La CIA no encuentra pruebas de terrorismo en las ONG perseguidas por Israel

Un informe clasificado de la CIA muestra que la agencia no ha podido encontrar ninguna prueba para apoyar la decisión de Israel de calificar a seis destacadas ONG palestinas como “organizaciones terroristas”. 

En octubre de 2021 Israel designó como grupos terroristas a las ONG Addameer (asistencia legal a presos palestinos), Al-Haq (una de las organizaciones más antiguas del mundo árabe dedicada a documentar violaciones del Estado de derecho), Defense for Children International–Palestine, Bisan Center for Research and Development (apoyo a comunidades pobres), Union of Agricultural Work Committees y Union of Palestinian Women's Committees.

Israel sostiene que las organizaciones son en realidad tapaderas del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un partido político de izquierda que tiene una rama paramilitar. 

Este año, Israel había pasado a EEUU informes de inteligencia sobre esta decisión, pero una evaluación del material llevada a cabo por la CIA no ha encontrado ninguna evidencia para apoyar la afirmación, según dos fuentes familiares con el caso. 

El informe de la CIA “no dice que los grupos sean culpables de nada”, señala una de las fuentes. La evaluación era altamente clasificada, sostiene una segunda fuente.

Muchos estados, entre ellos aliados de Israel, han rechazado la designación de organización terrorista por carecer de fundamento. Públicamente, Estados Unidos no criticó ni cuestionó la decisión, pero tampoco colocó a las organizaciones en su lista de grupos terroristas. 

A la luz de la evaluación de la CIA, “Estados Unidos claramente debe pedir a Israel que revierta las designaciones y que permita a estas organizaciones continuar con su trabajo vital”, dice Omar Shakir, director de Human Rights Watch para Israel/Palestina. 

“La posición hacia las organizaciones de derechos humanos palestinas subraya un fracaso mucho mayor en las políticas del Gobierno de Estados Unidos en relación a Israel y Palestina y pone Estados Unidos en un lugar absolutamente desfasado respecto del consenso acerca del movimiento de los derechos humanos”, añade Shakir. 

Desde que anunció la designación, Israel continuó con sus esfuerzos para evitar que las seis ONG siguieran con su trabajo. El pasado jueves, el ejército israelí hizo una redada en las oficinas de los seis grupos en Cisjordania, confiscando propiedades, sellando las puertas de los despachos y colocando notas oficiales que declaraban la clausura de sus actividades. 

Tras las redadas, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos había analizado las evidencias de Israel para la acusación de terrorismo. “Lo que pasó el año pasado fue que el Gobierno de Israel designó a estas organizaciones”, dijo. “Nosotros no completamos ninguna designación, ni cambiamos nuestra posición hacia estas organizaciones”. 

Price se negó a comentar el informe y derivó a The Guardian a la CIA. La agencia no ha respondió a las preguntas del diario británico. 

La evaluación clasificada refleja los descubrimientos de Gobiernos europeos que también recibieron expedientes son supuestas pruebas por parte de Israel. El mes pasado, en una declaración conjunta, nueve Estados miembro de la Unión Europea afirmaron: “No se recibió ninguna información sustancial por parte de Israel que justificara revisar nuestras políticas hacia las seis ONG palestinas”. 

La designación, según analistas políticos, buscaba en parte reducir los flujos de financiación europea hacia las ONG palestinas, pero la táctica resultó ser un fracaso. 

Críticas desde EEUU

Según Lara Friedman, presidenta de la Foundation for Middle East Peace, la postura pública de Estados Unidos es ambigua.  “A muchos nos habría gustado ver una refutación afirmativa de las designaciones”, dice. “No hicieron eso. Pero esta Administración [la de Biden] no ha hecho nada que sugiera que consideran a estas organizaciones como grupos terroristas”. 

Sin embargo, Friedman añade que “la Administración de Estados Unidos tuvo 10 meses para convencer a Israel” a revertir la decisión, “pero en cambio, esto ahora es una ley israelí”. 

Un puñado de legisladores estadounidenses han criticado públicamente las designaciones de terrorismo de Israel. El mes pasado, la congresista Ayanna Pressley y otros 21 demócratas enviaron una carta a Antony Blinken, el secretario de Estado, y a Avril Haines, directora de inteligencia nacional, instando al Gobierno de Estados Unidos a confrontar al Gobierno de Israel. 

Los legisladores escribieron: “La supuesta falta de pruebas para apoyar esta decisión plantea la preocupación de que se trate de una medida profundamente represiva, diseñada para criminalizar y silenciar a organizaciones de derechos humanos prominentes y esenciales de Palestina”. 

Según una fuente del Gobierno estadounidense, Blinken evitó el asunto de las designaciones desde que Israel las anunció. “El propio secretario dijo, básicamente: esto es algo en lo que no queremos meternos”, dice la fuente. “La mayoría de las cartas al secretario no llegan a sus manos completas y textuales”, añadió. 

Más allá de los esfuerzos públicos de los legisladores para tratar el asunto, ha habido impugnaciones privadas de las designaciones israelíes. El año pasado, una delegación israelí ofreció un expediente similar y una sesión informativa a miembros del Congreso. En el expediente, al que tuvo acceso The Guardian, se repiten acusaciones de que los grupos son “tapaderas” del FPLP. 

Pero en la sesión informativa hubo consternación acerca de la calidad de las pruebas del expediente, dijo una fuente del Congreso.  Entre los escépticos se encontraba el congresista demócrata de Florida Ted Deutch, quien se describió como un “defensor apasionado de Israel”. 

Después de recibir el expediente, dijo la fuente, Deutch le dijo a la delegación israelí que las pruebas eran insuficientes. La oficina de Deutch no respondió a la solicitud de The Guardian para hablar con él.

Traducción de Patricio Orellana