Una filtración de documentos internos del Partido Comunista de China hecha pública el domingo ha desvelado el funcionamiento de una inmensa red de campos de internamiento en la que han sido detenidas al menos un millón de personas pertenecientes a la minoría musulmana del país.
Los Cables de China, una serie de documentos clasificados del Gobierno chino ofrecen por primera vez una imagen sobre la estructura, vida diaria y contexto ideológico de los centros de internamiento en el noroeste de la región de Xinjiang, una realidad que ha provocado una condena internacional inmediata.
Esos documentos, obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que a su vez los ha compartido con una red de 15 medios entre los que se encuentra The Guardian, han sido evaluados por expertos independientes que han ratificado su autenticidad. Las autoridades chinas dicen que los documentos son falsos.
En todo caso, los documentos confirman un cantidad cada vez mayor de pruebas que muestran que el Gobierno chino mantiene campos de detención secretos en los que los internos lo están contra su voluntad y en los que son sometidos a un proceso de “educación” ideológica con la intención de modificar su comportamiento.
Cuando se hicieron públicas las primeras denuncias sobre el internamiento masivo de personas sin juicio previo, las autoridades de Pekín negaron la existencia de dichos centros. La mayor parte de los detenidos, aunque no sólo, pertenece a la etnia Uigur.
Primero fueron fotos de satélites y luego llegaron los testimonios de personas que habían pasado por los campos y de sus familiares. El flujo de información era imparable y resultaba imposible ignorarlo. El Partido Comunista dijo entonces que los internos estaban allí de manera voluntaria y para “formación profesional”.
Los documentos ofrecen una confirmación bastante fiable por parte de la burocracia china sobre unos campos que han sido concebidos desde su inicio como centros de detención y lavado de cerebro para ser construidos después a gran escala con la intención de confinar personas según diversas clasificaciones de seguridad.
En la información desvelada se incluye, por ejemplo, una orden o “telegrama” de 2017 en la que se detalla la construcción y gestión de los campos. Firmada por Zhu Hailun, el máximo responsable del área de seguridad y segundo en la cadena de mando del Partido Comunista en Xinjiang, la orden marca las pautas de diseño de los centros con la intención de exponer a los detenidos a un periodo de adoctrinamiento forzado.
El documento dice lo siguiente:
- Los campos deben seguir un sistema estricto de total control mental y físico con varios niveles de encierro en dormitorios, corredores, plantas y edificios. Cada edificio debe estar rodeado por vallas. El recinto debe estar rodeado por un muro. Un puesto de policía se encargará de la puerta principal. Habrá guardias de seguridad en torres de vigilancia que vigilen todo el recinto.
- Los internos podrán serlo de manera indefinida. Deberán estar como mínimo un año en el campo antes de que pueda tenerse en cuenta una posible liberación al final del proceso.
- Los campos se gestionarán a través de un sistema de puntos. Los internos ganarán puntos por “transformación ideológica”, “adecuación a la disciplina” y “estudio y formación”.
- Incluso tras completar su “transformación educativa” no se permite que los internos sean puestos en libertad. Irán a otro sistema de campos en el que pasarán entre tres y seis meses más de “formación en habilidades laborales”.
- El único contacto permitido con el exterior serán llamadas telefónicas semanales y una llamada mensual por videoconferencia, pero pueden suspenderse como castigo.
- La prioridad es “evitar las fugas”. La orden exige que la videovigilancia sea continua y no permite la existencia de “puntos ciegos” con la intención de controlar cada momento de la vida diaria de los internos. El control de todos y cada uno de los aspectos de la vida diaria es tan completo que no sólo se asigna a los internos un lugar concreto para dormir o sentarse en las aulas. Se determina incluso su posición en la cola para recibir la comida.
Existen múltiples testimonios de personas que han pasado por esos campos y hablan de torturas, violaciones y abusos. En un gesto que pareciera mostrar alguna preocupación por las posibles consecuencias de los maltratos, la orden escrita de Zhu, el responsable del partido, pide a los empleados del sistema que “no permitan muertes anormales”.
Muchos de los detalles aportados por quienes han estado internos en esos campos coinciden y ofrecen una mirada al interior. Entre ellos, el hecho de que la condena mínima es, efectivamente, de 12 meses y existen distintos niveles de seguridad en su interior.
Parece que en un primer momento se pone el foco en la ideología y el idioma mandarín y que quienes lo superan pasan a un período de entre tres y seis meses en un campo de detención de segundo nivel, el de “formación profesional”.
Hay múltiples informes creíbles sobre la existencia de trabajos forzados en Xinjiang. También sobre que eso sucede dentro del sistema de campos gubernamentales. Algunos de los internos que completan el proceso de reeducación pueden ser forzados a trabajar en ese segundo nivel.
La orden también sugiere que personas que han sido detenidas permanecen bajo vigilancia incluso después de ser puestas en libertad. Empleados de los sistemas de seguridad locales y el poder judicial han explicado que “los estudiantes no deben salir del radar durante un año”.
Las autoridades chinas niegan que existan centros de detención y dicen que los “centros de formación profesional y motivacional” son parte de un esfuerzo que se concentra en terminar con el extremismo y el terrorismo.
