Purdue Pharma, la empresa que fabrica Oxycotin, un polémico analgésico disponible solo con receta médica, se ha declarado en quiebra ante un juzgado federal de Estados Unidos. La decisión forma parte de un proyecto de acuerdo que establece que la empresa dará unos 10.000 millones de dólares en indemnizaciones para evitar ir a los tribunales en la avalancha de demandas presentadas por ciudades, condados y Estados que acusan a Purdue de ser responsable de la mortífera crisis de opiáceos que afecta al país.
Ahora, un grupo de Estados liderado por Massachusetts, Nueva York y Connecticut se oponen a una salida pactada y quieren llevar a la empresa a juicio, con el objetivo de lograr una indemnización más alta. Alegan que buscan una mayor medida de justicia, con una serie de actos encaminados a que tanto la entidad como los miembros de la familia Sackler, sus propietarios, respondan con parte de su patrimonio.
¿Pero qué implica el proceso iniciado por la empresa para declarar la bancarrota? ¿En qué casos sigue implicada Purdue y quién más está involucrado? Y, lo que reviste mayor importancia, ¿qué significa todo esto en el contexto de una crisis de salud pública ocasionada por los opiáceos? Según el Gobierno de EEUU, la crisis de opiáceos mata al menos a 130 personas al día, víctimas de sobredosis, en un recuento final que podría llegar a 400.000 víctimas entre 1999 y 2017.
¿Qué es Purdue Pharma? ¿Qué es un opiáceo?
Purdue Pharma es una empresa farmacéutica privada con sede en Stanford, Connecticut, que vende analgésicos narcóticos con el nombre comercial Oxycotin, lanzado en 1996. El producto, que marcó la diferencia en su día, ofrece una fórmula que libera de manera controlada un ingrediente activo: la oxicodona, extraída de la adormidera (la planta del opio). Es mucho más potente que otros opiáceos de la misma familia, como la heroína y la morfina. Los opiáceos son sustancias naturales o sintéticas derivadas del opio que actúan bloqueando el dolor.
¿Supone este problema el fin de Purdue?
No. La empresa ha presentado una petición ante la justicia federal de EEUU para que permita una quiebra controlada en un momento de debilidad, una medida para protegerse de deudas y responsabilidades mientras organiza una reestructuración de emergencia. El proceso se conoce en EEUU como Capítulo 11, 'Protección ante quiebra', y está recogido en las leyes federales. Es habitual que empresas que atraviesan momentos difíciles recurran a esta posibilidad para continuar operando blindados ante sus deudores, lo que permite un proceso de negociación con las entidades financieras y los sindicatos con el objetivo de salir a flote.
El movimiento realizado por Purdue tiene un elemento novedoso. Pretende que la justicia proteja la empresa de la gran cantidad de demandas que enfrenta, mientras se reorganiza en el contexto de un acuerdo. Su objetivo es convertirse en una organización sin ánimo de lucro –de tamaño mucho menor que el actual– y que sus futuras ventas financien el acuerdo al que espera llegar con los demandantes.
¿Quiénes son los demandantes?
Son unas 2.000 ciudades, condados y tribus nativas de EEUU. Sus demandas están agrupándose en una sola e inmensa causa civil en un juzgado federal de Cleveland, Ohio. Los abogados que representan a los demandantes han acordado, de momento, aceptar la quiebra y un acuerdo con la intención de cobrar antes – una decisión con perspectiva de “más vale pájaro en mano que ciento volando”–. Unos 26 estados están presentando demandas por separado y se han mostrado de acuerdo con esa estrategia.
Sin embargo, otros estados se oponen con claridad al acuerdo y argumentan que la cantidad, por debajo de 5.000 millones de dólares, apenas alcanza para asumir el coste de la crisis de los opiáceos, que el Gobierno federal ha estimado en más de un billón de dólares desde 2001. Quienes se oponen también creen que es injusto que la empresa y sus propietarios, la familia Sackler, se salven. Gracias a la venta de Mundipharma, su filial británica, también acosada por problemas, la familia Sackler ya ha aportado unos 3.000 millones de dólares al acuerdo.
¿Por qué demandan?
En líneas generales, los demandantes acusan a Purdue Pharma de tácticas agresivas para elevar las ventas de Oxycontin en EEUU y hacerlo con pacientes que no necesitaban el medicamento. Se acusa a la empresa de minimizar el riesgo de adicción existente, tanto en consumo con prescripción médica como abusando de la sustancia. Alegan que Purdue Pharma manipuló a expertos, legisladores y entidades de control, al mismo tiempo que culpaban a las drogas ilegales y a quienes abusaban de la droga sin control médico de ser los verdaderos responsables de una epidemia letal de adicción.
¿Qué sucederá ahora?
