El primer ministro británico, Boris Johnson, ha restado importancia al proyecto de ley de protocolo de Irlanda del Norte, afirmando que representa un “conjunto de ajustes relativamente triviales” a lo que ya estaba acordado con la Unión Europea. Sin embargo, los detalles de la legislación que el Gobierno británico presentó este lunes incluyen cuatro cambios clave en el funcionamiento actual del acuerdo.
El “canal verde” aduanero
El efecto del protocolo de Irlanda del Norte es la creación de una frontera aduanera en el Mar de Irlanda, en la que las mercancías exportadas desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte se someten a controles aunque se muevan dentro del mismo país y aunque no tengan como destino la República de Irlanda o cualquier otro lugar de la UE.
La empresa británica Marks & Spencer se ha quejado de que la burocracia ha añadido 24 horas al tiempo necesario para trasladar los productos alimentarios de Gran Bretaña a Irlanda del Norte, acortando su vida útil, a pesar de que algunos controles hayan sido mitigados por períodos de gracia extendidos.
El proyecto de ley cambiaría esta situación, creando un “canal verde” para las mercancías que salgan de Gran Bretaña y permanezcan en Irlanda del Norte. La ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, ha sugerido que se asegurará que las mercancías no entren en la UE con un sistema de “comerciantes de confianza” y el uso de datos en tiempo real sobre sus flujos. Sin embargo, los controles continuarán para las exportaciones que se dirijan más allá de Irlanda del Norte hacia la República de Irlanda, que tendrán que pasar por un “canal rojo”.
Doble sistema de regulación
Las empresas que pongan sus productos a la venta en Irlanda del Norte podrán elegir entre las normas del Reino Unido o las de la UE, aunque esas normas empiecen a diverger con el tiempo. Según el Gobierno, se trata de garantizar que los consumidores de Irlanda del Norte puedan seguir comprando productos con arreglo a las normas del Reino Unido si así lo deciden.
Cuando anunció su intención de publicar el proyecto de ley el mes pasado, Truss dijo que se trataba de un “sistema de regulación dual que engloba la normativa de la UE o del Reino Unido, según elijan esas empresas; y que refleja su condición única de tener una estrecha relación con la UE, al tiempo que forma parte del mercado único del Reino Unido”.
Es probable que las normas sobre productos sigan divergiendo con el tiempo: la UE ha empezado a trabajar para conseguir un cargador universal para los teléfonos móviles, por ejemplo, pero el Gobierno británico ha sugerido que es poco probable que siga su ejemplo.
Fiscalidad y ayudas estatales
Las normas fiscales de la UE impidieron recientemente al canciller, Rishi Sunak, aplicar una rebaja del IVA a los materiales de ahorro energético en Irlanda del Norte, mientras que las normas sobre ayudas estatales, que limitan las subvenciones a los contribuyentes, restringieron el uso de los préstamos de recuperación de COVID durante la pandemia.
Si el proyecto de ley se aprueba, permitiría a los ministros anular esas restricciones. Los rescates estatales en Irlanda del Norte se regirían por la legislación británica posterior al Brexit, la Ley de Control de Subvenciones de 2022, mientras que los ministros tendrían la facultad de fijar el IVA, los tipos de los impuestos especiales y las desgravaciones fiscales en Irlanda del Norte.
En la nota informativa publicada junto al proyecto de ley, el Gobierno afirma que la legislación “dará libertad a los ministros para adaptar o inaplicar las normas, de modo que los habitantes de Irlanda del Norte puedan beneficiarse de las mismas políticas que los del resto del Reino Unido”.
La exclusión del Tribunal de Justicia de la UE
El proyecto de ley pretende eliminar el papel del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en la resolución de disputas entre el Reino Unido y la UE sobre la interpretación del protocolo, tal y como han exigido los diputados conservadores euroescépticos del European Research Group.
En el documento titulado 'NI Protocol: the UK's Solution' (Protocolo sobre Irlanda del Norte: la solución del Reino Unido) que se publicó junto con el proyecto de ley, el Gobierno argumenta que existe “un déficit democrático, ya que las normas se elaboran e imponen a Irlanda del Norte sin el consentimiento democrático continuo”.
Según la legislación propuesta, el TJUE dejaría de arbitrar en las disputas sobre la aplicación del protocolo y estas se resolverían mediante mecanismos no especificados de “resolución ordinaria de conflictos internacionales”, con una participación “equilibrada” de ambas partes.
Cuestiones futuras
Aunque el proyecto de ley se centra en los aspectos del protocolo que el Gobierno ya considera problemáticos, también incluye la facultad de los ministros de anular otros elementos del mismo en el futuro, en caso de perturbación económica o política.
El Gobierno insiste en que esta cláusula (la 15) está redactada de forma restringida y pretende actuar a modo de seguro y no como el derecho a eliminar otras partes del acuerdo.
También se espera que se aclare que la cláusula no será aplicable a aspectos cruciales del régimen en Irlanda del Norte, incluida la zona común de viajes. Sin embargo, este apartado ha suscitado el temor de que el Gobierno se otorgue a sí mismo el derecho de ignorar el protocolo según los caprichos de las autoridades británicas.
Traducción de Javier Biosca