones administrativas en Palacio, según una serie de documentos que acaban de salir a la luz y que reavivarán la polémica en torno a la familia real británica y el racismo.
Los documentos también han dejado al descubierto la forma en que el Palacio de Buckingham negociaba unas controvertidas cláusulas, aún vigentes, que eximen a la reina y a la Casa Real de cumplir con las leyes contra la discriminación por raza o por sexo.
Los documentos se han descubierto en los Archivos Nacionales durante una investigación en curso del periódico The Guardian sobre la forma en que la familia real influye en secreto en el contenido de las leyes británicas mediante el procedimiento parlamentario conocido como el “consentimiento de la reina”.
Los documentos muestran cómo el jefe de finanzas de la Reina comunicó en 1968 a los funcionarios que “no era una práctica habitual el nombramiento de inmigrantes de color o extranjeros” para funciones administrativas en la Casa Real, aunque sí se les permitía trabajar como empleados domésticos.
No está claro cuándo terminaron esas prácticas. El Palacio de Buckingham no ha querido responder a las preguntas sobre dicho veto o sobre la fecha de su cese y ha afirmado que en sus registros de los años 90 figuran como contratadas personas procedentes de minorías étnicas. También ha comunicado que antes de esa década no hay registros sobre el origen racial de los empleados.
Exenciones al cumplimiento de la ley
En los años 60, los ministros del Gobierno intentaban aprobar leyes que ilegalizaran la decisión de no contratar a una persona por su raza o identidad étnica.
La reina lleva más de cuatro décadas personalmente exenta de cumplir con esas leyes de igualdad. Una exención que ha hecho imposible la interposición de demandas ante los tribunales por parte de mujeres o de personas de minorías étnicas empleadas en la Casa Real que sientan haber sido discriminadas.
En un comunicado, el Palacio de Buckingham no ha negado que existiera esa exención real y ha hecho referencia a un procedimiento paralelo para escuchar quejas relacionadas con casos de discriminación. Desde Palacio no ha habido respuesta ante una petición para detallar ese procedimiento.
La exención real entró en vigor en la década de los 70, cuando los políticos implementaron una serie de leyes de igualdad racial y sexual para erradicar la discriminación.
Los documentos oficiales revelan cómo los funcionarios del Gobierno de la década de los 70 coordinaron la redacción de las leyes con los asesores de la reina. Es probable que los documentos vuelvan a centrar la atención en el trato, histórico y actual, que la familia real británica ha dado al tema racial.
Gran parte de la historia de la familia real está inextricablemente ligada al imperio británico, que subyugó a pueblos de todo el mundo. Algunos miembros de la familia real también han sido criticados por sus comentarios racistas.
La duquesa de Sussex, Megan Markle, primera integrante mestiza de la familia, dijo en marzo que llegó a tener pensamientos suicidas mientras fue parte de la Casa Real, y que un miembro de la familia había expresado su preocupación por el color de la piel que tendría su hijo.
Una acusación que obligó a su cuñado, el príncipe Guillermo, a decir que la familia real “no es en absoluto” racista.
El consentimiento de la reina
Algunos de los documentos sacados a la luz por The Guardian se refieren al uso del consentimiento de la reina, un mecanismo con el que la monarca autoriza al Parlamento a debatir las leyes que le afectan a ella y a sus intereses privados.
Aunque el Palacio de Buckingham dice que el procedimiento es una mera formalidad, hay pruebas contundentes de que la reina lo ha usado en repetidas ocasiones para presionar en secreto a los ministros y modificar leyes que no eran de su agrado. Los documentos recién descubiertos revelan por ejemplo cómo se utilizó la figura del consentimiento de la reina para influir en el proyecto de ley de relaciones raciales.
James Callaghan, que en 1968 era ministro de Interior, y los funcionarios de su cartera, parecen haber actuado bajo la creencia de que antes de solicitar el consentimiento de la reina para abrir a debate parlamentario el proyecto legislativo de relaciones raciales, tendrían que asegurar a los asesores de Isabel II que dicha ley no podría aplicarse contra ella en un tribunal.
Callaghan quería ampliar las leyes de discriminación racial del Reino Unido, que hasta ese momento sólo prohibían la discriminación en lugares públicos, para luchar también contra el racismo a la hora de buscar empleo o vivienda.
La Junta de Relaciones Raciales era una de las propuestas clave de su proyecto de ley. Funcionaría como una especie de defensor del pueblo para recibir quejas por discriminación y tendría autoridad para iniciar procedimientos judiciales contra las personas o empresas que incurriesen en prácticas racistas.
