Basta con pronunciar la palabra España para que Downing Street entre en pánico. Según un documento de trabajo de las universidades de Oxford y Edimburgo, el mayor número de casos importados de la COVID-19 llegó al Reino Unido en marzo desde España. Los portadores del virus eran recibidos en el aeropuerto de Heathrow con los brazos abiertos. Mientras el resto de Europa cerraba sus fronteras, Boris Johnson seguía tranquilo. “La ciencia” le había dicho que la inmunidad de grupo cuidaría de Gran Bretaña. Además, al gobierno británico no le gusta nada molestar a Heathrow y al lobby de las aerolíneas.
Aunque a estas alturas eso pertenecía ya a la historia, el viernes pasado los ministros británicos entraron claramente en pánico ante la noticia de un rebrote en el número de “casos registrados” en España. Tiraron del freno de mano y ordenaron una cuarentena de dos semanas para todos los que regresaban del país. Asuntos Exteriores pensó que era un castigo innecesariamente duro para el aislado archipiélago balear, con poco riesgo de contagio, pero eso era un matiz demasiado sutil para Johnson.
La imagen que el gabinete ha dado durante toda la pandemia ha sido siempre la misma: un grupo de ministros y científicos aterrorizados en su búnker por los titulares y por reputaciones que estallan aquí y allá debido a datos poco fiables. Parecen no entender nada del mundo exterior, de las casas de acogida, de la marcha de los comercios, del sector hotelero o de la industria del ocio. Están fascinados por los cuestionados analistas del Imperial College y no quieren saber nada de diferencias regionales o locales. Sólo reconocen a un Dios y es el de las estadísticas.
Nada lo demuestra mejor que la forma en que los telediarios abusan todas las noches de los “datos” de la COVID-19. Como subraya a menudo David Spiegelhalter, estadístico de la Universidad de Cambridge, en esta etapa puede ser engañoso llevarse por tablas internacionales de clasificación y sería más útil medir el “exceso de muertes” sobre el promedio. Y es que el número de casos registrados varía en función del nivel de pruebas de cada país. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el viernes pasado España tenía 2.255 casos; Francia, 931; Italia, 252; Alemania, 781; Japón, 830; Rumania, 1.119; Bulgaria, 270; y Suecia, 234. Unas cifras que casi parecen aleatorias.
A principios de este mes, y mientras el gobierno británico seguía obsesionado con castigar al pobre Portugal (con 313 casos el último viernes), se supo que Barcelona estaba en un momento difícil. Aun así, la extraordinaria cifra de 2.255 casos en España es claramente sospechosa, sobre todo porque más de la mitad son “asintomáticos”. ¿No será que Cataluña se ha dedicado a hacer pruebas y rastreos con una intensidad comprensible? Lo cierto es que nadie parece saber la respuesta. El resto de España tenía unas cifras normales pero el gobierno británico no hace distinciones locales, así que en el saco entraron toda España y unos 1,8 millones de turistas británicos que sufrieron las consecuencias sin ni siquiera un día de aviso.
Esta pandemia está dejando tras de sí un reguero de datos poco fiables en todo el mundo. El problema es que esos datos se transforman en políticas de gigantescas consecuencias personales y económicas. Es cierto que las primeras medidas preventivas de España en pruebas y rastreo fueron insuficientes, pero su ministra de Asuntos Exteriores asegura la rigurosidad de las actuales.
Hay que mantenerse vigilantes mientras la pandemia siga provocando muertes pero eso no excluye aplicar el sentido común y honrar la confianza de los ciudadanos. En la mayor parte de Europa, las tasas de mortalidad se están acercando a su promedio estacional. No tiene sentido llenar de pasajeros a los aviones y a la vez poner en cuarentena los destinos turísticos; abrir los cines pero no los teatros; o dejar que se llenen los supermercados y no los estadios de cricket.
La ministra de Sanidad, Helen Whately, trató de explicar las caóticas medidas del fin de semana con relación a los turistas en España. La intención, dijo, fue tomar una decisión “clara, concluyente y firme”. En otras palabras, el principal atributo del gobierno de Johnson. No se trata de confiar en la gente sino de intimidarla.
Traducido por Francisco de Zárate