El juez encargado de gestionar la bancarrota, con sede en el sur de Nueva York, oirá los argumentos de la empresa, que argumenta que su propuesta es un modo justo y eficiente de resolver las demandas presentadas, ahora que aún dispone de activos y puede asumir responsabilidades. Purdue Pharma lo presentará como un pago generoso, con el que se reembolsarán los gastos en salud pública que han incurrido los estados y las entidades locales. De ese modo evitaría reconocer malas prácticas o una disolución de la empresa.
La parte contraria cree que Purdue no debería ser protegida ni seguir vendiendo opiáceos para financiar un acuerdo que vislumbran enclenque, y que la voluntad expresada por la empresa de ayudar a las víctimas no es sincera. Estados como Massachusets dicen que Purdue ha desviado una cantidad importante de dinero y que aún en el caso de que se conceda la bancarrota, la empresa no estará protegida. Por supuesto, tampoco la familia Sackler, los propietarios, que no han presentado su propia bancarrota ante las demandas presentadas por los estados.
Será un juicio largo y complejo
Purdue Pharma ya ha sido demanda por varias personas en el pasado. Y no sólo individuos. El estado de Kentucky lo hizo contando con un testimonio abrumador, el de Richard Sackler, un expresidente de la empresa, que así evitó enfrentarse a juicio. Pero nunca a la escala de las demandas actuales por entidades públicas a lo largo de todo el país.
El primer indicador de lo que podría suceder con este proceso, de enormes dimensiones, resultará del juicio que comenzará en octubre en Cleveland. Ya se ha acelerado el proceso de negociación larvada sobre un acuerdo aceptable por las partes o los planes de quiebra. En ese juicio veremos a los ejecutivos de Purdue Pharma sometidos a interrogatorios que desvelarán información no conocida hasta el momento. Se arriesgan a ser juzgados con mucha dureza en muchos ámbitos, incluido el de sus responsabilidades económicas.
Purdue ya evitó un juicio que iba a ser seguido al detalle en Oklahoma en 2019, al aceptar un acuerdo por el que pagó 270 millones de dólares. Pero el caso federal en Ohio y sus réplicas por todo el país, que durarán años, se acercan sin remisión.
Otras empresas demandadas
Purdue Pharma no es la única empresa que afronta muchas de estas demandas. Otros fabricantes de analgésicos son acusados de estrategias de venta agresivas y engañosas, para incrementar los beneficios de sus respectivas versiones de la oxicodona o el fentanilo. Pero suelen ser acusadas, en realidad, de subirse al tren que arrastraba la locomotora de Purdue.
Ese grupo de empresas incluye a distribuidores acusados de repartir miles de millones de pastillas en localidades que no necesitaban ni una mínima parte de lo prescrito y de empujar a las cadenas de farmacias a ese proceso.
La lista incluye a fabricantes como Mallinckrodt, Endo, Allergan, Teva y Johnson & Johnson. También se nombran como distribuidoras a AmerisouceBergen, McKesson y Cardinal Health y se implica a las cadenas al por menor como Walmart, Walgreens, CVS y Rite Aid.
Johnson & Johnson perdió el caso de referencia en Oklahoma, en el que Purdue también figuraba como acusada pero había llegado a un acuerdo previo.
¿Quién es la familia Sackler?
Los demandados son ocho miembros relevantes de la familia Sackler y sus nombres aparecen en muchas de las demandas contra Purdue Pharma, propiedad de la familia. Richard, Beverly, Theresa, Kathy, Ilene, Mortimer, Jonathan y David Sackler fueron incluidos a posteriori en la causa, por lo que no enfrentarán juicio hasta el año que viene. Participan en la negociación del acuerdo y, como responsables desde hace años de la compañía, se les acusa de tácticas engañosas. Las estimaciones más conservadoras sobre sus activos alcanzan los 13.000 millones de dólares y lo que han hecho es donar grandes cantidades a entidades dedicadas al arte y la educación, aunque estas donaciones se empiezan a rechazar como gesto de protesta ante la indignación de los afectados por la crisis. Parecería que la familia Sackler trata de esconder parte de sus beneficios, según indican los documentos del tribunal.
Las acusaciones penales
Purdue Pharma ya se enfrentó a una demanda federal en 2007. Se declaró culpable ante el juez antes de llegar a juicio y fue multada con más de 600 millones de dólares por delitos relacionados con transmitir información incorrecta sobre su producto Oxycotin a los entes reguladores, a los médicos y a los pacientes. En aquel caso la familia Sackler se salvó.
Ahora los demandantes alegan que Purdue continuó con sus prácticas incorrectas bajo la dirección de la familia, pero que los casos civiles son el mejor instrumento para conseguir que las víctimas sean indemnizadas. Se ha hablado de investigaciones de carácter penal de bajo perfil, pero aún no ha salido nada a la luz.