'No es práctica habitual nombrar a inmigrantes de color’
En febrero de 1968, el funcionario del Ministerio del Interior TG Weiler resumió por escrito el avance de las negociaciones con Lord Tryon, responsable de gestionar las finanzas de la reina y otros miembros de la corte.
Según Weiler, Tryon había comunicado que el Palacio de Buckingham estaba dispuesto a cumplir con la ley propuesta sólo si gozaba de exenciones similares a las previstas para el servicio diplomático, autorizado a rechazar solicitantes de empleo con menos de cinco años de residencia en el Reino Unido.
Tryon, escribió Wiler, clasificaba al personal de la Casa Real en tres grupos: “a) los puestos superiores, que no se cubrían con anuncios ni con ningún sistema público de nombramiento y que, presumiblemente, quedarían por fuera del ámbito de aplicación del proyecto de ley; b) los puestos de oficina y otros cargos administrativos, en los que no era, de hecho, una práctica habitual nombrar a inmigrantes de color o extranjeros; y c) los puestos domésticos comunes, entre los que se consideraba sin restricción a los solicitantes de color, pero que, en cualquier caso, estarían cubiertos por la exención general propuesta para el servicio doméstico.”
“Les preocupaba especialmente que la legislación propuesta se aplicase a la Casa Real y por primera vez fuera legalmente posible la crítica a Palacio. Mucha gente ya lo hace, pero esto tiene que ser aceptado y tiene un punto de apoyo diferente como disposición legal”, escribió Weiler.
En marzo, el Palacio de Buckingham había dado su visto bueno a la ley propuesta. Un funcionario del Ministerio del Interior señaló que los empleados de la Casa Real “coincidían en que ahora había vía libre para que el secretario de Estado pidiera el consentimiento de la Reina para poner a disposición del Parlamento el proyecto de ley”.
La redacción de los documentos es muy significativa, porque sugiere que Callaghan y los funcionarios del Ministerio del Interior creían que, sin garantizar la exención real, sería imposible obtener el consentimiento de la reina para que el Parlamento debatiera la ley de igualdad racial.
Esta exención significó que la Junta de Relaciones Raciales, responsable de investigar discriminaciones por raza, enviaría todas las quejas del personal de la reina al ministro del Interior en vez de a los tribunales.
En la década de los 70, el Gobierno británico aprobó tres leyes contra la discriminación racial y sexual en el lugar de trabajo. Los denunciantes, por lo general, tenían la potestad de llevar sus casos directamente a los tribunales. Salvo el personal de la Casa Real, que lo tenía prohibido. La redacción de la ley se hizo con frases lo suficientemente vagas como para que el público no se diera cuenta de que los empleados de la reina estaban exentos.
Un funcionario señaló que la exención de la Ley de Discriminación por Razón de Sexo de 1975 había sido “aceptable para Palacio, en gran medida, porque no señalaba explícitamente como objeto de excepción especial a las personas empleadas por su majestad a título personal”, aunque sí las excluía de su ámbito de aplicación.
Esa exención se prolongó hasta nuestros días cuando en 2010 la Ley de Igualdad sustituyó a la Ley de Relaciones Raciales de 1976, a la Ley de Discriminación Sexual de 1975 y a la Ley de Igualdad Salarial de 1970.
Durante muchos años, los críticos han insistido en que la Casa Real emplea a pocas personas negras, asiáticas o de minorías étnicas. “Nunca un rostro negro ha estado presente en los niveles ejecutivos del servicio real, en Palacio y entre los funcionarios”, escribía en 1990 el periodista Andrew Morton en The Sunday Times. “Incluso entre el personal administrativo y doméstico, sólo un puñado de contrataciones corresponde a minorías étnicas”.
Un año después, el investigador sobre la Casa Real Philip Hall publicaba Royal Fortune, un libro donde una fuente cercana a la reina confirmaba que en los rangos superiores de Palacio todos los empleados eran blancos.
En 1997, la Casa Real admitió al periódico The Independent que no estaba siguiendo la política recomendada desde el Gobierno de prestar atención a la composición del personal para garantizar la igualdad de oportunidades.
“La Casa Real y la reina cumplen con las disposiciones de la Ley de Igualdad, en principio y en la práctica. Así se refleja en las políticas, procedimientos y prácticas de diversidad, inclusión y dignidad en el trabajo dentro de la Casa Real”, dijo entonces un portavoz del Palacio de Buckingham. “Cualquier reclamación que en virtud de esta ley pueda plantearse sigue un procedimiento formal que incluye un mecanismo para escuchar y remediar todas las quejas”, añadió.
La pregunta que no tuvo respuesta oficial de Palacio fue si la reina está o no exenta de cumplir con esa Ley de Igualdad.
Traducido por Francisco de Zárate
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