China quiere acabar con la sociedad civil con torturas y leyes contra las ONG
La situación de los derechos humanos en China se deterioró todavía más el año pasado. Sistemáticamente, la policía torturó a activistas. Los críticos contra el Gobierno fueron víctimas de desapariciones mientras que la televisión estatal continuó con sus emisiones de confesiones forzadas, según un informe reciente.
Un creciente estado de seguridad también ha convertido en permanentes gran parte de sus actuaciones, dando a la policía autoridad legal para criminalizar a una serie de ONG consideradas políticamente relevantes por las autoridades, según un informe realizado por la Red de Defensores de los Derechos Humanos en China (CHRD por sus siglas en inglés).
“Parece que el Gobierno chino está intentando eliminar a la sociedad civil a través de una combinación de nuevas legislaciones que restringen la financiación y operaciones sobre las ONG, y la criminalización de las actividades pro derechos humanos calificándolas de amenaza contra la seguridad nacional”, explica a the Guardian Frances Eve, investigador de CHRD.
“Lo que destaca es un uso casi generalizado de la tortura para forzar a los activistas a confesar que su trabajo legítimo y pacífico por los derechos humanos es de alguna manera un delito”, apunta.
Desde que se hizo con el poder en 2012, Xi Jinping ha supervisado una intensa represión sobre la sociedad civil. En 2015, la policía tuvo como objetivo a casi 250 activistas y abogados pro derechos humanos en lo que algunos han tildado de “guerra contra la ley”. Los efectos de esta campaña siguieron presentes a lo largo de todo el año pasado.
Las denuncias por tortura durante las detenciones durante 2016 fueron crecientes. Los métodos que se utilizaron fueron palizas, ataques por parte de otros internos cumpliendo órdenes de los guardias de prisiones, posturas de estrés, privación de comida, agua y sueño, así como condiciones inhumanas y privación también de tratamientos médicos. En algunos casos, a los activistas se les impidió recibir cuidados médicos incluso después de ser liberados.
Sin derecho a cuidados médicos
Huang Yan, que fue detenida en noviembre de 2015, padecía cáncer de ovario y diabetes. La policía le confiscó su medicación para la diabetes, y a pesar de que un examen que se le hizo en un centro de detención en abril de 2016 mostraba que el cáncer se había expandido, no fue tratada y se le negó la libertad condicional por razones médicas.
Cuando finalmente fue liberada, Huang fue citada para someterse a una intervención médica a finales del mes de noviembre para tratar su cáncer, pero las autoridades presionaron al hospital y el equipo de cirujanos se negó a intervenirla.
También hubo métodos de tortura más evidentes. El año pasado vieron la luz informes que aseguraban que el abogado pro derechos humanos Xie Yang recibió palizas y fue sometido a posturas de estrés durante su detención. Durante los interrogatorios le advirtieron: “Te torturaremos hasta la muerte como a una hormiga”.
En el mes de noviembre de 2016, Jiang Tianyong, un respetado abogado cristiano, desapareció cuando estaba a punto de subir a un tren y la policía tardó semanas en confirmar que había sido detenido. Tres meses después, el paradero de Jiang sigue siendo un misterio. En un poco habitual y contundente comunicado, la UE pidió su inmediata liberación junto con la de otros abogados.
China también ha continuado con la práctica de emitir confesiones en la televisión estatal, una estrategia que recuerda a las purgas políticas internas del Partido Comunista.
En uno de los casos más destacados, un trabajador de una ONG sueca, Peter Dahlin, fue exhibido en el canal nacional después de pasar tres semanas detenido. “He violado la legislación china con mis actividades. He causado daño al gobierno chino. He herido los sentimientos de los ciudadanos chinos”.
Las confesiones se retransmitieron antes incluso de que los detenidos pasasen por los tribunales y, en el caso de Dahlin, fue rápidamente deportado.
En cuanto a los activistas que van a juicio, el año pasado en al menos 15 casos la policía intentó presionarles para que aceptasen a abogados designados por el gobierno. En los casos en los que abogados designados por el gobierno representaron a activistas pro derechos humanos, la defensa fue muy limitada y los acusados se declararon culpables y prometieron no presentar apelaciones.
El informe también resume las dos leyes aprobadas en 2016 con la probable intención de presionar a la sociedad civil: una norma que regula las donaciones benéficas y una ley sobre ONG extranjeras. La ley sobre donaciones, aunque explícitamente no exige que se registren como una entidad gubernamental, hace complicado que las organizaciones no registradas de ese modo consigan recaudar fondos dentro del país.
Las regulaciones para las ONG extranjeras exigen que los grupos de fuera del país que dan dinero a organizaciones chinas se registren ante la policía.
“Juntas, estas leyes entorpecen el desarrollo de la sociedad civil china al restringir su financiación”, asegura el informe del grupo Defensores de los Derechos Humanos en China. “No hay más zonas grises”, asegura un activista de forma anónima. “Defender los derechos humanos en China hoy significa estar dispuesto a aceptar la realidad de que el gobierno ve tu trabajo como algo ilegal”.