En el año 2009 murieron casi 200 personas durante una serie de disturbios en la capital de Xinjiang, Urumqui. La mayoría pertenecía a la etnia china Han. Poco después, una serie de ataques terroristas en ciudades por toda la provincia dejó decenas de muertos. También se ha detectado a uigures luchando con organizaciones terroristas internacionales como ISIS en Irak.
El documento original del partido deja claro que a medida que aumentó el número de campos de internamiento, las autoridades comenzaron a preocuparse por el volumen de personas encarceladas y por el hecho de que cada vez más personas dentro de la jerarquía oficial china estuvieran al tanto de lo que sucedía.
El documento exige también un “secreto absoluto” y prohíbe totalmente las cámaras de todo tipo. A los empleados del sistema se les pide también que no agreguen la totalidad de los datos a su alcance para que nadie pueda estar al tanto de lo que sucede. La orden dice: “La política respecto al trabajo en los centros de formación profesional y motivacional debe ser firme y muy reactiva. Es necesario reforzar la percepción de secreto y fuerte disciplina política entre el personal”.
Además de lo relativo a los campos, en los documentos se recogen también cuatro “boletines” que nos ofrecen una imagen desconocida previamente sobre la escala de la represión y red de vigilancia digital que los alimenta. Esos boletines son documentos enviados para poner al día a diversas autoridades y darles directrices sobre el uso de la Plataforma de Operaciones Conjuntas Integradas (IJOP), el centro del sistema de vigilancia.
Explican cómo en una sola semana, en junio de 2017, el sistema dio alerta sobre más de 24.000 “personas sospechosas” en sólo cuatro distritos al sur de la provincia de Xinjiang. Dos tercios de esas personas fueron detenidas. Más 15.000 terminaron en campos de reeducación y 706 en la cárcel. Otras 2.096 personas fueron puestas bajo vigilancia y 5.508 fueron declaradas “no aptas para detención temporal” lo que sugiere que se las señalaba como futuras internas de los campos.
Uno de los boletines debate sobre la vigilancia de 1,9 millones de usuarios de una determinada aplicación para compartir archivos en la provincia de Xinjiang. Más de 40.000 de sus usuarios acabaron engrosando las listas de sospechosos o etiquetados como potencialmente “dañinos”. Otro de los documentos es la transcripción en idioma uigur de un juicio que no ha sido clasificado como secreto, lo que supone una anomalía en una zona del país donde la cultura de secretismo implica que los archivos judiciales casi nunca sean públicos.
El conjunto de los documentos muestra desde dentro la construcción y funcionamiento de una campaña gubernamental de amplio alcance que ha desembocado en el mayor internamiento de una minoría étnico-religiosa, la uigur, desde la Segunda Guerra Mundial.
Las autoridades chinas han separado familias, adoptado medidas para la supresión de la cultura e idioma uigures, arrasado lugares depositarios de su memoria cultural e histórica y han criticado la más leve expresión de la identidad musulmana, gestionando hasta el más mínimo detalle –desde la longitud de las barbas masculinas hasta los nombres de los recién nacidos–.
Los activistas dicen que la campaña trata, aparentemente, de eliminar la historia, sociedad, cultura e identidad religiosa del pueblo Uigur. Adrian Zenz, uno de los principales investigadores sobre los campos de internamiento de Xinjiang desde su puesto en una fundación para el estudio de las víctimas del comunismo, cree que “el objetivo [de la red de campos] era adoctrinar y modificar al conjunto de la población canalizándolos a través de este sistema concreto”.
Zenz, que ha revisado la documentación, la ha descrito como “una confirmación de mucha importancia” de la naturaleza del sistema. “[El Gobierno chino] no ha sido honesto a la hora de explicar que esas personas no están allí de manera voluntaria. Están obligadas a estar allí”.
La orden sobre los campos y los boletines de seguridad están clasificados como secretos, es decir, tienen una nivel de clasificación intermedia dentro del rango de tres niveles con el que China organiza su información. Varios expertos han verificado las expresiones, el formato y los contenidos para asegurarse de que son reales.
“Los documentos clasificados chinos tienen una estructura muy particular. Y estos documentos se adhieren al 100% a los modelos de documentos clasificados que he visto antes”, explica James Mulvenon, experto en verificación de documentos oficiales chinos que trabaja como director de inteligencia de SOS International. “Desde el punto de vista de mi experiencia profesional son auténticos”, añade. Mulvenon destaca que su clasificación como ji mi –secreto– significa que van más allá de lo rutinario. “Son documentos clasificados importantes”.
La embajada de China en Londres ha publicado un comunicado en el que dice que “los conocidos como documentos filtrados son falsos, noticias falsas. No existen documentos ni órdenes como esas para los llamados 'campos de detención'. Los centros de formación profesional y motivacional han sido abiertos para prevenir el terrorismo”.
El comunicado dice también señala que “quienes reciben formación pueden ir a casa de manera periódica” para cuidar de sus hijos y que “la libertad religiosa se respeta totalmente en Xinjiang”. El comunicado completo puede leerse aquí.
Bethany Allen-Ebrahimian contribuyó en la elaboración de este texto.
Traducido por Alberto Arce